Para Epifanio Álvarez, este 26 de septiembre no es igual al de años pasados: para el padre de Jorge —uno de los normalistas desaparecidos en 2014— es el primer día en mucho tiempo que vuelve a tener esperanza.

Ya pasaron cuatro años desde la llamada noche de Iguala, cuando los tres camiones en los que viajaban un grupo de estudiantes normalistas fue atacado por policías municipales. Ya pasaron cuatro años y ni su familia ni sus compañeros los olvidan.

Epifanio acudió este miércoles al Museo de Memoria y Tolerancia para reunirse con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y durante más de dos horas, no soltó la foto de su hijo Jorge, quien desapareció el 26 de septiembre junto con 42 compañeros de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.

“Es el primer día en todos estos cuatro años que los padres nos sentimos con esa esperanza, es el primer día que un gobierno nos dice: ‘sí, les vamos a ayudar, sí vamos a saber a la verdad’. Es el primer día y por eso estamos contentos, estamos con el corazón lleno de esperanza”, señaló don Epifanio con la voz firme durante la conferencia de prensa conjunta que dieron los padres de los normalistas y Andrés Manuel López Obrador.

Previo a la reunión, hubo pases de lista de los que desaparecidos y retumbaron consignas de contingentes de otros jóvenes normalistas. Al Museo, en el centro de la Ciudad de México, llegaron Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación; Vidulfo Rosales, abogado de los padres, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González. Primero se reunieron a puerta cerrada con los padres. Adentro el diálogo y afuera los gritos.

"Él (AMLO) pidió la reunión con nosotros, nosotros siempre hemos tenido que tocar puertas con el gobierno actual y siempre hemos tenido que presionar para entrar”, cuenta María Elena Galindes a mexico.com mientras sostiene una foto de su hijo Giovani, quien tenía 20 años en septiembre de 2014.

Y María Luisa no miente. Los padres de los normalistas no han dejado de tocar, no han dejado de marchar, no han dejado de buscar, no han parado de clamar justicia; aunque para el actual gobierno parece que todo está muy claro.

En la campaña de su sexto Informe de Gobierno, el presidente, Enrique Peña Nieto, afirmó que aunque es “lamentable”, para él, los jóvenes desaparecidos hace cuatro años fueron asesinados, tal y como lo señala la llamada “verdad histórica” de la PGR. Una verdad que fue destrozada por las investigaciones que le siguieron.

Debido a la gravedad de los hechos, la PGR atrajo el caso. El entonces procurador, Jesús Murillo Karam, difundió semanas después la versión de que los jóvenes habían sido entregados a un grupo criminal por parte de los policías y que habían sido cremados en un basurero del municipio guerrerense de Cocula.

Por la falta de pruebas y evidencias científicas, los padres de los 43 normalistas desaparecidos rechazaron rotundamente la versión de la PGR y pidieron la intervención de organismos internacionales y autónomos para la investigación. Fue entonces cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos designó a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Los expertos exhibieron las contradicciones graves en la investigación de la Procuraduría, que Tomás Zerón, exdirector en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, había manipulado pruebas durante el levantamiento de la investigación en el río San Juan de Cocula y denunciaron los bloqueos desde el gobierno federal para no interrogar a elementos del Ejército.

Alejandro Encinas, quien será el encargado de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, descartó la posibilidad de que las autoridades federales encargadas de investigar la desaparición continúen involucradas en la indagatoria del gobierno entrante.

“No estarán en la Comisión. Pueden tener la plena certeza de eso”, aseguró Encinas.

Sobre el caso específico de Tomás Zerón, el próximo subsecretario señaló que “habrá que ver” las evidencias. “No es cacería de brujas (...) vamos a impartir justicia”, agregó.

En la reunión privada participaron los padres de los 43 normalistas, López Obrador, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Alejandro Encinas, y el director del Centro Prodh, Mario Patrón.

Se llegó a tres acuerdos: crear una Comisión de la Verdad para esclarecer; emitir un decreto en el primer día del mandato de AMLO, en caso de no haberse creado para entonces, y que en la comisión investigadora participen el Mecanismo de Seguimiento de Derechos Humanos, la ONU y el GIEI.


Es una puerta que se nos abre. El señor es muy noble, el señor es muy sencillo, el señor no es ajeno al dolor y, claro, está dispuesto a cooperar con nosotros.

María Elena Guerrero / Madre de Giovani Galindes, normalista desaparecido.

Cuando María Elena dio a conocer los acuerdos de la reunión ante medios, lo hizo en medio de una leve sonrisa. Asegura que la entrada del nuevo gobierno es una nueva puerta para los familiares de los desaparecidos; el gobierno de Peña Nieto “no hizo nada, no hizo bien su trabajo”.