Hoy es una día clave para los derechos de la comunidad trans en México: la Suprema Corte decidirá si para obtener una nueva acta de nacimiento basta un breve trámite... o hay que enfrentar un juicio largo, con los gastos que esto implica.

Se prevé que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta este miércoles una contradicción de tesis que puede hacer historia. El proyecto, a cargo del ministro Luis María Aguilar, analiza los criterios de magistrados de Guanajuato en contraste con los de Baja California.

“La gran importancia de que la Suprema Corte emita un criterio nacional es que ya abre el camino a que un derecho no dependa de dónde vive una persona, de cuánto dinero tenga para pagarle a un abogado y la clase relación que tiene con la familia, pues sabemos que no todas las personas trans tienen el apoyo de su familia”, apunta Rebeca Lorea, maestra en Derechos Humanos.

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Ya se han modificado códigos civiles para que las personas transgénero puedan hacer los cambios legales de su identidad, pero solo en Ciudad de México y cuatro estados: Michoacán (2017), Nayarit (2017), Coahuila (2018) y Colima (2019).

La abogada y maestra en Derechos Humanos explica a mexico.com que la Corte deberá confrontar los criterios encontrados emitidos por magistrados de Baja California y Guanajuato, cuya resolución sentaría jurisprudencia, es decir, un criterio obligatorio para todos los tribunales.


#Sinjuiciosniprejuicios

Este video fue grabado para quienes decidieron en Guanajuato que las personas trans deben agotar un juicio para reconocer su identidad. Su mensaje sigue vigente, ahora para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comparte las razones por las que se debe reconocer la identidad de las personas trans en la vía administrativa #sinjuiciosniprejuicios #hazlovisible 🏳️‍🌈🇲🇽📣

Posted by Amicus on Monday, February 18, 2019

Los magistrados de Guanajuato sostienen que las personas trans deben agotar un procedimiento judicial, con todo lo que representa: que se hagan públicos los datos de quien promueve su reasignación de sexo y la posible intervención de terceras personas que puedan oponerse.

En Guanajuato es necesario iniciar un juicio que dura al menos 3 meses para poder obtener la rectificación del acta de nacimiento, cuando como trámite administrativo tardaría alrededor de 12 días.

En contraste, magistrados de Baja California señalan que una norma es inconstitucional si no contempla la rectificación de nombre y sexo entre los procedimientos de cambios de datos en actas de nacimiento, es decir, reduce la modificación a un trámite administrativo.

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Obstaculizar el trámite es una forma de discriminación ante el costo y tiempo que representa viajar a otro estado donde sí es posible el cambio de identidad.

Y aunque una persona trans lograra hacer el trámite, por ejemplo, en la Ciudad de México, no hay garantía de que la nueva acta de nacimiento va a ser aceptada para un trámite en su estado de origen, señala la abogada.

“Se emite el acta con el nombre y la identidad sexogenérica de la persona (en otra entidad), pero entonces esa acta primigenia, con la que se registraron de bebés sigue estando en Guanajuato, entonces cualquiera puede ir a sacarla”, indica Lorea.

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En caso de resolver a favor de que de las personas trans, la batalla por el reconocimiento a su identidad iniciaría otro frente: los congresos locales y la “voluntad política” para modificar sus código civiles, explica la abogada de Amicus.

¿Cuántas personas trans han cambiado su acta de nacimiento?

No hay un censo oficial del número de personas transgénero en el país o de cuántos han logrado cambiar su cata de nacimiento en las cinco entidades donde ya es posible, o mediante juicio, en otros estados.

El 71.9% de los mexicanos considera que los derechos humanos de las personas transgénero y transexuales se respetan “poco o nada”, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) presentada en agosto pasado.

La cifra coloca a este grupo como el de mayor percepción de la falta de respeto a sus garantías, encima de las personas homosexuales y lesbianas (65.5%) y los indígenas (65.4%).

“Que la Suprema Corte aproveche esta oportunidad de verdad sería un gran cambio y uniría a México a los países protectores de los derechos de las personas trans”, apunta la cofundadora de Amicus.