El pasado 29 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que, durante gobiernos anteriores, se compraban servicios a columnistas por millones de pesos, pero advirtió que no daría a conocer sus identidades.

“Ahí sí, por cuestiones de dignidad no voy a mencionar los nombres. Pero acabo de decir que yo no digo mentiras, tengo las pruebas, porque eso sí sería una agresión directa y sé lo que represento. Eso sí que sería muy fuerte”.

Él puede reservarse la identidad de esos periodistas, aunque sería interesante saber a qué se refería exactamente cuando habló sobre “cuestiones de dignidad” y “agresión directa”. Probablemente, se refería a las consecuencias en redes sociales o al desprestigio de quienes se vieran involucrados.

Esto suena un poco extraño porque unos días antes, el 15 de abril, habló de manera distinta. En aquella ocasión, advirtió a los reporteros que cubren sus actividades: “y si ustedes se pasan, ya saben lo que puede suceder. No soy yo, es la gente. Ya no son ciudadanos imaginarios, hay mucha inteligencia en nuestro pueblo”.

Es curioso: por una parte, guarda bajo llave los nombres de periodistas a quienes se han entregado millones de pesos en recursos públicos durante los gobiernos neoliberales y, por otro lado, advierte lo que podría sucederles a quienes —desde su perspectiva y la de sus seguidores— critiquen sin fundamento al actual gobierno federal.

Sin embargo, más allá del silencio de López Obrador sobre los columnistas contratados por sus antecesores, al menos los inmediatos, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, hay algo que está por encima de su decisión e incluso de su propia investidura: la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La presidencia, en este caso encabezada por López Obrador, está obligada a entregar la información sobre esos columnistas cuando existan de por medio solicitudes de acceso a esos archivos. Se trata de personas que, si bien no tienen cargos oficiales, recibieron recursos públicos ya sea a su nombre o de las empresas que usaron para hacerse llegar de los embutes.

No es una simple decisión personal. La Presidencia debe rendir cuentas sobre el destino de ese dinero cuando alguien se los pregunte y, además, puede ser cualquier ciudadano. Esta ley no es patrimonio de los periodistas ni de los académicos ni de los intelectuales. Y esta información existe, el propio López Obrador así lo ha reconocido en público y algo más:

En una entrevista con la revista Contralínea, el vocero, Jesús Ramírez, reveló que 15 columnistas cobraron de manera individual cientos de millones de pesos. Pero no hay documentación de todo.

“También te debo decir que los tecnócratas del pasado no eran tan ordenados: en el manejo de la corrupción, no dejaron registro. No hay [archivo en formato] Excel; no hay un registro automatizado. Todo está en cajas de contratos individuales o de campañas, no están siquiera digitalizados. Hablamos de muchas cosas que no están registradas: menciones, impactos, entrevistas, todo está tasado”, le comentó al reportero Zósimo Camacho.

La información que tengan en Presidencia debe ser pública, a pesar del desbarajuste. Desde luego, habrá que tener cuidado con el manejo de los datos personales, pero en principio, eso debe transparentarse, aunque a López Obrador no le agrade la idea.

Pero las cosas no son tan sencillas. Algo pasa dentro del gobierno actual. Los recursos de revisión ante el INAI se han disparado durante los últimos meses. Es decir, hay un incremento de quejas por negativas a entregar archivos.

De acuerdo con datos obtenidos para esta columna, entre diciembre del 2018 y marzo del 2019, el INAI recibió 118 recursos de revisión. Por ejemplo, entre diciembre del 2017 y marzo del 2018 —aún durante la administración de Peña Nieto— hubo apenas 6 recursos de revisión.

La diferencia es abismal.

Durante muchos años, en los gobiernos anteriores hubo pagos a un grupo privilegiado. En el libro “La Conspiración del 68. Los intelectuales y el poder: así se fraguó la matanza” (editorial Debate), escrito por el periodista Jacinto R. Munguía, pueden encontrarse los antecedentes, justamente, de uno de los casos más ignominiosos para México.

El autor comenta que esta información debería ser pública porque hay algo mucho más importante: debatir sobre los vicios de la relación prensa-poder.

Desde su perspectiva, la postura de López Obrador es muy fría porque sigue manteniendo el control de la información. Los expedientes de esos periodistas bajo llave. Eso no significa que quiera negociar con ellos como en antaño, pero sí representa una sutil manera de manejar el poder.

Ahora con López Obrador las cosas serán distintas, pero también está en juego el aprender de nuestra propia historia. Desde luego, dar a conocer esos nombres sería durísimo para los implicados, un desprestigio. Pero también sería una lección para los medios de comunicación y los periodistas. Es una manera de tomar conciencia y de asegurarnos que eso no se volverá a repetir.