“Una falla en el sistema”. Así es como bromea sobre sí mismo Fortino Domínguez, un indígena zoque urbano de Guadalajara. Como todo chiste, tiene un fondo de verdad. Solo entre dos y tres de cada 100 indígenas logran llegar a la universidad. “No estaba programado, no estaba en el horizonte que yo estudiara y que fuera profesor de la Universidad de Guadalajara”, dice divertido, “soy parte de un 3%, no soy una constante, sino algo atípico”.

Fortino nació en el norte de Chiapas, pero cuando tenía 10 meses, el volcán Chichonal entró en erupción y causó un éxodo de zoques. El padre de Fortino, con su mujer y sus dos hijos pequeños, emigró a Guadalajara. Allí ya tenía conocidos que se habían mudado antes. Casi sin hablar español, logró salir adelante y que sus dos pequeños se graduaran de la universidad.

Él no nos enseñó a hablar la lengua zoque en su totalidad”, dice Fortino, “creía que si nos la enseñaba, nos iban a discriminar. Aunque no la aprendimos, nos discriminaron igual”. La estadística de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 que se dio a conocer este lunes le da la razón.

El 40% de la población indígena declaró haberse sentido discriminado por ser, justamente, miembros de los pueblos originarios. Los principales ámbitos donde vieron que les habían discriminado eran los servicios médicos, el transporte público, la familia o la calle. La resistencia del padre de Fortino a enseñarle la lengua a sus hijos podría circunscribirse al ámbito familiar. Sobre el ámbito de la calle, este antropólogo tiene varias historias relacionadas.

“La discriminación es cotidiana. Lo notas en la mirada. Entras en un supermercado y el policía te sigue pensando que vas a robar algo”, continúa. Cuando era más pequeño Fortino sabía que en los centros comerciales no era bien recibido y por eso no iba. “La ciudad está marcada en términos de clase y hay espacios donde no eres bien recibido”, explica. En la encuesta, el 40% de los hombres indígenas declaró haber sido discriminado por su forma de hablar, el 26% por su peso y estatura y el 23% por su tono de piel. El 13% dijo que le habían insultado y al 13%, mirado de forma incómoda.

“En el imaginario social, la piel morena se asocia con una cuestión subalterna. Soy chaparro y moreno en Guadalajara, de los rancheros, de la imagen típica del mestizaje. La gente duda que yo sea profesor de universidad, me asocian con un albañil”, cuenta, “la gente de la comunidad en Guadalajara no hablan zoque entre ellos por la calle porque hay gente que les humilla”.

Justicia ciega con los indígenas

En la encuesta también se trata el tema de “derechos negados de manera injustificada” en el último lustro. En este apartado, el 51% de los indígenas declaró que le negaron atención médica o medicamentos, el 37% que no pudo recibir programas sociales como becas y el 29% habló de que no logró atención o servicios en oficinas del gobierno. Y dentro de este último rubro, hay pocas tan discriminatorias con los indígenas como las oficinas donde se imparte justicia.

De acuerdo con datos del propio Gobierno, en 2015 había más de 8 mil indígenas en cárceles mexicanas. Una funcionaria, Laura Ita Andehui Ruíz Mondragón, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), durante unas conferencias tituladas Derechos humanos, justicia y lenguas indígenas, aseguró que la gran mayoría están en procesos irregulares y sufren violaciones a sus derechos humanos.

“¿Por qué los indígenas tienen un acceso más complicado a la justicia que una persona que no lo es?”, se pregunta Ariane Assemat, de la asociación Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLEGAL). Un aspecto es el alejamiento e incomunicación de las comunidades de los tribunales y los centros penitenciarios. Esto hace que sea muy difícil que un abogado pueda llamar testigos para comparecer y, en caso de lograrlo, no tiene dinero para pagarle los viajes a los procesos.

Pero el fundamental es otro. “Los indígenas no tienen acceso universal y gratuito a un intérprete traductor bien cualificado. El INALI tiene un registro de unos 600 intérpretes pero el problema es quién los paga. Los jueces en general lo ven como un voluntariado y no hay una partida presupuestaria para pagarle a los intérpretes”, asegura Assemat.

En caso de que no se consiga un intérprete, el acusado puede decidir declinar tener un traductor. “Algunas personas indígenas que hablan algo de español entonces dicen que no quieren intérprete para acelerar el proceso, pero el problema es que entienden la mitad y no pueden responder bien”. Un documento de AsiLEGAL, El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en Chiapas y Oaxaca, cifra en un 41% los procesos en esos dos estados no estuvo presente un traductor; y en los que hubo uno, el 44% no se entendía con el traductor.

“Como no pagan, acaban agarrando a cualquier persona que hable más o menos, aunque el intérprete y la persona defendida no se entiendan bien”, se lamenta Assenat, “no hay una seriedad en este tema”. Una forma de discriminación tan terrible que puede llevar a la víctima a la cárcel.