La lucha contra el robo a combustibles y el combate a la corrupción ha sido la bandera con la que los legisladores de Morena pretenden ampliar el catálogo de delitos que implican prisión en automático —es decir, oficiosa—, con el fin de evitar que los acusados por estos y otros delitos entren y salgan de los juzgados en cuestión de horas, una situación apodada “puerta giratoria.

¿Realmente este tipo de medidas ayudarán a inhibir la incidencia delictiva? Expertos y organizaciones sociales señalan que no es así y que es un retroceso para el nuevo sistema penal acusatorio, que privilegia la presunción de inocencia, además de que lo urgente es que los ministerios públicos investiguen los delitos para evitar la impunidad.

Qué es la prisión preventiva

Actualmente, la Constitución contempla que a una persona se le puede se le puede dictar prisión preventiva para garantizar que esté presente en el desarrollo del proceso y se proteja a las víctimas.

La prisión preventiva puede ser de oficio, es decir, que el delito la amerita en automático, o justificada, que deberá ser solicitada por el Ministerio Público por considerar que otras medidas —como la fianza o la prohibición de acercarse a ciertos lugares o personas, por ejemplo— no garantizan la presencia del imputado o la seguridad de la víctima.

El Artículo 19 constitucional y el Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen los delitos en los que procede la prisión preventiva de oficio:

  • Homicidio doloso
  • Genocidio
  • Violación
  • Traición a la patria
  • Espionaje
  • Terrorismo
  • Sabotaje
  • Corrupción con fines de enriquecimiento ilícito y 
  • Tráfico de personas menores e ilícitos contra la salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Congreso que se amplíen los delitos que ameritan la privación de la libertad por oficio, para incluir el robo de combustible, corrupción, el uso de programas sociales con fines electorales. La bancada de Morena en el Senado aprobó esos delitos y en la Cámara de Diputados planea agregar el abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación y a transporte de carga, desaparición forzada y delitos en materia de armas de fuego y explosivos.

Grupos civiles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se han manifestado en contra de la iniciativa por considerar que se viola la presunción de inocencia, la prisión preventiva se convierte en una pena anticipada, además de que no existe pruebas de que el endurecimiento de esa medida reduzca la criminalidad.

Los contras y las cifras

El abogado Víctor Olea explica que este tipo de medidas es contrario al nuevo sistema penal acusatorio, “pues la prisión preventiva ha demostrado ser una pena anticipada. Te someten a un determinado procedimiento penal, no te han determinado tu culpabilidad y mientras tanto estás sufriendo la prisión”.

El también consejero de la “Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC” sostiene que con el marco legal existente es posible enfrentar los delitos que se pretende catalogar como meritorios de la prisión por oficio, pero lo que se requiere es "que las policías, el Ministerio Público, los operadores del sistema judicial trabajen adecuadamente y lleven a cabo sus funciones en una forma correcta”.

"El hecho de que tengas las cárceles llenas no implica que no haya delincuencia”, advierte.

El Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2018 realizado por la organización Impunidad Cero señala que la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de 1.14%.

José Luis Gutiérrez, director de la organización AsíLEGAL, que brinda apoyo a la comunidad penitenciaria, coincide en el fracaso histórico de este medida para inhibir los índices criminales.

Poco más de la mitad de la población reclusa en los centros penitenciarios federales estaba en prisión preventiva, según un informe de Inegi de 2018, mientras que “en los centros penitenciarios estatales 36% de los reclusos no tenía una sentencia condenatoria”.

La población penitenciaria ascendía a más de 199 mil 780 personas, hasta noviembre pasado, y había una sobrepoblación de 17 mil 889 personas, de acuerdo con el Cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, obtenidos por AsíLEGAL, vía transparencia.

En 14 estados existen centros penitenciarios con sobrepoblación, donde llega a haber dos reclusos por cada cama útil.

“No ha funcionado, los centros penitenciarios están llenos no de gente que acusada de delincuencia organizada ni por delitos graves sino de personas con delitos menores”, advierte.

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI, con datos de 2016, mostró que el 75.9% de la población penitenciaria no tenía estudios o apenas tenía la educación básica.

La prisión preventiva afecta más a las mujeres y a población indígena

El director de la organización explica que, desde una perspectiva de género, las mujeres porcentualmente son las más afectadas: a noviembre de 2018, el 37.6% de hombres (71 mil 179 personas) y el 45.1% de las mujeres estaban en prisión preventiva (4 mil 682 personas), según cifras de AsíLEGAL obtenidas vía transparencia.

Otro sector en condición de vulnerabilidad es el de los indígenas, 7 mil 11 de ellos estaban en prisión y el 26.4% de ellos purgaban prisión preventiva, el 31.2% del total de mujeres y el 29.8% del total de hombres.

Gutiérrez resalta que la prisión preventiva castiga la pobreza, “pues quien está en las prisiones son pobres que no tuvieron una defensa técnica adecuada, que seguramente se apegó al papel del defensor público”.

La misma Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad consignó que el 59.2% de la población privada de la libertad con sentencia dictada contó solamente con defensores de oficio durante el proceso judicial y el 50.6% de quienes se encontraban en proceso de ser sentenciados contaba con defensores de ese tipo.

Olea, también refiere que la prisión preventiva “principalmente castiga a la pobreza”, pero que más allá lo más preocupantes es que “es que se va a incrementar la tendencia de los gobernantes de aumentar estos delitos”.

Habrá audiencias públicas sobre prisión preventiva

El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó este fin de semana que habrá una serie de consultas los días 6, 7 y 8 de febrero previo a la discusión y votación de la reforma constitucional.

Al igual que se hizo para la aprobación de la reforma en materia de Guardia Nacional, van a convocar a representantes del Poder Judicial federal y de los estados; a funcionarios de los gobiernos federal y estatales, así como a organizaciones civiles, expertos constitucionalistas y organismos defensores de los derechos humanos.

El también coordinador de Morena señaló que tomarán en consideración la propuesta que hizo el Senado de la República de aprobar la minuta sobre este tema en sus términos.