A nueve días de asumir la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum presentó el plan que le permitirá cumplir una de sus promesas más polémicas: eliminar las fotomultas. Muchos expertos en movilidad opinaron, desde la campaña, que la medida sería contraproducente ante el objetivo de reducir la velocidad de los autos, y por lo tanto, las muertes por hechos de tránsito.

El nuevo equipo que integrará la Secretaría de Movilidad (Semovi), liderado por Andrés Lajous, ideó un nuevo sistema que cambia las sanciones económicas por sanciones cívicas. Es decir, cursos de capacitación y trabajo comunitario. Se argumentó que los automovilistas con poder adquisitivo han internalizado el costo de las fotoinfracciones, mientras que para la mayoría, estas representan una afrenta a su economía familiar. Por eso se implementará un sistema de “fotos cívicas”, donde las sanciones por rebasar los límites de velocidad serán iguales para todos.

Expertos en movilidad consultados por mexico.com cuestionan la propuesta, pues sostienen que la primera consideración de la política pública debería ser la vida de las personas.

Otros ven con buenos ojos que las nuevas autoridades viales busquen educar y cambiar las conductas de los automovilistas, aunque tienen dudas respecto a la eficacia en la implementación de la medida.

El equipo de Lajous ha dejado claro que uno de sus principales objetivos será la seguridad de los usuarios de todo tipo de transportes. Y especialmente de peatones y ciclistas: los más vulnerables de la vía. Protegerlos a través del diseño vial, la infraestructura y la educación es uno de los tres ejes de su plan estratégico, que fue presentado el pasado 20 de noviembre. Los otros dos ejes consisten en integrar los distintos sistemas de movilidad y mejorar los servicios de infraestructura existentes.

Rodrigo Díaz, quien ocupará el cargo de subsecretario de planeación, nos adelantó algunas de las acciones concretas que se tomarán en materia de seguridad vial a partir del 6 de diciembre.

El arquitecto y planificador urbano de origen chileno (@pedestre en Twitter) asegura que el equipo no va a partir de cero, pues se aprovecharán los avances logrados en la administración saliente. Específicamente las acciones planteadas en el Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI), un documento que fue elaborado con el consenso de distintos entes gubernamentales, la sociedad civil, el sector privado y la academia.

Una de las acciones prioritarias, explica Díaz, será la intervención de 32 cruces identificados como de alto riesgo, que son “realmente complejos desde el punto de vista del tráfico y la seguridad vial”. El próximo funcionario asegura que el flujo inadecuado se resuelve con infraestructura, semaforización, señalización y diseño urbano.

En cuanto a infraestructura ciclista, la administración entrante pretende duplicar la red de carriles exclusivos para bicicletas y mejorar su interconexión. Actualmente se calcula que existen 170 kilómetros de ciclovías.

“Siendo responsable, creo que podemos ir más allá de duplicar”, dice Díaz. “Vamos a hacer énfasis en conectar las ciclovías ya existentes –que hoy están fragmentadas– y en expandir la red hacia las periferias. Iztapalapa, Tlalpan y Tláhuac son bastante ciclistas, pero tienen una pobre infraestructura”.

La educación sobre buenas conductas viales, explica, se hará a través de campañas permanentes y del diseño urbano. “Estoy convencido de que el diseño educa”, dice Díaz, quien también considera fundamental concentrar los esfuerzos educativos en ciertos actores clave, como los choferes del transporte público, los taxistas y los infractores, “siempre orientando al cambio de conductas”.

Las acciones que se tomarán en cada uno de los tres ejes de acción son integrales, indica el especialista. “Hay medidas que no tienen el rótulo de seguridad vial pero sí se traducen en mejoras. Por ejemplo, la reforma en el modelo de negocios del transporte concesionado: los microbuses. La idea es formar empresas para que dejen de competir por los pasajeros y eliminar las carreras. Queremos lograr un mejor comportamiento de un actor sensible como es el transporte colectivo”.

