La sociedad civil le ganó un round a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues consiguió que el Ministro Alberto Pérez Dayán retirara el 17 de octubre pasado un proyecto de Amparo Directo que consideraba que no hay discriminación en no darle seguridad social a los trabajadores domésticos.

El Proyecto de Amparo Directo 9/2018 resolvía la impugnación a una sentencia en la que se absolvía a dos personas de pagar una empleada doméstica la indemnización constitucional, los salarios caídos y el resto de las prestaciones que reclamaba a sus exempleadoras.

El proyecto expresaba “que los empleados domésticos se distinguen intrínsecamente de los demás trabajadores, ya que la naturaleza y especificidades de su labor es de carácter especial”, lo cual está señalado en la Ley Federal del Trabajo.

También señalaba que la Ley Federal del Trabajo prevé un régimen voluntario de afiliación a la seguridad social, bajo el cual pueden ser inscritos los trabajadores domésticos; según el proyecto, por la existencia de ese régimen, no hay discriminación contra este sector si no se les afilia al Instituto Mexicano del Seguro Social y daba por inválida la fecha de inicio de labores de la trabajadora doméstica, quien comenzó a trabajar con quienes eran sus patrones en enero de 1960, pero al renunciar firmó un documento en el que se asienta que entró a trabajar en 2011.

Debido a que el proyecto fue retirado antes de su discusión, es probable que el mismo ministro realice una nueva versión, para lo cual no hay un plazo definido, confirmaron fuentes de la Corte.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta 2017, alrededor de dos millones 480 mil personas en México se dedican a ser empleadas del hogar, pero solamente una de cada 100 contaba con algún tipo de contrato escrito. Liliana es del grupo de las 99 que no tienen ese respaldo y 3 de cada 10 empleados no cuenta con prestaciones de acceso a instituciones de salud.

De las trabajadoras remuneradas, el 87.7% no cuenta con prestaciones laborales, tales como aguinaldo, vacaciones, seguro médico o social.

La CNDH y Nosotrxs pidieron revertir el proyecto

El Proyecto de Amparo Directo generó reacciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual envió un documento a la SCJN solicitando que se emita una resolución más benéfica a la protección de los derechos humanos involucrados.

La Comisión señaló que la cobertura voluntaria para el acceso efectivo a la seguridad social es una de las muchas barreras que enfrentan las y los trabajadores domésticos en México porque es difícil convencer a la parte patronal de inscribirse en el Seguro Social, lo que impide el verdadero disfrute de ese derecho. El actual régimen de seguridad social no contribuye a disminuir las desigualdades ni garantiza el acceso efectivo de este sector poblacional tan vulnerable y sus familias a las prestaciones que brinda el seguro social obligatorio.

La agrupación civil Nosotrxs envío una carta CUÁNDO a la SCJN, firmada por académicos y activistas, en la que señala que el proyecto “evidencia una vez más la discriminación estructural de la que son objeto los trabajadores del hogar”, conformado en su mayoría por mujeres de escasos recursos.

El proyecto “legitima un trato asimétrico en materia de seguridad social argumentando que el tipo de labor que realiza este grupo de trabajadoras es de carácter especial y que por ello deben negárseles los derechos sociales de los que son titulares el resto de personas trabajadoras formales”, señaló Nosotrxs.

En su escrito, Nosotrxs hizo un llamado al Estado mexicano a revertir las prácticas discriminatorias que atentan contra los derechos fundamentales de los trabajadores del hogar.