Con 433 a favor, nueve en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en la cual se establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República.

El dictamen avalado proviene de una minuta con vencimiento de plazo que fue remitida por el Senado de la República desde el 8 de noviembre de 2011.

Por el tiempo que ha pasado desde que se aprobó en la Cámara Alta, se presentaron varias reservas y una moción suspensiva presentada por la diputada Claudia Pastor Badilla, del PRI, en la cual se señala que la minuta requiere ser revisada a profundidad y actualizada para evitar errores.

En la moción —recurso que se usa para pedir que se retire la votación de un dictamen— se señala que si bien los legisladores están a favor de regular las remuneraciones de los servidores públicos, al ser un marco jurídico de 2011, su contenido debe ser actualizado.

Se indica que la minuta violenta el principio de progresividad pues no cumple con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, los cuáles fueron incluidos en la Constitución en 2011.

También advierte que no se prevé la inclusión de los últimos sujetos constitucionales creados, entre ellos la COFECE, el INEE, el IFT y la Fiscalía General; tampoco incluye a las empresas productivas del Estado como Pemex ni a la CFE, ni a los órganos reguladores coordinadores de energía.

La diputada asegura que la minuta ha perdido vigencia, pues el Congreso de la Unión ha realizado reformas en las últimas legislaturas en materia anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas así como en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

No contempla la existencia del Sistema Nacional Anticorrupción, hace referencia a términos como Distrito Federal, que ahora se llama Ciudad de México, y “salario mínimo”, que ahora es la “unidad de medida y actualización”; además, no prevé los servicios profesionales establecidos en la administración pública federal.

En las reservas, además se señaló que no contempla en su redacción elementos de inclusión de género.

El contenido de la minuta

Lo que sí se prevé en la ley aprobada es que ningún servidor público podrá recibir una remuneración por el desempeño de su función, mayor a la establecida para el presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

También establece el que ningún servidor público puede ganar lo mismo o más que su superior jerárquico, salvo que desempeñe varios puestos y tenga un dictamen de compatibilidad para hacerlo; también se podría ganar más que el presidente si así lo señala el contrato colectivo, o si el funcionario realiza un trabajo técnico calificado o de alta especialización.

Para efectos de la ley se entiende como servidor público de la federación a toda persona que de manera temporal o permanente desempeña una función empleo cargo o comisión en los órganos unidades y demás áreas con las que cuentan: el poder legislativo; el poder judicial de la federación; los tribunales administrativos y la Procuraduría General de la República.

También los que trabajen en la presidencia; en las dependencias federales; los entes públicos incluidos los que tienen autonomía; los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal y aquellos entes no sujetos al régimen paraestatal siempre y cuando su pago dependen del presupuesto federal.

También se señala que la remuneración de los servidores públicos se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Se indica que las remuneraciones y los tabuladores de pago son públicos por lo que no pueden clasificarse como información reservada o confidencial y los tabuladores deberán especificar la totalidad de los elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.