En México los derechos de las personas de la comunidad LGBT se respetan selectivamente. No son los mismos en cualquier estado o ciudad del país.

Tras casi 10 años de lucha por parte de activistas, el Senado aprobó las reformas que reconocen los derechos de las parejas homosexuales en materia de seguridad social y pensiones. Tras la aprobación en el Senado de las leyes del IMSS y el ISSSTE, toca a la Cámara de Diputados aprobar la minuta y que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

“De la mano de eso, tendríamos que hablar de matrimonio civil igualitario, el cual solo es posible en 14 de 32 entidades de la república”, señala Lol Kin Castañeda, una de las primeras mujeres en casarse en Ciudad de México en 2010 y activista LGBT+.

En el resto de los estados, las personas homosexuales tienen que interponer un amparo para ejercer el mismo derecho que los demás mexicanos.

“El hecho de que no haya esa legislación, coloca en desventaja a esas familias de lesbianas y homosexuales, algunas de las cuales tienen hijos y problemas de salud y no pueden tutelarse, tomar decisiones por su pareja por este impedimento de que no se reconozcan como familia”, señala Castañeda, quien fue constituyente de la Ciudad de México.



Lo mismo ocurre con las personas transgénero, quienes pueden hacer cambios en sus actas de nacimiento en la capital del país y con ello tramitar identificaciones que reflejen su identidad de género sin exponerse de más a actos de discriminación, pero no está legislado a nivel federal.

Castañeda señaló en entrevista que la legislación en materia de identidad de género es uno de los grandes pendientes.

Una legislación federal que permita el cambio de género y nombre en documentos oficiales, permitiría a muchos hacer los cambios en todos los papeles que respaldan su historial.

“...Y con ello avalar todos sus estudios, su experiencia laboral y una serie de puntos que en este momento solo es posible en 3 de 32 estados de la república. Es decir, en 29 estados, las personas trans quedan sin historial académico simplemente porque el estado niega ese reconocimiento, queda sin derechos laborales, se enfrentan a la discriminación y a la violencia”, señala la activista LGBT+.

Los crímenes de homofobia y transfobia representan otro de los grandes pendientes, señala, pues tan solo este año se han registrado 60 crímenes en todo el país, de acuerdo con el conteo que realizan activistas con base en notas periodísticas.

“La dignidad no puede esperar. Cada vez que pasa el tiempo y que alguien se enfrenta a falta de derechos, a estas historias vulneradas, lo único que sucede es que el costo de la discriminación se traslada a la persona que lo vive y sin herramientas, en muchas de las ocasiones para poder resolverlo”, señaló.


Por una reforma al Código Civil federal

Alex Orué, activista por los derechos de la comunidad LGBT, coincidió en que la agenda es mucho más amplia que los derechos sociales de lo matrimonios del mismo sexo, aunque este representa un paso importante.

“Esto fue una gran victoria y claro que se debe de reconocer la voluntad política de quienes presentaron esta iniciativa, a la bancada de Morena en especial y al Movimiento Ciudadano y a todas las bancadas”, dijo a mexico.com.

Advirtió que aunque el matrimonio igualitario es competencia de los estados, el Congreso de la Unión puede reformar el Código Penal federal en la materia.

Esta reforma le permitiría que la cancillería pueda realizar los matrimonios igualitarios a través de toda la red consular mexicana en beneficio de mexicanos en el extranjero.

La legislación de identidad de género también se puede impulsar a nivel federal, dijo

“Eso facilitaría que el gobierno expida como pasaportes sin tanta traba, como hasta el momento lo es para cualquier persona que quiera sacar un documento oficial”, señaló el director ejecutivo de It Gets Better México.