Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) arrestaron a Alejandro "R", en Puebla, por su presunta participación en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

“Derivado de trabajos de gabinete y campo, el personal de la AIC localizó y posteriormente detuvo, en la ciudad de Puebla, a Alejandro “R”, en estricto apego al debido proceso y en todo momento le fueron respetados sus derechos, además de que no existió afectación a terceros”, informó la PGR en un comunicado.

Luego de su detención, el hombre fue requerido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ya que fue ahí en donde la policía de Puebla detuvo ilegalmente a la periodista en 2005 después de documentar una red de pederastas.

Sobre el caso, también ya fue detenido José Montaño, excomandante de la Policía Estatal de Puebla, quien también está acusado de torturar a la periodista.

En julio pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU resolvió que el Estado mexicano violó los derechos de la periodista Lydia Cacho, quien fue víctima de tortura después de haber denunciado una red de pederastia en 2005.

La periodista Lydia Cacho fue detenida en 16 de diciembre en 2005 en el Centro Integral de Atención a la Mujer en Cancún, Quintana Roo, por 10 hombres, cinco de ellos, empleados del empresario Kamel Nacif y cinco agentes de la policía judicial de Quintana Roo.

Esto ocurrió a nueve meses después de haber publicado el libro “Los demonios del edén”, donde documenta una red de explotación sexual infantil en la que formaron parte empresarios y políticos, entre ellos, el empresario Kamel Nacif, quien la demandó por difamación.

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A partir de esta denuncia, se abrió una averiguación previa, la cual no le fue notificada y se giró una orden de aprehensión en su contra

Fue detenida y trasladada a Puebla en un viaje que duró 20 horas y en las que fue objeto de tortura psicológica, tocamientos, amenazas de muerte, violencia verbal y física hasta la Procuraduría General de Justicia en Puebla.

Lydia logró salir después de pagar una multa de 70 mil pesos, pero continuó el proceso de difamación. Con ello, un camino legal en el que la periodista también denunció a los servidores públicos. El caso llegó a ser atraído por la Corte, pero desechó algunas pruebas clave, como la conversación entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Nacif, por tratarse de grabaciones ilegales, por lo que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos