El 7 de septiembre del 2017, tres asociaciones de acompañamiento de derechos humanos y justicia presentaron una solicitud para declarar la Alerta de Violencia de Género en Ciudad de México. Este martes, más de un año después y tras un retraso de varios meses, vence el plazo para que el grupo interdisciplinar encargado de evaluarla emita un veredicto para declararla.

Y nuevamente, las autoridades pedirán una prórroga.

“La ampliación obedece a los tiempos de cierre y transición. No teníamos recursos previstos para atender la alerta y hubo cambio de funcionarios en finanzas, además del proceso de cierre que complica contrataciones y modificaciones presupuestales”, dijo en entrevista Teresa Incháustegui, directora del Inmujeres y una de las integrantes del grupo interdisciplinar.

Esta semana, mexico.com presenta testimonios de tres madres de víctimas de feminicidio. Sus historias dan cuenta no solo de la tragedia del asesinato de sus hijas, sino también de las problemáticas en la procuración de justicia.

La alerta de violencia de género consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida; desde su creación en 2007, se han declarado 14 alertas en diferentes entidades como Estado de México, Michoacán o Guerrero y rechazado otras siete.

“La idea es que el equipo de transición se empate en el proceso, según pidieron las propias víctimas, para evitar que en el traspaso del poder y cambio de funcionarios se pierda la coordinación y se retracten los avances que van muy bien”, continúa Incháustegui, “por lo demás, entregaremos el informe en tiempo y forma de todo lo realizado el día 3 de octubre”.

Según los plazos que se marcan en la regulación, de haberse cumplido todos los procesos en tiempo, la fecha límite original para decidir si emitir o no la alerta hubiera sido a principios de mayo.

Pero el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) entregó su informe de alerta de violencia de género contra las mujeres en CDMX con unos meses de retraso, en marzo de 2018. Esto dilató los tiempos.

Para saber qué opinan sobre este atraso las asociaciones que presentaron la solicitud, buscamos a Nayeli Ortíz, directora de Justicia Pro Persona. Para ella, fue el cambio de titular ante el Conavim lo que causó el retraso en todo el proceso.

Nosotras no queremos una prórroga. Ya el Gobierno se ha tardado mucho en dar contestación, ya es hora de que haya un final. Para nosotras esto ha sido una dilación del tiempo para que el ya exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, saliera libre de responsabilidades en esta materia”, contesta.

El reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, emitido en 2008, establece una serie de plazos para la declaración de una alerta de género. Primero debe presentarse la solicitud. Si es aceptada, se forma un grupo de trabajo que evalúa la situación de la entidad federativa. Este tiene 30 días para realizar una investigación sobre los hechos presentados en la solicitud.

El informe de la investigación, que debe incluir propuestas de acciones preventivas, de seguridad y justicia, tiene que presentarlo al Ejecutivo estatal. En dos semanas, tiene que aceptar o no las conclusiones del informe. Si las rechaza, la Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim, emitiría el decreto.

En caso de hacerlo, el Ejecutivo tiene seis meses para realizar las acciones contenidas en el informe. A los seis meses, el grupo de trabajo emitirá un dictamen sobre los cumplimientos de las acciones. Según este dictamen, la Secretaría de Gobernación, mediante la citada Comisión Nacional, emitirá o no el decreto de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en un plazo no mayor de 10 días una vez recibido el dictamen.