El gobierno de Andrés Manuel López Obrador cedió a las exigencias de política migratoria planteadas por el gobierno de Donald Trump al frenar el paso de migrantes a ciudades fronterizas para pedir asilo, publicó The New York Times, versión que negó el gobierno mexicano, el cual rechaza tener un acuerdo vinculante con los Estados Unidos y que actúa de forma soberana e independiente en materia migratoria.

El nuevo gobierno mexicano tuvo que hacer frente, al inicio de su administración, a las caravanas de ciudadanos migrantes que ingresaron a México para llegar a Estados Unidos, las cuales no han dejado de circular por el país desde octubre pasado.

Miembros de los contingentes —integrados principalmente por ciudadanos de Honduras, El Salvador y Guatemala— son resguardados por las autoridades migratorias en albergues en ciudades fronterizas, frenando su paso hacia Estados Unidos para solicitar asilo.

Pero aún si logran cruzar la frontera y gestionar su petición en Estados Unidos, pueden ser expulsados de nueva cuenta a México hasta que haya una resolución sobre su caso, pues el Protocolo de Protección a Migrantes implementado por el gobierno de Trump impide que afronten el proceso en ese país como anteriormente ocurría.

Desde el pasado 29 de enero, cuando comenzó el protocolo, 120 mujeres, hombres y niños han sido devueltos a Tijuana y ese programa de retorno será expandido a otros puntos fronterizos durante esta semana, resaltó el diario The New York Times el pasado viernes 1 de marzo.

No solo se trata de aceptar la medida “unilateral” del gobierno de Estados Unidos. El rotativo señaló que las autoridades mexicanas están bloqueando el paso de grupos de migrantes en pueblos fronterizos: no les permiten caminar hacia los puentes de cruce para solicitar asilo en Estados Unidos y han interceptado a los menores de edad no acompañados antes de que lleguen a territorio estadounidense.

El diario puso como ejemplo que oficiales mexicanos impiden a los migrantes cruzar el puente para solicitar asilo en McAllen, Texas, o los mantienen vigilados en un albergue con contacto limitado con otras personas en Piedras Negras, según denuncias de activistas.

Esas medidas, señala el reportaje, han derivado en que los albergues estén bajo una presión extraordinaria por la llegada casi continua de migrantes que viajan en caravana, y los centros están en exceso de cupo y capacidades.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha manifestado en el mismo sentido, de que el Estado mexicano tendría que adoptar una postura clara frente a lo que parecería la aceptación implícita de servir como estancia temporal.

El miércoles 20 de febrero, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, sostuvo que mas allá de cuestiones técnicas o jurídicas, la realidad es que México no está preparado ni tendría condiciones idóneas para servir como sitio de retorno y albergue de quienes son remitidos por el gobierno estadounidense.

Migrantes, en al menos tres ocasiones, han intentado ingresar al país del norte de manera masiva, pero han sido replegados con gases lacrimógenos y balas de goma lanzados por agentes de ese país hacia territorio mexicano, y la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha sido solicitar al gobierno de Trump una investigación por los hechos.

Migrantes intentan ingresar por la fuerza a EU en Tijuana, Baja California. Foto: AFP
Migrantes intentan ingresar por la fuerza a EU en Tijuana, Baja California. Foto: AFP

México niega hacer el trabajo sucio a EU

El gobierno mexicano insiste en que hay un nuevo paradigma en materia de migración basado en el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de los países que expulsan a sus ciudadanos.

Apenas inició, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció un programa de visas humanitarias que permiten a los migrantes acceder a empleos, servicios de salud y educativos, así como el impulso del Plan Integral de Desarrollo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que busca detonar el progreso económico de Guatemala, Honduras y El Salvador mediante inversiones millonarias.

En un comunicado, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación (Segob) señalaron este domingo 3 de marzo que México actúa de manera “soberana” en cuanto a la política migratoria y negó un acuerdo para reducir el flujo de ciudadanos centroamericanos hacia Estados Unidos.

Resaltaron que más de 13 mil personas extranjeras documentaron su ingreso a México y se ha beneficiado del programa humanitario. Aunque no señalaron que el programa llegó culminó a menos de un mes de iniciado.

Sobre la decisión de EU de expulsar a los migrantes hacia México durante su proceso de solicitud de asilo, la SRE y Segob afirmaron en un comunicado conjunto que se optó por “apoyar a los migrantes” por “razones humanitarias”.

“La alternativa de la deportación de nuestro país implicaría negar el derecho de asilo que el Gobierno de México suscribe y protege”, justificaron.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), asociada a la ONU, informó que desde noviembre ha brindado asistencia para el retorno voluntario a mil 79 personas.

El Gobierno de México ha sido el primero en adoptar el Pacto Mundial para la Migración promovido por la Organización de...

Posted by SRE on Sunday, March 3, 2019

El gobierno también descarta a México como país expulsor. El pasado jueves 28 de marzo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expuso a funcionarios, legisladores y académicos en Washington, D.C. la nueva política migratoria de México, y subrayó que la migración de mexicanos a ese país está en tasa cero, por lo que no es la causa del incremento de la migración centroamericana hacia esa nación.

Funcionarios de la administración de Andrés Manuel López Obrador dijeron a The New York Times que la posición ante EU es “estratégica" y “pensada para no hacer enojar a Trump”, pues el presidente mexicano “no cree” que su par estadounidense "vaya a cambiar de parecer, así que ha evitado entablar una pelea pública posiblemente costosa sobre el tema”.

Explicaron que al permitir que el Protocolo de Protección a Migrantes iniciara en el cruce de la ciudad californiana de San Diego y Tijuana se buscó que legalmente la medida sea revocada en tribunales de EU.

La fuentes del gobierno mexicano explicaron que de esta forma grupos promigrantes impulsaron la ilegalidad de la medida en cortes del distrito federal norte de California, que se consideran liberales.

Con información de Notimex