El Senado aprobó un histórico dictamen en materia de paridad de género para los órganos y poderes del Estado, lo cual fue motivo de celebración, sí, pero entre los escaños comienza a preocupar otro tema: la liberación de recursos del programa federal Proequidad, nacido en 2002 para apoyar organizaciones que trabajan por los derechos de niñas y mujeres.

Concretamente, no se sabe qué pasará con los 86 millones de pesos que le fueron asignados este 2019 a Proequidad y que hasta el momento el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) no ha liberado, presuntamente por una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en febrero emitió una circular para que las dependencias de gobierno no transfieran recursos del presupuesto a organizaciones civiles.

La senadora Kenia López Rabadán dijo que es lamentable que esta situación sea por una decisión presidencial.

“No hay una lógica del por qué no han sacado la convocatoria, del por qué no se están distribuyendo los recursos a favor de las mujeres. Si están detenidos o no se van a dar por esa terrible circular del presidente que prohíbe dar recursos a organizaciones no gubernamentales o intermediarios, me parece algo lamentable. Las mujeres históricamente hemos luchado por el programa Proequidad, por Fevimtra (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas), por Inmujeres; hemos luchado por todo eso, y que hoy se esté desvirtuando o disolviendo, es un problema no solo para las mujeres, sino para su familia”, dijo a este medio la senadora.

Ante los cuestionamientos, Nadine Gasman, directora de Inmujeres declaró a mexico.com que se está trabajando en sacar los recursos, aunque todavía no hay una fecha clara.

Sobre los señalamientos que se trata de una decisión que contraviene la lucha de las mujeres, Gasman dijo: “no hay ninguna duda que el recurso está aprobado y se va a ejercer, así que es una hipótesis que no es real”.

Activistas, más de mil organizaciones, así como el Consejo Social y Consultivo de Inmujeres han informado que el fondo está detenido porque dependencias como la Secretaría de Gobernación analizan si la entrega de este recurso no contraviene la circular del presidente respecto a que los recursos no deben ser entregados a terceros, sino directamente a las personas que lo necesitan.

La feminista y exsenadora Angélica de la Peña explicó que Proequidad ha ayudado a mujeres y a niñas que se encuentran en situaciones de riesgo o vulnerabilidad por afectación a sus derechos, y al quitar estos recursos, las primeras afectadas son ellas.

“(El mensaje que manda el gobierno) es que no le interesan las mujeres. Ningún gobierno puede ser democrático sin que trabaje de la mano con las organizaciones de la sociedad civil”, dice De la Peña.

La política enfatizó que los recursos de Proequidad “no son los recursos de un gobernante, no es la caja de un gobernante que llega y dice que él puede hacer lo que quiera con ese dinero, sino que es producto de los impuestos de todo el mundo, entonces esos recursos se deben regresar en derechos, en acciones políticas, siempre de la mano coadyuvantemente de organizaciones de la sociedad civil”.

En la Cámara de Diputados, las legisladoras Martha Tagle, Verónica Sobrado y Silvia Villavicencio han comenzado a poner el tema en la mira, pues finalmente fue la cámara baja la que etiquetó los 86 millones para Proequidad.

El pasado 13 de mayo, decenas de mujeres de diversos estados de la República se manifestaron en el Foro rumbo a la elaboración del Informe de México para la Plataforma de Acción de Beijing (PAB), donde se encontraba la directora de Inmujeres, Nadine Gasman, para exigir la publicación del Fondo Proequidad.

Entre 2002 y 2013, el Proequidad otorgó financiamiento a 383 organizaciones para la realización de 587 proyectos que han beneficiado a mujeres y familias de diferentes estados de la República, refieren datos oficiales.