Fue en 2017 cuando conocimos las pruebas documentales y testimonios sobre cómo Odebrecht entregó sobornos en México por alrededor de 4 millones de dólares y, algunas de esas entregas, coincidieron con las campañas presidenciales del 2012. Uno de los contactos de esa poderosa compañía constructora brasileña era, desde entonces, Emilio Lozoya.

Él se encargó, en el papel, de las relaciones internacionales del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, pero en realidad fue el enlace con los empresarios. El priista ganó la elección, gobernó los seis años que le correspondían y se fue de la antigua residencia oficial de Los Pinos, sin que su cercano amigo, colaborador, y excoordinador de campaña, Luis Videgaray, dijera esta boca es mía respecto al caso Odebrecht.

En ningún momento salió ante los medios de comunicación, organizó alguna rueda de prensa o emitió un boletín fijando su postura. Ni como secretario de Hacienda y tampoco como canciller en el gobierno peñista habló del tema a pesar de que el asunto Odebrecht se convertía en el escándalo de corrupción en América Latina más importante en décadas, y que había provocado el encarcelamiento de expresidentes así como de exfuncionarios brasileños, solo por citar dos ejemplos.

Como exjefe de campaña, Videgaray no desmintió la información sobre la llegada de sobornos a un colaborador del candidato Peña Nieto.

Primero como secretario de Hacienda y luego como canciller, discretamente, se hizo a un lado y dejó que los reflectores apuntaran únicamente hacia Emilio Lozoya.

Desde luego que nadie en sano juicio esperaría que el propio excoordinador de campaña de Peña Nieto aceptara que llegó dinero sucio de Odebrecht, pero tampoco se puede negar que Videgaray ha hecho lo posible para mantenerse al margen. Sin embargo, 2017 fue un punto de quiebre.

Su sombra apareció en el caso Odebrecht aunque él pisara de puntillas para no hacer ruido. El 14 de agosto de ese año, Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, fundadores de la organización periodística Quinto Elemento Lab, y el diario brasileño O’Globo revelaron el contenido de la delación del exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll, quien confesó que, en marzo del 2012, se reunió con Loyoza —entonces miembro de la campaña de EPN— para negociar una recompensa por haberlos ayudado a cerrar negocios en Veracruz cuyo gobierno encabezaba Javier Duarte.

Según el testimonio de Meneses Weyll, su contacto en México quería 5 millones de dólares, pero le dieron menos; alrededor de cuatro. De acuerdo con el mismo delator, Lozoya pidió que el dinero fuera triangulado a través de la empresa de papel llamada Latin American Asia Capital Holding, establecida en las Islas Vírgenes, uno de los paraísos fiscales.

Ese dinero de ahí sería transferido a una cuenta de Lozoya en el banco suizo Gonet et Cie. Weyll dijo que aceptaron pagar el soborno porque Lozoya se perfilaba como un funcionario influyente en el próximo gobierno de Peña.

“A principios de 2012, constaté que Emilio Lozoya había alcanzado una posición destacada en el PRI, que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012, cuyo candidato era el favorito en las encuestas. Lozoya se había convertido en uno de los líderes del comité de campaña, por lo que probablemente se convertiría en una persona influyente en la administración pública del país”, declaró Weyll ante la fiscalía brasileña, en Curitiba.

Cuando Peña asumió la presidencia, el 1 de diciembre de 2012, Lozoya fue designado director de Pemex y, desde esa posición, negoció otros 6 millones de dólares en sobornos a cambio de obras en la refinería en Tula, de acuerdo con la versión del delator.

Días después, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) obtuvo copias de estados de cuenta del Meinl Bank, propiedad de Odebrecht, ubicado en la isla de Antigua. El reportero Raúl Olmos identificó siete transferencias hacia la empresa de papel que había citado Luis Weyll como delator: Latin American Asia Capital Holding. Los movimientos de capital fueron por unos 40 millones de pesos, según al tipo de cambio de aquel entonces.

En Brasil, el caso Lava Jato, del que surgieron las operaciones corruptas de Odebrechet, tomó fuerza a partir de 2014, hace ya cinco años.

En diciembre de 2016, un grupo de ejecutivos que trabajaron para la constructora brasileña confesaron en Estados Unidos haber entregado sobornos en México por al menos 10 millones de dólares para obras con Pemex. Parece que fue ayer, pero eso sucedió hace dos años y medio.

La trampa de Odebrecht parecía sencilla: la compañía, como la humedad, traspasaba lentamente dentro de los gobiernos, sin importar las banderas ideológicas, para asegurar contratos por millones de dólares y, al mismo ritmo, detectar qué grupo podría estar en el poder durante los próximos años para darles coimas o financiar sus campañas. Así actuaron en todo el continente.

¿México fue la excepción? Si la respuesta a esa duda fuera afirmativa, la postura de la Fiscalía General de la República en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá ser irrefutable.

No bastará con declarar la inexistencia de pruebas sobre dinero sucio en la campaña de Peña Nieto. Las dimensiones de este asunto requieren de explicaciones detalladas. No olvidemos que, en octubre del 2017, Santiago Nieto fue despedido como titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) por investigar, precisamente, el vínculo que podría unir a Odebrecht con el equipo peñista.

Santiago Nieto es ahora el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera en la nueva secretaría de Hacienda. En 2014, cuando estalló el escándalo en tierras brasileñas, las autoridades mexicanas, en ese entonces durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, no tomaron nota.

Por lo pronto, sabemos que la orden de aprehensión en contra Emilio Lozoya Austin no es por el caso Odebrecht. El fiscal Alejandro Gertz ha dicho ya que se trata de las irregularidades en la compra-venta de la planta chatarra de fertilizantes por 95.8 millones de dólares de más.

En días recientes, hubo revuelo en torno a Videgaray, porque el abogado Javier Coello —defensor de Lozoya— lo citaría en caso de ser necesario, pues como secretario de Hacienda formó parte del Consejo de Administración de Pemex.

No obstante, el caso Odebrecht deberá presentarse ante algún juez el próximo viernes. El 7 de junio, se cumple el plazo que el propio Gertz Manero se puso para desahogar este expediente. ¿Hubo un deliberado encubrimiento desde la PGR para no conformar una investigación sólida del caso? ¿Para proteger a quién? Estas dos preguntas permanecerán en el terreno del nuevo gobierno.

Por ahora, Videgaray puede seguir detrás del telón, andado de puntillas para no llamar la atención. No ha respaldado a Lozoya, al menos públicamente. Mientras tanto, Lozoya no menciona a nadie, ningún otro nombre en el asunto Odebrecht.