Era 21 de noviembre de 2018. La administración de Enrique Peña Nieto se despedía con un anuncio “histórico”: se liberaban para su venta en México 38 productos con cannabis y sus derivados.

Julio Sánchez y Tépoz, entonces titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), presumía que por más de 90 años estuvo prohibido su uso en el país y ahora México avanzaba en el enfoque científico, médico e industrial de la planta.

Limonadas, gomitas e incluso desodorantes estaban dentro de los 38 productos elaborados a base de CBD (componente no psicactivo) y con 1% menos de THC (componente psicoactivo).

Días después inició un nuevo gobierno y entre las tantas políticas implementadas por administraciones pasadas también fue trastocada la que permitía este “avance” ¿Qué pasó?

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El origen de la legalización con fines medicinales

En junio de 2017 se reformó la Ley General de Salud para permitir la elaboración, comercialización e importación de productos derivados de la marihuana con fines medicinales.

El siguiente paso era crear un reglamento en los siguientes 180 días para concretar las reformas, a través de Cofepris, debía, pero no lo hizo.

Fue hasta el 30 de octubre de 2018, cuando Cofepris dio a conocer los “Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma”, que servirían de base para entregar permisos para importar medicamentos y productos industrializados. Solo que no contaban con validez oficial porque no se publicaron en el Diario Oficial de la Federación.

El pasado 27 de marzo, la Cofepris y la Secretaría de Economía del nuevo gobierno informaron en un comunicado conjunto que los lineamientos habían sido revocados porque había omisiones y posibles irregularidades en la entrega de los permisos.

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La oportunidad para mejorar las reglas

Zara Snapp, cofundadora del Instituto RIA, una organización civil especializada en políticas públicas sobre drogas, entre otros asuntos, señala en entrevista que con esa revocación se abre una oportunidad para tener una legislación más ambiciosa.

Snapp es una de la primeras personas en obtener un amparo para el consumo de marihuana con fines recreativos e importar semillas de cannabis a México y se refiere a la propuesta presentada en noviembre pasado por la entonces senadora Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación.

La ministra en retiro presentó una propuesta de regulación de cannabis para uso medicinal y recreativo que incluye el impulso de una industria mexicana y la investigación.

Mientras eso ocurre, señala Snapp, está la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a los jueces a otorgar amparos a los ciudadanos a quienes se les niegue el permiso de sembrar marihuana o consumirla con fines recreativos.

Julio Salazar, Abogado senior del Programa de Política de Drogas en México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD), apunta que “bien regulada, esta industria podría facilitar el acceso de las personas a su tratamiento".

Raúl Elizalde, activista que logró un amparo que le permite importar el medicamento Epidiolex para el consumo de su pequeña hija Grace (quien padece del síndrome Lennox Gastaut), señala que abrir el mercado es un primer paso para facilitar las condiciones en las que una persona pueda acceder a los productos, donde la importación de materia prima y productos sería un avance, pero que “nos dejaría a medias” no abrir el espacio a la regulación de la siembra y la producción nacional de la materia prima.

La regulación de los productos no debe estar solo enfocada al tema de los medicamentos farmacéuticos, dice, sino a los remedios y medicamentos herbolarios y la investigación de los mismos “porque si no, la puerta se va a cerrar”.

“Lo que nos preocupa es que se esté cabildeando en favor de la industria farmacéutica”, apuntó el también empresario.

Un proceso de regulación opaco

Los expertos consultados por mexico.com explicaron que el proceso de regulación para comercializar productos presentó diversas irregularidades.

“Este proceso no fue muy transparente y no hubo mucha información sobre cómo sacar los permisos (…) Hubo rumores de corrupción en cómo se dieron los permisos, algunas empresas tenían más información que otras, el proceso no fue claro, no fue abierto”, apunta Zara Snapp.

Entre las empresas que resultaron beneficiadas están la empresa Kuida Life Mexico, filial de Khiron Life Siences Corp, de la cual el expresidente mexicano Vicente Fox es miembro de su junta directiva, según dio a conocer Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). El pasado 30 de noviembre, un día antes del cambio de gobierno, la empresa obtuvo un permiso para comercializar tres suplementos alimenticios con cannabis.

La falta de transparencia en cómo sobre los permisos entregados llevó a la intervención del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Un particular solicitó a la Cofepris, vía una solicitud de transparencia, los expedientes de los permisos, pero se los negó bajo el argumento de que no los tenía.

El caso se llevó a un recurso de revisión por parte del INAI, que instruyó a la Cofepris a que realizara una búsqueda “exhaustiva y razonable” de los documentos en el área la responsable de las autorizaciones (la Comisión de Autorización Sanitaria) y a la que no se le había solicitado la información que había negado.

La Cofepris informó en su comunicado que revisará los documentos que fueron emitidos por la anterior administración como “supuestas autorizaciones... con el objeto de resolver sobre su validez, o de ser el caso, iniciar las acciones conducentes de conformidad con el marco legal aplicable”.

“Si hubo irregularidades que se mencionen cuáles fueron y que no quede como en muchas ocasiones que se acusa y al final no hay ningún responsable”, señala Elizalde.

No cumple con su fin

A la par del proceso, los expertos consultados apuntan a que los lineamientos, como estaban, no garantizaban el acceso a los tratamientos adecuados.

Un ejemplo de ello es que no se contemplaba la importación de semillas o de la planta misma. Snapp, maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard, explica que hay casos en que los pacientes necesitan una presentación no industrializada: “Hay quienes necesitan la flor porque van a vaporizarla y no la quieren tomar como aceite o extracto”.

Los mismos lineamientos ordenaban que los productos debían tener una concentración de 1% o menos de THC, que es el componente psicoactivo de la planta. Elizalde, quien es director de HempMeds México, empresa que obtuvo permisos para importar suplementos alimenticios y cosméticos, advierte que existía el peligro de que productos con THC que alcanzaran las características de un psicotrópico se “disfrazaran” como suplementos o alimentos ante la falta de un reglamento que explicara los máximos.

Julio Salazar, de México Unido Contra la Delincuencia, señala que los formatos de llenado tampoco favorecían el acceso a los productos, “incluso para que un particular pudiera tener la posibilidad de importarlos, tendría que contratar un agente aduanal” y además de que no deberían abarcar productos que no fueran médicos, pues el fin de las reformas era ese.