Un grupo de empresas mexicanas y extranjeras se dedicó a especular con la crisis alimentaria en Venezuela obteniendo subsidios de ese país para obtener alimentos en México y otros países y enviar despensas a la población, las cuales eran vendidas al doble de su precio real, dio a conocer la PGR.

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en contra de diversas personas físicas y morales dedicadas a la venta de alimentos básicos y servicios de logística, al advertirse operaciones inusuales en su administración.

La denuncia derivó en una carpeta de investigación en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, informó Israel Lira Salas, Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.

El gobierno de Venezuela creó el 3 de abril de 2016 los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS) para distribuir, entre la población afiliada a éstos, despensas de alimentos a precios subsidiados.

Con este programa, “una red de empresas y personas físicas, tanto nacionales como extranjeras, han obtenido recursos públicos venezolanos provenientes de un programa gubernamental”, dijo Lira Salas en un mensaje a medios.

Las compañías —mexicanas y extranjeras— “han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios, para, en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos”, gracias a tres mecanismos: adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobre precio y revenderlos en un valor 112% mayor al costo real.

Al descubrir esto, las autoridades acordaron reparar el daño causado por las personas y empresas mediante dos aspectos:

Quienes fueron encontrados culpables deberán entregar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 3 millones de dólares, equivalente a unos 56 millones de pesos, que serán destinados a atender el mandato de la ACNUR en América Latina y el Caribe.

Además, los culpables se comprometieron a no efectuar, por sí o por interpósita persona, ningún acto comercial con el gobierno de Venezuela o terceros, que operen o se encuentren relacionados con el envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas en aquel país, con motivo del programa CLAPS.