Uno de cada tres municipios enfrenta Alertas de Violencia de Género. Simplemente en Oaxaca, Zacatecas y Puebla, la medida se decretó en cada demarcación de su territorio.

En los últimos 10 años, organizaciones civiles en 27 estados han solicitado una Alerta de Violencia de Género, y solo en 14, la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) ha emitido la alerta en algunos de los municipios de los siguientes estados: Colima, Chiapas, Estado de México (una alerta y una solicitud en proceso), Guerrero, Morelos, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz (dos solicitudes), Quintana Roo, Nayarit, Zacatecas y Oaxaca.

En total, suman 930 municipios en alerta, de los 2 mil 454 que hay en México.

El panorama puede empeorar, pues en siete entidades más esperan que se declare la alerta: CDMX, Campeche, Durango, Coahuila, Jalisco, Puebla y el Edomex.

En los casos de Puebla, Baja California, Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, Sonora, Tabasco y Yucatán la solicitaron, pero fue rechazada.

El Estado de México, Veracruz y Puebla han solicitado la alerta en dos ocasiones; en Veracruz se han aceptado ambas, en Edomex se aceptó una y está en proceso la segunda, mientras que en Puebla se rechazó la primera y está en proceso la segunda.

Puebla

La primera solicitud de Alerta de Violencia de Género en Puebla fue presentada por el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica en marzo de 2016, cuyos integrantes plantean que desde 2015, se han suscitado “una serie de homicidios cometidos contra persona del sexo femenino".

La solicitud de alerta fue admitida y se generó un informe con 10 recomendaciones para el estado.

El 7 de Julio de 2017, la Secretaría de Gobernación resolvió que el estado de Puebla había emprendido “acciones relevantes” para implementar las propuestas que hizo el grupo de trabajo y que no había datos para declarar procedente la alerta de violencia de género contra las mujeres en Puebla.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH), participante en el Grupo de Trabajo que evaluó la situación en Puebla, votó en contra de la resolución. Consideró que debió emitirse la Alerta de Violencia de Género porque dos años antes —en 2015— Puebla era el décimo estado con más feminicidios en el país. Y entre 2013 y mayo de 2016, se habían contabilizado 60 casos tipificados como feminicidio en el estado.

La CNDH señaló que si bien se destinaron 2 millones 600 mil pesos para elaborar un diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres, este no estaba concluido y que las acciones emprendidas por el gobierno de Puebla para cumplir con las medidas propuestas no habían sido suficientes.

Puebla enfrenta una segunda solicitud de Alerta de Violencia de Género, presentada el 20 de octubre de 2017, a solo tres meses de que se declarar que no había elementos para emitir la primera alerta.

Estado de México

El 31 de julio de 2015 se declaró la primera Alerta de Violencia de Género en el Estado de México, para 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcallí.

Principalmente, se recomendaba tomar medias inmediatas y exhaustivas para valorar las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia y buscar y localizar a las niñas y mujeres desaparecidas.

Pese a esta recomendación, el 25 de junio de este año se presentó una segunda solicitud de Alerta de Violencia de Género, específicamente para combatir las desapariciones de mujeres en la entidad.

La alerta fue solicitada para siete municipios: Toluca, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco, que concentran el 43% de todas las desapariciones ocurridas en el estado, de acuerdo con el diagnóstico que organizaciones civiles presentaron a la Conavim.

De cada cuatro personas que desaparecen en el país, una es mujer (25%), pero en el Estado de México, representan el 46%, de las cuales, el 59% son niñas y adolescentes, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), citado en el diagnóstico que las organizaciones presentaron a la Conavim.

La solicitud está en proceso y la fecha para entregar el dictamen del Grupo de Trabajo Interdisciplinario que estudia la situación de los derechos de las mujeres en el estado es el próximo 11 de octubre.

Veracruz

El 23 de noviembre de 2016 se declaró la primera Alerta de Violencia de Género en Veracruz, en 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

Entre las medidas que le recomendaban emprender al gobierno del estado, se encontraba establecer un programa único de capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres a los funcionarios.

El 5 de abril de 2016 se solicitó una segunda alerta, esta vez por agravio comparado, es decir, por existir condiciones en el estado que impiden a las mujeres acceder a derechos que otras tienen, en particular, al derecho de aborto.

El Grupo Interdisciplinario de Trabajo documentó en su informe del 31 de marzo de 2017 que el estado de Veracruz comete al menos tres agravios contra las mujeres que viven en ese estado:

  • Falta de acceso a servicios de salud e interrupción legal del embarazo;
  • Se criminalizan los derechos reproductivos y se limita el acceso al aborto;
  • Se presentó una iniciativa de reforma constitucional para proteger el derecho a la vida que va en contra de los derechos humanos.

La Conavim emitió la segunda Alerta de Violencia de Género por agravio comparado para Veracruz. Entre las recomendaciones se plantea reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal, para despenalizar el aborto en caso de violación, si la vida de las mujeres corre riesgo y antes de la doceava semana de embarazo.

El estado no ha cumplido las recomendaciones, por lo que varios colectivos interpusieron un juicio de amparo para obligar al Estado a cumplir con lo que le ordenó la Conavim. El amparo fue concedido el 3 de julio de 2018 pero el estado sigue sin reformar su Código Penal.

¿Sirve la Alerta de Violencia de Género?

El panorama nacional refleja que los estados no están en condiciones de garantizar los derechos de las mujeres, señala Geru Aparicio, Aviña, psicóloga y victimóloga especialista en género, que ha participado en los grupos de trabajo que determinan si una solicitud de alerta se aprueba o no. Actualmente es parte del grupo que analiza la segunda solicitud de alerta en el Estado de México.

mexico.com cuestionó a Geru Aparicio cuál es el papel de la Alerta de Violencia de Género o qué beneficios atrae su declaratoria: “Si nos dicen que la alerta no funciona porque no baja la tasa de feminicidios, estoy de acuerdo: no funciona como tal porque falta la base, y eso es lo que se está creando con las recomendaciones que se hacen a cada estado: las bases”, dice.

Reconoce que hay críticas, pues en los estados en que se han emitido alertas no se ha logrado erradicar la violencia pero argumenta que no puede eliminarse por decreto una cuestión estructural: “Cuando te metes a revisar las acciones de gobierno te das cuenta de que no hay programas con perspectiva de género, ni capacitación al personal de gobierno o en los estados donde se realizan acciones para prevenir la violencia, suelen hacerse desarticuladas de otras”.

En ese escenario, las alertas han servido para crear una estrategia estructural profunda para que los estados generen las condiciones mínimas para garantizar y promover los derechos humanos de las mujeres.

Geru Aparicio, especialista en perspectiva de género.

Además, las recomendaciones de la Alerta de Género no son vinculantes y si un gobierno no las aplica, tampoco está contemplado aplicar una sanción, expone Aparicio.

La diputada Josefina Salazar Báez presentó este jueves 4 de octubre una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de hacer más eficaz la alerta. La reforma plantea que la Secretaría de Gobernación establezca plazos para cumplir las recomendaciones de la Alerta, lo que la convertiría en vinculatoria.

También propuso que los documentos producidos durante las etapas de investigación, sean públicos y accesibles por Ley, pues actualmente no se pueden comunicar los resultados del análisis, sino hasta que las investigaciones concluyan.