Si hay un asunto que ha marcado esta campaña electoral es la polémica alrededor de la famosa amnistía que Andrés Manuel López Obrador dijo que ofrecería a personas que hubiesen cometido determinados delitos. Este tema lleva desde diciembre de 2017 en la discusión política y marcó el primer debate electoral a mediados de abril.

Pero la estela continúa, y como parte de la campaña que busca atemorizar a la población en las redes, circulan un par de videos en los que se ve a delincuentes que avisan que cuando gane “ya sabes quién” van a salir del penal y desatar una ola de terror criminal incluso peor que la que se vive ahora. Recordemos que 2017 fue el año con más denuncias por asesinato desde que se llevan registros y en este sexenio han subido también el secuestro y las extorsiones frente al anterior.

Parte de lo complejo del asunto ha sido su ambigüedad. Cuando AMLO habló por primera vez de esta idea, que no aparece en el Programa de Nación de Morena, la literalidad del fraseo fue: “Vamos a hacer todo lo que se pueda (...) si es necesario vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas. No descartamos el perdón”.

En las siguientes jornadas, el presidente Peña Nieto dijo que esta idea sería traicionar a México. Para el rival panista, Ricardo Anaya, una “locura”. José Antonio Meade, del PRI, dijo que ellos estaban con “las víctimas, no con los victimarios”. Margarita Zavala, que entonces no había declinado, pidió respeto a la ley y que los delincuentes se quedaran en la cárcel.

Durante los siguientes meses fueron llegando diferentes pistas de por dónde podría ir la propuesta de AMLO. Esta se puede resumir en un video de Olga Sánchez-Cordero, quien acabaría siendo la secretaria de Gobernación, si Obrador gana la elección:

"Primero: La última palabra la tendrá el Congreso Federal por ser Ley de Amnistía. Segundo: se determina el universo a quienes va dirigido, el universo de destinatarios. Tercero: se establecen las hipótesis de la ley (...) en qué casos se va dar este tipo de amnistía (...) hay muchos campesinos que están cosechando droga, porque finalmente han sido cooptados por el crimen organizado. Ya sea por la fuerza, o ya sea por necesidad y por pobreza”.

Posteriormente, Sánchez-Cordero —exministra de la Suprema Corte— habló del concepto de justicia transicional. Este concepto se refiere a “las formas (utilizadas) por países que dejan atrás periodos de conflicto y represión, para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada”, se lee en la web del Centro Internacional para la Justicia Transicional.

Los procesos de justicia transacional suelen darse en dos contextos: para pasar de un régimen autoritario a uno democrático, como en Argentina y su Comisión Nacional de Desaparecidos por la dictadura, o tras pasar una situación de conflicto armado para fomentar la paz, como es el caso de Colombia y las guerrillas y paramilitares.

En el caso de México, podría considerarse una situación mixta. La “dictadura perfecta” del PRI, como tildó al régimen el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, acabó en el año 2000, y las cifras de muertos de la llamada ‘Guerra contra el Narco’ declarada por Felipe Calderón están a la par de los conflictos armados tradicionales.

Pero entonces... ¿es buena o mala esta propuesta?

Para conocer las dos posturas, nos acercamos a dos académicos con visiones contrapuestas de la idea de amnistía. A un lado del ring y con los guantes a favor, Catalina Pérez Correa, experta en política de drogas del prestigioso Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Al otro y frente a esta idea, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano e investigador en Seguridad Pública, Transparencia y Cultura de la Legalidad.

“La amnistía a mí me parece que es algo que no tendría que generar un escándalo, yo estoy a favor”, comienza Pérez Correa, “lo que parece es que irá dirigido básicamente a campesinos que siembran cultivos ilegales, a mujeres que reciben sentencias muy altas por cultivo de drogas y jóvenes que han sido acusados por delitos de posesión. Me parece que han hecho un escándalo acerca de la amnistía como si fueran a perdonar a los grandes narcotraficantes”.

Pérez Correa explica que AMLO y su equipo hablan de perfiles bajos, para los que el sistema penal tiene una afectación muy negativa. “Habría que reformar las leyes de drogas para que no se criminalice a los consumidores por posesión simple, bajar la pena por transporte que es el delito que suelen cometer las mujeres", sigue Pérez Correa. “Y encontrar una solución legal al cultivo de sustancias ilícitas. Los cultivadores de amapola no van a dejar de cultivarla si no hay una alternativa; el Estado tendría que encontrar una forma de hacer lícito ese cultivo”, avisa.

Algunos datos al respecto. Hay 7 mil personas en privación de libertad procesada por posesión de drogas. Según el documento Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México: una guía para políticas públicas incluyentes, el encarcelamiento de mujeres por delitos contra la salud en el fuero común ha aumentado en un 103% entre 2014 y 2016; es decir ha pasado de 940 casos a los mil 911. México además es el tercer país en cultivo de amapola del mundo y aunque sus 28 mil hectáreas se quedan bastante atrás de las 320 mil del campeón, Afganistán, con un poco de esfuerzo podría llegar a las 41 mil de Myanmar.

En caso de que AMLO decidiera aplicar esta amnistía, tampoco sería la primera. Dejando al margen las más antiguas, el presidente Luis Echeverría promulgó una para los detenidos en el movimiento estudiantil del 68 y Carlos Salinas de Gortari hizo lo propio con los zapatistas de 1994.

Tampoco sería el primero intentarlo en el último lustro con encarcelados por droga. Los liberales de Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa en el Congreso para los presos por consumo o posesión de marihuana.

"Yo sí creo que México necesita de estrategias no violentas para pacificar el país, pero me parece sumamente delicado proponer algo de este tipo y no explicarlo con claridad”, asegura Francisco Rivas, “el problema no es la amnistía, sino la falta de claridad en lo que están proponiendo”.

“Si es para las personas que han sido obligadas a trabajar para la delincuencia organizada, ¿quién va a decidir si era forzado o no? Si vas a abrir todos los casos de personas que han sido sentenciadas, ¿cómo decides eso? ¿quién va a investigarlo todo de nuevo? Los Ministerios Públicos están rebasados”, se pregunta, “no es que la amnistía sea buena o mala; es que desde un punto de vista económico y de tiempo no es factible”.

mexico.com también te explicará las propuestas de Ricardo Anaya y José Antonio Meade.