Defensores del territorio de 14 estados mantendrán la resistencia a los proyectos del Tren Maya y el Tren Transístmico, impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por considerar que se tratan de una imposición.

Más de 300 defensores del territorio de pueblos originarios en casi la mitad de los estados del país se reunieron este 5 de febrero durante el Encuentro en Defensa del Territorio, los Bienes Comunes y los Derechos de los pueblos en México, en Santa María Atzompa, Oaxaca.

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"El gobierno actual no está resolviendo las necesidades del pueblo y de las organizaciones sociales y, por el contrario, está generando megaproyectos que representan el despojo y una estrategia de depredación del territorio", señalaron en la minuta de acuerdos.

“Por lo mismo, tenemos que seguir movilizándonos y articulándolos en un proyecto que realmente represente nuestras necesidades”, afirmaron los defensores.

El encuentro contó con la participación de 49 organizaciones y agrupaciones en resistencia, así como con el acompañamiento de figuras como el pintor y activista oaxaqueño Francisco Toledo y el investigador y editorialista Iván Restrepo.

Consideran que aunque el nuevo gobierno presenta una visión de nación de la mano de los pueblos, los hechos representan la continuación del proyecto neoliberal.

Hicieron un llamado a continuar con el freno a la entrada de empresas nacionales y trasnacionales a través del fortalecimiento de gobiernos autónomos, el rescate de saberes ancestrales, entre otras tradiciones.

El proyecto del Tren Maya, que recorrerá cinco estados en el sureste del país, tendrá una inversión público-privada de hasta 150 mil millones de pesos. En el caso del Tren Transístmico se anunció una inversión de mil 100 millones de pesos.

Los defensores del territorio aseguraron que con estos megaproyectos muchos pueblos y comunidades serán afectadas y se agudizará el daño ambiental al "abrir la puerta para su extractivismo y depredación", aseguraron en la minuta.

Representantes de los estados de Durango, Sonora, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí, Yucatán, Edomex, Coahuila, Zacatecas, Michoacán y Ciudad de México plantearon la necesidad de articular a los diversos frentes de lucha en el país, que tienen en común la resistencia a la imposición de proyectos inmobiliarios, turísticos, de transporte o de minería en sus territorios.

Entre las organizaciones presentes y convocantes estuvieron Nuevo País, en conjunto con Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, miembros de la Asamblea de pueblos indígenas del Istmo oaxaqueño en defensa de la tierra y territorio; la comunidad yaqui de Vicam, en Sonora; opositores a mineras en diversos municipios de Chiapas; el Consejo Cupremo Indígena de Michoacán; el Consejo Coordinador Obrero Popular Durango y el Congreso Popular de la Ciudad de México.