A principios del 2000 fui detenido por policías ministeriales de Tlaxcala. Llegaron por mí y me dijeron que me fuera con ellos, que un amigo estaba en problemas. Estaba con mi novia en el Estado de México y, cuando me resistí, me dijeron que o me iba con ellos o se la llevaban también y la mataban. Me subí. Me pusieron una chamarra en la cabeza.

Empezaron a darme vueltas por las colonias de alrededor mientras me pegaban. Yo no sabía por qué. Yo oía sus radios. Todo me decía que eran policías. Me seguían pegando. Hasta que llegamos a un lugar que ahora sé que era la Procuraduría de Tlaxcala. Me metieron a una parte que estaba en obra negra. Y ahí empezó la tortura.

Me desnudaron y me vendaron entero, como una momia, salvo la boca y la nariz. Empezaron a golpearme, a echarme agua mineral en la nariz, a darme toques en las partes, los testículos. Me preguntaban todo el rato por un niño y una niña. Que qué les había pasado. Yo no sabía de qué me hablaban. Al final les pedía que me dijeran qué tenía que decir para que no me hicieran más. Ellos insistían e insistían.

Quien cuenta a mexico.com esta historia de terror sucedida dentro de las oficinas de una procuraduría de justicia mexicana pide que no revelemos su nombre, por temor a represalias. Él pasó 15 años en cárceles de Tlaxcala, Ciudad de México y Veracruz hasta que pudo salir mediante un amparo en 2016.

Sobre su caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala ya emitió una recomendación, pidiendo subsanar irregularidades en la averiguación previa.

Y de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que acompaña el caso desde 2004, él y las demás víctimas “fueron detenidas y trasladadas a la PGJE”, donde las obligaron, mediante torturas, “a inculparse en hechos en los que no participaron, así como a generar pruebas que los inculparan en la realización de secuestros, tales como grabaciones de voz”.

Este miércoles, mexico.com publicó que solo 7 de los 32 estados de la República han creado las Fiscalías Especializadas en delitos de tortura, como lo dicta la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, a pesar de que el plazo para su cumplimiento venció el 27 de septiembre de 2017.

Su tortura, por lo que recuerda la víctima, duró un día. Durante ese tiempo oía gritos de otros torturados. Luego supo que eran familiares y amigos suyos, a quienes también habían detenido.

Ya en la madrugada nos hicieron firmar una declaración que supuestamente nosotros habíamos hecho. También nos hicieron grabar unas palabras inconexas: Dinero. Secuestro. Maldito. Partes.

Finalmente nos mandaron al juzgado. Ahí me enteré que estábamos acusados de dos secuestros, delincuencia organizada y delitos contra la salud con hipótesis de venta. Ellos editaron las palabras grabadas y montaron un audio como si fuéramos secuestradores. Eso y la declaración nos condenó desde el principio.

El resto (de sus familiares) siguen presos. Otro familiar, más mayor, falleció dentro de un penal por la falta de cuidados. Era diabético y le dieron una paliza dentro. Le afectó parte del hígado y se le complicó. No había cuidados médicos ni alimentación adecuada. Y se murió ahí. Lo mató la situación.

En el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, establecido como oficina propia dentro de la Comisión de Derechos Humanos a finales de 2017, han realizado unas 200 visitas a lugares de detención e internamiento, principalmente penales y cárceles, a lo largo de este año.

“Cuando saben que vamos, (los trabajadores de los reclusorios) barren, trapean y cuando llegamos aún huele todavía a pintura. Pero se trata de condiciones tan malas que no se pueden arreglar en poco tiempo”, nos cuenta la directora ejecutiva del Mecanismo, Ninfa Domínguez.

“Hemos observado que hay insuficiente atención médica y malas condiciones de alojamiento, sin luz y con humedad. No tienen agua ni para bañarse ni para asear la ropa. La comida no es de calidad suficiente, no tienen alimentación adecuada ni para personas mayores ni para diabéticos”, enumera. Según los datos del INEGI, el 32% de los reclusos comparte celda con de 6 a 15 personas. El 12.9%, con más de 15 compañeros de celda. El 10% dice haber sido víctima de algún acto de corrupción.

Ninfa Domínguez dice que cuando se habla con los presos, lo normal es que comenten casos de maltrato físico y verbal, de que los guardias los identifican por sus delitos —’hey, tú, ratero’, ‘hey, tú, violador’, ‘hey, tú, secuestrador’—. Según ella, los reclusos consideran que eso es lo normal, “creando una naturalización de la tortura”.

Ya dentro del reclusorio sucedieron otras cosas. Hubo extorsión de otros internos, que también nos golpeaban. Como íbamos por un delito que deja mucha lana, querían que les diéramos 200 mil pesos para que no nos hicieran nada. Al final logramos solucionarlo con 17 mil. Eso lo hacían los reclusos, pero lo sabían los directores.

La familia de la víctima, asesorada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, puso una denuncia por torturas en Tlaxcala. Tuvo que hacerlo en la misma Procuraduría donde lo torturaron y donde trabajaban los torturadores. Según asegura, aunque iban cada cierto tiempo a preguntar en qué parte del proceso estaba la denuncia, esta nunca avanzó.

Yo salgo en 2016. Y me llevan a Tlaxcala, a que ratifique la denuncia. ¿Sabes dónde tuve que hacer la denuncia? Es hasta chistoso. En la misma zona de edificio donde me habían torturado. Habían convertido esa parte de obra negra en el área donde denuncias a los servidores públicos.