Licencias de conducir en 15 minutos

Una de las grandes deudas que deja la administración saliente en materia de movilidad es la aplicación de exámenes de manejo para la obtención de la licencia de conducir. La exsubsecretaria de planeación, Laura Ballesteros, aseguró en diciembre de 2017 que dicho examen sería obligatorio en el 2018. La obligatoriedad está contemplada en la Ley de Movilidad de Ciudad de México, aprobada en 2014, y, por lo tanto, en el Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI).

Sin embargo, el próximo equipo de Semovi no tiene planes a corto plazo para cambiar la situación actual, según nos dice el futuro subsecretario de planeación. “Probablemente en ninguna parte del mundo sea tan fácil obtener una licencia de conducir como en la Ciudad de México: bastan 15 minutos, pagar una cantidad y uno obtiene su licencia sin ningún tipo de examen”, señala Díaz.

“A mí en en lo personal por supuesto que me gustaría tener exámenes rigurosos para obtener la licencia de manejo”, añade. “Creo que la licencia no es un derecho, sino una responsabilidad y hay que estar habilitado para ella”. Sin embargo, Díaz afirma que la dependencia no está preparada para implementar un examen de manejo, ya que esto implica multiplicar personal, equipos, procedimientos y mecanismos anticorrupción.

“En la práctica y más allá del discurso, en la administración anterior no se avanzó nada en esto. Por eso ahora estamos más bien avanzando en otros términos para enfocarnos en el tema de la licencia en el mediano plazo”.

La evaluación de los expertos

Preguntamos a tres expertos en movilidad su opinión acerca de los planes futuros de Semovi, especialmente sobre el controvertido tema de las fotos cívicas.

“Es un traje a la medida: resuelve el disgusto social pero no afronta las consecuencias y virtudes del sistema de fotomultas”, considera Víctor Alvarado, investigador en movilidad urbana y seguridad vial en El Poder del Consumidor. “El objetivo es generar conciencia para que se respeten los límites de velocidad. La política pública tiene que resolver problemas públicos, aunque haya disgustos”, añade.

Otro tema que preocupa a Alvarado es el anuncio por parte de Sheinbaum de que se dejará un rango de 10 km/h por encima del límite de velocidad establecido antes de imponer una sanción cívica. Es decir, que si el límite es 50 km/h y el conductor es captado a 60 km/h, no habrá consecuencias de ningún tipo.

“Hay que recordar lo que indica la Organización Mundial de la Salud”, dice Alvarado. “Un solo kilómetro por hora aumenta en 3% la incidencia de lesiones graves y en 5% la incidencia de muertes. Es alarmante que se dé un rango de 10 km/h cuando las recomendaciones internacionales alertan de los riesgos”.

Otras dos especialistas consideran que la medida de multas cívicas es buena, en el sentido de que busca cambiar el comportamiento de los conductores. Sin embargo, ambas han expresado sus dudas respecto a su correcta implementación.

Una de ellas es la arquitecta y urbanista Gisela Méndez, actual Coordinadora de la Unidad Técnica de Movilidad en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu). Ella señala una dificultad que también fue mencionada durante la rueda de prensa donde se anunció el programa de fotos cívicas. “Hay muchos vehículos que no son operados por los dueños, y no solo porque se lo prestan un día a un familiar: hay arrendadoras, autos empresariales, de Gobierno, el propio transporte público”, dice Méndez.

Con la tecnología existente, sin embargo, las sanciones –ya sean cívicas o económicas– solo pueden imponerse a las placas del vehículo y no al titular de la licencia. “Rastrear a esas personas será complicado de operar”, advierte la especialista. Ella considera, además, que es fundamental cambiar el sistema de obtención de licencias de conducir, “para que el cambio de conducta venga desde allí, y no solo hasta que se pone una sanción”.

Clara Vadillo, Líder de Proyectos de Política Pública en el ITDP México, también apunta que es necesario pensar en un sistema más amplio para lograr cambios en los comportamientos. “En muchos países hay multas económicas por rebasar los límites de velocidad que se complementan con multas cívicas. No son excluyentes”, afirma. “Esto permite que quien haya perdido puntos pueda recuperarlos con cursos o talleres. Las multas cívicas son medidas que involucran a la persona y la hacen más consciente de su propia seguridad y la de los demás”.