A los funcionarios de la agencia de protección del medioambiente les basta el gruñido de una motosierra y el aullido de un motor de un tractor para saber el camino que deben seguir en la selva. En el claro al final del camino, tres jóvenes leñadores silencian sus máquinas y les muestran la documentación. Explican que cobran en efectivo casi cuatro veces el salario mínimo mensual brasileño, unos 5 mil 500 pesos. Todos los días tienen llenar dos camiones con enormes troncos de madera dura.

Estos jóvenes, como la mayoría de los habitantes del estado de Rondônia, en la frontera occidental de Brasil y en plena Amazonia, tienen muy claro a quién votarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo. “Votaremos a Bolsonaro porque él nos apoya”, explica Edivaldo da Silva, de 22 años.

Los sondeos evidencian que Jair Bolsonaro, de extrema derecha y excapitán del Ejército, tiene un 78% de apoyo en Rondônia, y podría fulminar a su rival de izquierdas Fernando Haddad. Al referirse a la selva amazónica, Bolsonaro ha prometido priorizar el progreso en detrimento de la protección del medioambiente.

Sus promesas radicales, como la de dejar sin efecto las agencias federales de protección medioambiental, dar luz verde para destruir las presas hidroeléctricas, frenar la demarcación de nuevas reservas indígenas y dejar que en las actuales se puedan llevar a cabo actividades de minería, están en sintonía con las ideas de los votantes de esta parte del país, entre ellos, los que vulneran la legislación medioambiental.

En declaraciones a The Guardian, un grupo de madereros, mineros ilegales y los ocupantes ilegales de una reserva protegida afirman que votarán a Bolsonaro porque creen que les hará la vida más fácil.

Los protectores del medio ambiente sostienen que los planes de Bolsonaro serán desastrosos para la Amazonia y 33 organizaciones no gubernamentales han advertido que sus propuestas representan “riesgos concretos e irreversibles” para los bosques de Brasil, la biodiversidad e incluso la reputación de la agroindustria del país.

Los aliados de Bolsonaro han restado importancia a esas preocupaciones. El que será su jefe de gabinete si gana las elecciones y el candidato de su partido a gobernador de Rondônia han criticado la “injerencia” extranjera en la Amazonia. En declaraciones a The Guardian también han manifestado que cuestionan los estudios científicos sobre el cambio climático.

En esta región, son muchos los que comparten su opinión. Los pequeños comerciantes afirman que se les multa injustamente por vulnerar las leyes medioambientales y afirman que la responsabilidad por el cambio climático debe recaer sobre toda la comunidad internacional.

En el caso de los tres cortadores de madera sorprendidos por los funcionarios, les muestran documentación que, según ellos, demuestra que su trabajo está autorizado por un proyecto que permite la tala “sostenible” de árboles.

Sin embargo, los funcionarios constatan más tarde que esa documentación hace referencia a otra porción de tierra, situada a unos 400 metros de distancia. De hecho, la zona donde están trabajando está protegida y es una reserva indígena.

Sebastiana Almeida, ingeniera forestal de la agencia de desarrollo ambiental de Rondônia, señala que esta es una treta muy utilizada. “Con la autorización en la mano, terminan robando madera de zonas protegidas o de reservas indígenas”, lamenta.

Negacionistas del cambio climático

Muchos habitantes de Rondônia, cuyo territorio ha sido deforestado en un 43%, parecen coincidir en dos puntos: que votarán a Bolsonaro y que en su estado han aumentado las temperaturas y la sequedad.

La información del Gobierno confirma esto último. Las temperaturas medias anuales en el norte de Rondônia fueron de entre 26 y 28 grados en 2017, dos grados más que hace cinco años. Por otra parte, las precipitaciones anuales han disminuido considerablemente en todo el estado. “El clima está enrarecido”, indica Wagner Matos, un conductor de Uber de 37 años que se muestra crítico con la deforestación.

En cambio, Onyx Lorenzoni, que probablemente se convierta en jefe de gabinete de Bolsonaro, afirma que el calentamiento global no es una amenaza. “Algunos datos son sólidos, mientras que otros son ideológicos”, afirma a The Guardian. También critica a la organización Greenpeace por su injerencia: “Hermano, los brasileños controlarán la selva Amazónica, no los europeos”.

Otros aliados de Bolsonaro han abogado por promover la actividad industrial en la Amazonia. El coronel João Chrisóstomo, ingeniero retirado del Ejército, elegido como uno de los diputados federales del estado el 7 de octubre por el Partido Social Liberal (PSL) de Bolsonaro, afirma que los militares deberían asfaltar los caminos de tierra. En su opinión, "el medio ambiente no puede detener el desarrollo".

A algunos habitantes de Rondônia, como Sheila Barros, les gustaría que los caminos estuvieran asfaltados. Tiene 44 años, está casada con un pescador de la misma edad, Adegilton Lopes, y viven con sus dos hijos en la reserva de Lago do Cuniã.

“No disponemos de carretera y nos cuesta distribuir nuestros productos”, afirma. La reserva se encuentra a unos 70 kilómetros de Porto Velho, pero para llegar a la ciudad tienen que conducir por caminos de tierra durante horas y también tienen que hacer dos viajes en embarcación y un espeluznante trayecto en motocicleta por un estrecho camino de la selva.

