México, una gran fosa clandestina, en palabras del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, tendrá este viernes una nueva persona a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda con el reto de atender los casos de 40 mil personas desparecidas.

Después de una serie de entrevistas, la terna final la conforman Karla Quintana, actual directora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y Leonor de Jesús Figueroa Jácome, extitular de la Unidad de Apoyo a Migrantes de la Procuraduría General de la República.

Así como, Juan López Villanueva, abogado, notario y actuario por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, director de Promoción y Vinculación del programa de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,

El nombramiento lo hará este viernes el presidente de la República a propuesta de la Secretaría de Gobernación, como indica la Ley en la materia.

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El reto de la nueva persona al frente de la Comisión es atender los casos de personas desaparecidas y no localizadas en todo el país, construir bases de datos, cruzar información con cárceles, centros de salud psiquiátricos, hospitales y gente en situación de calle. En pocas palabras, asumir una responsabilidad que ha estado a cargo de las familias.

Uno de los principales de reclamos de los más 40 colectivos ciudadanos que se han formado ante la crisis humanitaria que enfrenta México, es que han sido las familias quienes han asumido la tarea de búsqueda a pesar de la resistencia de las autoridades.

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En la presentación del plan nacional de búsqueda, el pasado lunes, el subsecretario Encinas explicó en conferencia que el ejercicio no fue sencillo porque esa huella no coincide necesariamente con una huella de un cadáver.

El último intento por tratar de identificar algunos cuerpos fue cruzar las bases de datos de huellas dactilares con la base del Instituto Nacional Electoral.

“De esos cuatro mil 500 cruces, donde supuestamente se habían identificado a las personas, solamente pudieron corroborarse alrededor de 350. Y de esos 350, los propios familiares han cuestionado la identificación", dijo Encinas ante medios.

Está el caso de Jalisco, donde en 2018 dos tráileres llenos de cuerpos fueron abandonados en un municipio porque las morgues son insuficientes. Incluso cremaron más de mil cuerpos sin haber levantado muestras genéticas para posibles pruebas de identificación con familiares en búsqueda.

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La parte triste y realista es tiempo que toma identificar un cadáver. Encinas dice que en el mejor de los casos, con toda la información, puede ser de 15 días a un mes para lograr una identificación eficiente

“Aunque el promedio internacional puede llevarse entre uno y tres meses, lo cual va a implicar una carga de trabajo enorme”, dijo el funcionario.

Los desaparecidos en los estados

Tamaulipas, Estado de México, Jalisco y Sinaloa son los estados con mayor número total de personas desaparecidas en México, con más de 3 mil casos cada uno.

Antes de renunciar al cargo, Roberto Cabrera, anterior titular de la Comisión Nacional de Búsqueda reconoció de la colaboración de algunos estados y fiscalías, pero hay otros que no dio a conocer que no han hecho su parte.

Dijo que hay 36 mil 708 personas fallecidas sin identificar, según los registros de las procuradurías y fiscalías estatales, donde unas 400 tienen más de 10 años en estado de no identificado.

El informe del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo dado a conocer este año, revela que mil 581 cuerpos fueron cremados por el gobierno de Jalisco de 2006 a 2015 sin la oportunidad de hacer pruebas de identidad con los familiares de las víctimas.

En el estado donde opera uno de los cárteles más poderosos del país, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, fue encontrado un tráiler itinerante en septiembre pasado con 150 cuerpos, el cual fue detectado por el mal olor.

El titular del instituto de Ciencias Forenses de Jalisco fue removido del cargo y más tarde, el gobierno dio a conocer de dos tráileres más, con 273 y 49 cuerpos, respectivamente.

Los migrantes desaparecidos

Entre el 8 y el 10% de las personas desaparecidas son migrantes provenientes de los países que integran el triángulo norte de Centroamérica.

Cada año, una caravana de madres de migrantes recorre el país con la fotografía de sus hijos colgando en el pecho, con la esperanza de que alguien los reconozca.