El Comité de Derechos Humanos de la ONU resolvió el pasado 31 de julio que el Estado mexicano violó los derechos de la periodista Lydia Cacho, quien fue víctima de tortura después de haber denunciado una red de pederastia en 2005.

La resolución señala que de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Estado debe:

  • Procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas
  • Ofrecer compensación adecuada a Lydia
  • Adoptar medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, garantizando que todos los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades, incluso mediante la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas

La periodista Lydia Cacho dijo este jueves en conferencia de prensa, acompañada por la organización Artículo 19 y el Representante de la ONU Derechos Humanos en México, Jan Jarab, que no se trata de un triunfo personal, sino de la sociedad mexicana y agradeció a las personas que, sin conocerla, la apoyaron.

Después de 13 años tengo una sensación: por un lado, de que es un mérito de esta sociedad, por otro lado, vamos a lograr empujar que las leyes cambien, sentamos un precedente, logramos que las fiscalías se vieran analizadas y observadas no solamente por la prensa y por la sociedad

Lydia Cacho


Es un día para celebrar, dijo, que cuando persistimos como sociedad civil organizada, cuando tenemos editores que creen en nosotros por persistir en reflejar la realidad, siempre va a haber alguien que va a creer en el trabajo periodístico.

La relevancia de la resolución

La organización Artículo 19 y el representante de la ONU Derechos Humanos en México, Jan Jarab, acompañando a Lydia Cacho, destacaron en conferencia de prensa la relevancia de la resolución.

Jarab resaltó seis puntos por tratarse de acciones que siguen repitiéndose en México:

1.- Tortura. La utilización de tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo.

2.- Violencia de género. Discriminación de mujeres.

3.- Detención arbitraria al realizar una privación ilegal de la libertad.

4.- Violación a la libertad de expresión. La violencia contra los periodistas no atenta solo contra el periodista, atenta contra la sociedad al privarla del acceso a la información.

5.- La impunidad es el denominador común de muchos problemas de derechos humanos en México. El caso de Lydia fue uno de los primeros en llegar a la Fiscalía y ha tenido que acudir a instancias internacionales.

Jarab añadió la colusión de poderes, del poder económico empresarial con el poder político. “Se puede hablar de captura de poder, de la situación donde no solo unos grandes empresarios se comportan como personas que piensan que están encima de la ley, pero sistema les apoya, está apoyando la forma de actuar”, dijo, “es un tema preocupante”.

“Es un éxito, un triunfo de Lydia y de las organizaciones de la sociedad civil, pero lo podemos ver como una muestra de la incapacidad de las instancias de hacer su trabajo”, dijo Jarab.

El comité reconoce la violación de los artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 3 (igualdad de hombres y mujeres), 7 (prohibición de tortura), 9 (libertad y seguridad personal), 19 (libertad de expresión) y 2 apartado 3 (recursos efectivos) y estipula que el Estado mexicano tiene 180 días para responder.

Los hechos

La periodista Lydia Cacho fue detenida en 16 de diciembre en 2005 en el Centro Integral de Atención a la Mujer en Cancún, Quintana Roo, por 10 hombres, cinco de ellos, empleados del empresario Kamel Nacif y cinco agentes de la policía judicial de Quintana Roo.

Esto ocurrió a nueve meses después de haber publicado el libro “Los demonios del edén”, donde documenta una red de explotación sexual infantil en la que formaron parte empresarios y políticos, entre ellos, el empresario Kamel Nacif, quien la demandó por difamación.

A partir de esta denuncia, se abrió una averiguación previa, la cual no le fue notificada y se giró una orden de aprehensión en su contra

Fue detenida y trasladada a Puebla en un viaje que duró 20 horas y en las que fue objeto de tortura psicológica, tocamientos, amenazas de muerte, violencia verbal y física hasta la Procuraduría General de Justicia en Puebla.

Lydia logró salir después de pagar una multa de 70 mil pesos, pero continuó el proceso de difamación. Con ello, un camino legal en el que la periodista también denunció a los servidores públicos. El caso llegó a ser atraído por la Corte, pero desechó algunas pruebas clave, como la conversación entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Nacif, por tratarse de grabaciones ilegales, por lo que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos