Zenaida Pastrana, originaria de Copanatoyac, Guerrero, fue privada de su libertad durante 9 años y 6 meses en espera de una sentencia. La acusaban de haber perpetrado un homicidio cometido al interior de su hogar.

En mayo de 2003, su esposo y un acompañante llegaron a su casa, ubicada en el municipio de Copanatoyac, Guerrero. Ella dijo que fue a la tienda y, cuando regresó, encontró al visitante muerto y su esposo desapareció.

La mujer, cuya lengua materna es el tlapaneco, fue acusada de la muerte del acompañante de su marido y la comunidad intentó lincharla, pero policías municipales lo impidieron y la detuvieron.

Tras varias violaciones a su proceso, comentan sus abogados, fue condenada a 30 años de prisión, pero apelaron y, tras una larga batalla, el 5 de febrero de 2013, Zenaida dejó el Centro de Reinserción Social de Tlapa de Comonfort. La prisión preventiva le robó más de 3 mil 400 días de libertad.

En México, la aplicación de la prisión preventiva, ya sea por oficio o justificada es proporcionalmente mayor en las mujeres que en los hombres: el 38% de hombres (71 mil 179 personas) y el 45% de las mujeres (4 mil 682 personas) estaban privadas de la libertad sin haber sido declaradas culpables, según el Cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, que tiene datos actualizados hasta noviembre de 2018.

Los datos muestran que hay 14 estados en los que más del 50% de la población femenina no tiene sentencia. Resalta el caso del penal de Durango tiene el 79% de mujeres presas en proceso.

José Luis Gutiérrez, director de ASILegal —organización de la sociedad civil que dio apoyo legal al caso de Zenaida y que apoya a población penitenciaria en situación vulnerable— explica que es común que las mujeres privadas de la libertad decidan que su “red de apoyo” quede al cuidado de los hijos, por lo que no permiten que se gaste el dinero y tiempo en los abogados, “esto genera que lamentablemente muchas de las mujeres estén abandonadas y sus casos no avancen”.

Actualmente en el país hay más de 311 centros penitenciarios, de ellos solo 16 cárceles son femeniles (15 locales y uno federal) y albergan el 34.7% de las presas, el resto se encuentran distribuidas en penales mixtos. Lo que abona a que las familias se les dificulte dar seguimiento al caso de sus familiares. Aunque las autoridades también hacen su parte:

“Por ejemplo, una mujer que comete un delito en Matías Romero, Oaxaca, es trasladada hasta Tanivet, región de Valles Centrales, y su proceso está a 7 u 8 horas de ahí, así que la autoridad muchas de la veces dice: ‘No la llevo a la audiencia porque no tengo para gasolina’”, lo que genera que se alargue aún más el proceso", explica el maestro en defensa promoción y difusión de los derechos humanos.

Las mujeres los cuidan a ellos y se cuidan entre ellas

La prisión no solo afecta a las mujeres cuando resultan presas, también con quienes asumen la carga más pesada en los procesos de su familiar.

El estudio ‘Las mujeres invisibles’, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2015, señala que quienes principalmente visitan a los reos son madres, de entre 21 y 50 años de edad, provenientes de sectores sociales desfavorecidos que acuden a ver a sus hijos o parejas, el 81.8%.

“Tiene que ver con los roles de cuidado, en general es la mujer es la que cuida a quien no puede hacerse cargo de sí mismo”, explica Isabel Erreguerena, coordinadora de políticas públicas de EQUIS Justicia para las Mujeres, organización feminista que promueve el acceso a la justicia, quien añade que en general las mujeres “también son más visitadas por mujeres”.

OjO AQUÍ: 🤔 El lado perverso de la prisión preventiva

En términos económicos, las conclusiones del estudio —que data de 2015— apuntan a que tener a un familiar en prisión no se trata únicamente de la pérdida del ingreso de la persona privada de la libertad, sino también de gastos significativos a largo plazo:

Las mujeres son quienes principalmente mantienen al interno, lo que implica cubrirle necesidades básicas (alimento y ropa, por ejemplo), así como a los generados por la corrupción en esos centros (protección, extorsiones y/o reubicaciones).

Aunque, señala el estudio, quizá el costo económico más significativo es el generado por los trámites legales y los honorarios de los abogados, pues aunque una cuarta parte de las personas dependen de las defensorías de oficio, el 36% de las personas encuestadas afirmó haber gastado entre 10 mil y 100 mil pesos en cuestiones legales, indica el estudio realizado por la investigadora Catalina Pérez Correa, del Centro de Investigación y Docencia Económocas (CIDE).

“Tomando en cuenta el contexto económico de las familias, estos montos significan un detrimento directo al bienestar de la familia, que resulta en la pérdida de la vivienda, de los vehículos y del endeudamiento familiar”, sentencia el estudio.

Prisión preventiva automática para más delitos

Los legisladores de Morena buscan aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática. Buscan que el robo de combustible, la corrupción, el uso de programas sociales con fines electorales, el abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación y a transporte de carga, desaparición forzada y delitos en materia de armas de fuego y explosivos entren en esa ampliación.

Erreguerena sostiene que aumentar el catálogo no resolverá la incidencia delictiva y lo que es necesario es “fortalecer a los ministerios públicos” y que aumentar los delitos "es un “parche” que al final tiene costos económicos y sociales.

“Mientras no vayamos arreglando lo estructural, mientras no tengamos jueces que conozcan los derechos de las mujeres y cómo aplicar las perspectiva de género, no va a servir de nada y el costo va a ser mucho más alto porque estás metiendo a gente que no se ha demostrado que es culpable o que es un riesgo”, concluye la también maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La prioridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido que se retiren los beneficios de ley a delitos como el robo de combustible, actos de corrupción que incluyan enriquecimiento ilícito y delitos electorales como el uso de programas sociales con fines políticos.

El balón está ahora en la cancha de la Cámara de Diputados, donde se discute la minuta enviada por el Senado en el periodo de sesiones que inició este 1 de febrero.