La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció ante la Procuraduría General de la República a los responsables de desviar recursos a través de la llamada Estafa Maestra.

El recurso fue presentado este 18 de septiembre en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.

La denuncia de MCCI se basa en información de la Auditoría Superior de la Federación y es en contra de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Universidad Autónoma del Estado de México y diversas empresas fantasma que resulten responsables.

TE PUEDE INTERESAR: 700 mdp en efectivo fueron saqueados de Sedatu y Sedesol entre 2014 y 2017

En un comunicado, MCCI recuerda que el desvío de recursos fue evidenciado en la investigación periodística La Estafa Maestra, realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción, con datos de los informes de la Auditoría Superior de la Federación publicados en 2013 y 2014.

En la denuncia, se indica que del reportaje se desprende que a través de un esquema indebido de contratación entre la Sedesol, la Sedatu y la UAEM, esta última subcontrató el 100% de las obligaciones y más del 90% de los recursos federales que se le asignaron para realizar diversos servicios.

Lo anterior se traduce en una flagrante transgresión a la ley, posiblemente realizado de común acuerdo entre las autoridades de la universidad y empresas particulares con el fin de obtener beneficios para sí o para terceros.

Además, se estima que autoridades tanto de la Sedesol como de la UAEM fueron omisas en la supervisión y revisión del cumplimiento de los diversos contratos; lo que permitió que se simularan los servicios y que las adquisiciones se subcontrataran a proveedores sin el perfil ni la capacitación para prestar los servicios comprometidos.

Los hechos delictivos fueron ejecutados a través de los siguientes programas: la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el Acompañamiento de jornaleros agrícolas; dentro de la administración de la Infraestructura de Misión Crítica; en el Programa de Pensión para Adultos Mayores en 2013 y en 2014, así como en su comprobación de supervivencia.

También hubo desvíos en las Ventanillas de Atención para Inclusión Financiera; en la comprobación de supervivencia de los beneficiarios de este programa; en el Padrón de Beneficiarios del Programa de Adultos Mayores; y en el desvío de 700 millones de pesos de la Sedatu, lo que fue señalado en una nota del periódico Reforma el pasado 11 de septiembre.

“Las investigaciones contienen suficientes elementos de prueba para solicitar que se abra una carpeta de investigación relacionada con los convenios celebrados entre diversas entidades y universidades públicas mediante la subcontratación de empresas privadas, algunas de ellas catalogadas como fantasma por el Sistema de Administración Tributaria”, se lee en el comunicado.

Además, MCCI aclara que, con la denuncia, se busca que las instancias de procuración e impartición de justicia actúen no con base en propósitos políticos, sino con base en los principios que subyacen a la creación de una Fiscalía autónoma e independiente y en la aspiración constitucional de contar con una justicia pronta y expedita.

“No corresponde ni al Presidente Constitucional ni al Presidente Electo decidir a quién investigar y sancionar y a quién no. Nuestro mensaje es claro, para este y para otros casos: no a la impunidad, no a los pactos de impunidad y no a la “politización” de la justicia que es la negación de la justicia”, dicen en referencia a las declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien el 16 de septiembre declaró que Rosario Robles es un chivo expiatorio y las investigaciones periodísticas son un circo.