Lo cierto es que la historia de la Amazonia ha demostrado que las carreteras pavimentadas traen desarrollo, pero también destrucción a las reservas forestales como el Lago do Cuniã. El Instituto Chico Mendes (ICMBio), administrado por el Gobierno, sólo permite que los 400 lugareños que viven a orillas de una laguna de gran belleza y que es el hogar de cocodrilos y de muchas especies de aves, pesquen a pequeña escala y cultiven de forma sostenible.

El pescador Mabel Lopes, de 65 años, explica que hasta que se creó la reserva en 1999, la laguna estaba sobreexplotada por personas que venían de otros lugares. En la actualidad abundan los peces. El hombre contempla el exuberante bosque y pregunta: "¿Dónde más hay tanta vegetación?"

Acabar con el activismo medioambiental

Bolsonaro ha prometido que, si gana las elecciones, Brasil saldrá del acuerdo de París sobre el cambio climático, si bien el jueves afirmó haber cambiado de opinión.

Durante la campaña ha prometido terminar con el “activismo medioambiental” de ICMBio y de la agencia de protección del medioambiente, Ibama. También podría terminar con el Ministerio del Medioambiente y hacer que esta competencia dependa del Ministerio de Agricultura, cuyo responsable será elegido por el lobby de la agroindustria.

Asimismo ha prometido ayudar a los pequeños mineros, conocidos como garimpeiros, algunos de los cuales trabajan de forma ilegal. Estos mineros dragan los ríos amazónicos en busca de oro y en el proceso vierten toneladas de mercurio y envenenan a los peces.

En una tarde reciente, los garimpeiros amarraron varias barcazas de madera en el río Madeira cerca del Lago do Cuniã. Dos hombres que hacían funcionar las bombas de uno de los barcos admitieron que trabajaban ilegalmente y temían las inspecciones de Ibama. También explicaron que con la promesa de llevarles “dignidad y seguridad”, Bolsonaro había conseguido sus votos.

“Prometió que legalizaría esta actividad para que podamos trabajar”, indicó Aroldo da Silva, de 53 años y propietario de la embarcación, mientras una tormenta azotaba el río: “Prometió una reforma legal”.

Marcos Rocha, un coronel retirado de la policía que milita en el partido de Bolsonaro y que en este momento es el candidato a gobernador de Rondônia que lidera los sondeos, también cree que se debería legalizar a los garimpeiros porque necesitan trabajar.

“Los ‘garimpeiros’ y los madereros fueron los que fundaron nuestro estado, pero en la actualidad están marginados. Muchos son pobres”, dijo en una entrevista. “Queremos generar riqueza e ingresos para nuestro país”.

En su opinión, la Amazonia necesita “más industria”. También dejó entrever que los alarmantes aumentos de temperatura del planeta podrían ser cíclicos y causados por la naturaleza.

El actual gobernador del estado de Rondônia, Daniel Pereira, heredó de su predecesor un proceso judicial en torno a once nuevas reservas que se encuentra en punto muerto. El brazo legislativo del estado anuló esta medida y ahora Pereira les da la razón por considerar que se debe permitir a los ocupantes ilegales vivir en las reservas.

Algunos de estos asentamientos ilegales están en Jaci Paraná, una reserva gestionada por el estado y que se encuentra a unos 100 kilómetros de la ciudad de Porto Velho. En la reserva solo se permite la agricultura a pequeña escala y sostenible y es necesario pertenecer a una cooperativa. Está prohibido tener ganado. En la práctica, los granjeros ilegales han deforestado la reserva.

La semana pasada, un grupo de agentes medioambientales inspeccionaron la reserva acompañados de policías armados. Pararon frente a una granja de madera rodeada de ganado. Jessica da Silva, de 23 años, estaba sentada con sus dos hijos pequeños mientras su marido, Alex dos Santos, vigilaba el ganado. Da Silva explicó que no tiene intención de votar porque está censada en otro pueblo, pero puntualizó que su marido sí votará a Bolsonaro.

Los agentes siguieron avanzando por el camino de tierra y adelantaron a una motocicleta. Un hombre que iba de paquete llevaba una motosierra en el regazo. Los agentes le dieron el alto, pero antes de alcanzarla, el hombre ya había conseguido escapar y desaparecer entre la vegetación. Uno de los policías disparó al aire y consiguieron arrestar al hombre, que poco después quedó en libertad.

Nadie parece respetar la legislación medioambiental. Cuando los agentes llegaron, Ednesio Diogo, de 51 años, y Jonas Dantas, de 22, preparaban el almuerzo en el porche de una casa que están construyendo.

Diogo explica que su hijo Wallan, de 21 años, que ya ha ocupado el terreno, vivirá en la casa cuando esté terminada, tendrá ganado y un vivero de peces, y plantará café.

Cuando Nei Peres, un funcionario que trabaja para la agencia de protección medioambiental les dice que su actividad es ilegal y que se tienen que ir, Diogo se limita a asentir. Los dos hombres afirman que votarán a Bolsonaro.

El sábado, varios vehículos de Ibama fueron quemados en Buritis, un día después de que agentes de ICMBio que habían sido desplegados en una misión para luchar contra la deforestación ilegal se quedaran incomunicados cuando los lugareños destruyeron un puente en Pará, otro estado de la Amazonia.

La nueva guerra de Brasil contra su naturaleza y todos aquellos que la defienden ya ha empezado.

*Traducido por Emma Reverter para eldiario.es