Tres mujeres condenadas a 30 años de prisión bajo la severa ley antiaborto de El Salvador fueron liberadas este jueves, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conmutó sus sentencias.

Alba Lorena Rodríguez, María del Tránsito Orellana y Cinthia Marcela Rodríguez salieron de la Cárcel de Mujeres en Ilopango, 11 km al este de la capital, luego de recibir de manos del viceministro de Justicia y Seguridad, Raúl López, la carta en la cual se les notificó la conmutación de la pena de prisión.

A la salida del penal, miembros de organizaciones feministas las recibieron entre aplausos, abrazos y lágrimas.

"Estoy feliz, feliz de recuperar mi libertad, feliz por todo esto que esperaba desde hace mucho tiempo", dijo Cinthia Rodríguez a periodistas, mientras se abrazaba con familiares que la esperaban fuera del penal.

La CSJ consideró que las tres cumplían penas “desproporcionadas e inmorales”, dijo la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE), que les ha dado apoyo jurídico.

Las mujeres “han vivido en condiciones sociales, económicas y familiares inadecuadas” y sus grupos familiares se han visto afectados con la reclusión, “ya que el aporte económico de ellas para sus familias es fundamental”, estimó también el máximo tribunal.

El Código Penal salvadoreño establece una pena de 2 a 8 años por aborto en cualquier circunstancia. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican a menudo los casos de aborto o incluso la pérdida involuntaria del bebé como “homicidio agravado”, un delito penado con 30 a 50 años de prisión.

Las tres mujeres habían sido acusadas de homicidio agravado por perder a sus bebés tras parir sin asistencia médica.

Enjuiciadas

Alba Rodríguez, de 30 años, quedó embarazada tras una violación y perdió el embarazo a los 5 meses en diciembre de 2009. Es madre de otros dos niños. Fue detenida por la policía en el hospital al que acudió y acusada por la fiscalía de homicidio agravado, de acuerdo con la organización Center for Reproductive Rights.

Seis meses después fue condenada a 30 años, de los cuales cumplió nueve años, dos meses y doce días en la cárcel.

Algo similar ocurrió a María Orellana, quien sufrió un aborto en 2010 mientras se desempeñaba como trabajadora del hogar. Fue trasladada a un centro hospitalario de San Salvador, donde fue detenida. Su condena fue también a 30 años, de los que purgó nueve años con tres días.

Cinthia Rodríguez, la tercera, trabajaba como empleada doméstica y en una maquila de ropa. En 2008 tuvo un parto extrahospitalario y no recibió asistencia médica, pero igualmente fue enjuiciada y condenada a 30 años en 2009.

Ella cumplió 11 años, un mes y tres días en la Cárcel de Mujeres, en donde pudo avanzar en sus estudios de secundaria.