46 mil 525. Esa es la cifra que el INEGI arroja sobre las mujeres víctimas de homicidio entre 1990 y 2016. La mitad de estos asesinatos ocurrieron después de 2007. Fue justamente en ese año, el inaugural del sexenio de Felipe Calderón, cuando se creó la Alerta de Género de Violencia de Género contra las Mujeres.

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Alerta “es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”, y tiene “como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos”.

Hay dos tipos de Alerta de Violencia de Género. La alerta de violencia de género contra las mujeres por violencia feminicida y la de agravio comparado. La primera es por el aumento de las muertes y la violencia, mientras la busca eliminar las desigualdades producidas por un ordenamiento jurídico o por políticos públicas hacia las mujeres.

El reglamento emitido en 2008 establece una serie de plazos para la declaración de una alerta de género. Primero debe presentarse la solicitud. Si es aceptada, se forma un grupo de trabajo que evalúa la situación de la entidad federativa, formado por funcionarios de Gobierno y académicos. Este tiene 30 días para realizar una investigación sobre los hechos presentados en la solicitud.

El informe de la investigación, que debe incluir propuestas de acciones preventivas, de seguridad y justicia, tiene que presentarlo al Ejecutivo estatal. En dos semanas, tiene que aceptar o no las conclusiones del informe. Si las rechaza, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, emitiría el decreto.

En caso de hacerlo, el Ejecutivo tiene seis meses para realizar las acciones contenidas en el informe. A los seis meses, el grupo de trabajo emitirá un dictamen sobre los cumplimientos de las acciones. Según este dictamen, la Secretaría de Gobernación, mediante la citada Comisión Nacional, emitirá o no el decreto de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en un plazo no mayor de 10 días una vez recibido el dictamen.

Por ponernos en plan práctico, vayamos a la primera entidad en declarar esta alerta: Estado de México. La solicitud la presentaron en diciembre de 2010 la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Comenzó entonces un camino burocrático que devino en amparo judicial y acabó, cuatro años años después, en la declaración de la Alerta el 31 de julio de 2015 en 11 municipios.

Supuestamente, con la declaración de la Alerta, debieron llegar medidas como fortalecer las instituciones encargadas de la investigación y denuncia, vigilar que las autoridades cumplieran con capacitar a los funcionarios para atender a las mujeres víctimas de violencia, tener un banco de datos estatal, tener una estrategia educativa, cumplir las órdenes de protección... Según denunciaron las solicitantes, casi nada de esto se cumplió. El mecanismo ha sido contestado desde ciertos sectores de la sociedad civil por considerarse ineficiente.