La criminalización del aborto continúa como un problema en cada estado de la República. Al menos 13 mujeres han estado en prisión preventiva por el delito de aborto en el periodo de enero de 2007 a diciembre de 2016 y otras 28 personas han estado en prisión definitiva, de acuerdo con un informe realizado por GIRE dado a conocer este jueves en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

A pesar de que en la Ciudad de México es posible recurrir a la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación, es una de las entidades con mayor tasa de denuncias —4.2— por cada 100 mil habitantes. Ocupa el segundo lugar después de Baja California —5.4— y seguido de Baja California Sur —3.3—, Tamaulipas —3.1—, Nuevo León —2.9— y Morelos —2.6—.

En el periodo de 2007 a 2016 se han presentado 4 mil 246 denuncias por aborto, de acuerdo con solicitudes de información realizadas por GIRE.

El informe documenta con datos obtenidos de cada entidad y del gobierno federal que la criminalización por aborto en México “sigue patrones comunes: niñas y mujeres llegan a un servicio de salud con un aborto incompleto o en evolución y, ahí, son cuestionadas y denunciadas por el mismo personal de salud, trabajadoras sociales o por sus familiares y conocidos”.

En todo el país se han dictado 98 sentencias en el periodo de 2007 a 2016, pero GIRE solo tuvo acceso a 21 expedientes, donde 18 resultaron condenatorias y tres de absolución. La mayoría de las sentencias implicaban prisión por seis meses o hasta año y medio, además de fianzas de hasta 10 mil pesos.

Generalmente, el ministerio público acude a interrogar a las mujeres cuando aún están en las camas del hospital y, en muchas ocasiones, los casos se basan solo en confesiones realizadas bajo presión y en contextos de emergencias médicas.

“Algunos de los procesos penales culminan en sentencias condenatorias, ya sea a privación de libertad, multa, trabajo en favor de la comunidad o ‘tratamiento médico integral’, una forma de sanción que, a pesar de no representar una pena de prisión, perpetúa la idea de que quienes abortan necesitan ser ‘curadas’”, destaca el informe.

GIRE emitió una serie de recomendaciones a los distintos niveles de gobierno y poderes. A los congresos locales recomienda realizar las reformas necesarias para despenalizar el aborto en las entidades.

En caso de crear un Código Penal federal único, sugiere la despenalización en todo el país. a las instituciones de salud locales y federal, garantizar el acceso a causales legales de aborto, sin imponer barreras injustificadas, en particular en casos de violación, que el personal de salud priorice la atención de las mujeres, y que se cuenta con personal médico no objetor en todo momento.

Al poder judicial, garantizar el adecuado acceso a la justicia y reparación del daño a las víctimas que han sido criminalizadas.