Este texto es una versión ligeramente editada de la intervención de su autor en las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional que se llevaron a cabo el jueves pasado en la Cámara de Diputados.

Llevamos dos sexenios de guerra. De operativos conjuntos, decomisos, detenciones y abatimientos. De depurar y capacitar fuerzas, de reformar el marco jurídico, de fortalecer la cooperación internacional. De homicidios, desplazamientos, violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. De fortalecer tejido social, de apostar por mejorar la coordinación, la prevención. Etcétera, etcétera. En este tiempo hemos acumulado mucha experiencia y conocimiento. Existen multitud de organizaciones, de especialistas, de funcionarios públicos comprometidos, honestos, profesionales, que llevan años invirtiendo su esfuerzo, su tiempo y su talento estudiando el problema de la seguridad en México y tratando de encontrar soluciones. Hay un montón de investigación, de datos e indicadores, de evaluaciones. En suma, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no empieza, no tendría por qué empezar, de cero. Ni tampoco el Congreso de la Unión.

De hecho, una de las ofertas más pertinentes de la campaña electoral de 2018 fue, justamente, la de impulsar un “nuevo paradigma” en materia de seguridad, un cambio de visión, para transitar de un enfoque punitivo a soluciones, digamos, más sensibles a la dimensión social de la violencia. Sabemos que eso hacía falta. Sin embargo, la propuesta de reforma constitucional está en las antípodas de esa promesa. Se trata de una propuesta pensada completamente “desde arriba”, concentrada en consideraciones de fuerza y mando, que no rescata nada que pueda llamarse, ni remotamente, una visión social del problema de la seguridad.

Y sí, sabemos que en las encuestas el uso de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública es muy popular. Lo ha sido desde el sexenio de Calderón, aunque no lo sea tanto la evaluación de su desempeño. Sabemos también que existe una noción muy extendida de que regresarlas a los cuarteles sería dejar a la población en un estado de indefensión frente al crimen organizado. Pero que sea popular no quiere decir que produzca los resultados deseados y nadie ha planteado realmente la posibilidad de sacar a las fuerzas armadas de las calles en el corto plazo. La pregunta que habría que hacerse, más bien, es sobre el estado de indefensión en el que deja a la población un proyecto que redobla la apuesta por las fuerzas armadas. Que lejos de fortalecer a las instituciones civiles, de instrumentar más controles o crear más contrapesos, le entrega mucho poder a unas fuerzas armadas muy poco transparentes, que rinden muy pocas cuentas y que son el principal responsable de las recomendaciones que emite la CNDH por violaciones a los derechos humanos (7 de cada 10). Eso lo sabemos, está documentado. No son interpretaciones, son datos. No se puede resolver el problema de no dejar a la población indefensa frente al crimen optando entonces por dejarla indefensa frente a las fuerzas armadas.

Sabemos que la seguridad pública no es, no debería ser, tarea de las fuerzas armadas. Que su formación, su función, su cultura, son otras. Pero la creación de una Guardia Nacional dentro de la órbita de la Secretaría de la Defensa, sometida a mando militar, es abiertamente contraria a ese conocimiento. Cuando la SCJN rechazó la Ley de Seguridad Interior lo dijo con absoluta claridad: es inconstitucional dar a las fuerzas armadas tareas permanentes de seguridad pública. La respuesta no puede ser entonces reformar la constitución para darle la vuelta a lo que ha dicho la Corte. Si estamos ante una situación extraordinaria, ante una amenaza grave, la propia constitución establece en su artículo 29 requisitos, procedimientos y plazos para hacerle frente. Procesemos la emergencia conforme a lo que dice la Constitución, no constitucionalicemos la emergencia.

Sabemos que un poder sin límites es un poder propicio para los excesos y los abusos. Pero la iniciativa de reforma no está buscando adecuar el sistema de poderes extraordinarios o de emergencia ya previsto en el texto constitucional (artículo 29), está creando una alternativa a dicho sistema para que el uso de la fuerza de la Guardia Nacional escape al control constitucional. Propone, por ejemplo, que se eliminen las facultades del Senado (art. 76, fracción IV) y de la Comisión Permanente (art. 78, fracción I) de autorizar al presidente para disponer del uso de la Guardia Nacional. Es decir, que el Poder Legislativo renuncie en su función como contrapeso y acceda a que la Guardia Nacional se convierta, para todo efecto práctico, en el ejército del presidente.

Más aún: ¿dónde está el diagnóstico sobre el que se sustenta esta tentativa de constitucionalizar la militarización de la seguridad pública? ¿Dónde está la evidencia que avala esta decisión, de acuerdo con qué estudio, investigación, reporte o evidencia se está proponiendo? ¿En qué experiencia exitosa, nacional o internacional, se inspira? ¿Qué grupo de especialistas u organismos independientes la avala? La falta de un diagnóstico puntual y exhaustivo que avale la propuesta, la ausencia de un esfuerzo de fundamentación riguroso y público, es francamente vergonzosa. Una decisión de esta magnitud, y con sus consecuencias potenciales, no se puede tomar por mera intuición ni sobre las rodillas.

Sabemos que hay casos exitosos, localidades e incluso regiones que han logrado reducir la violencia. Sabemos que hay otras que han fracasado. Pero sabemos, y esto es lo fundamental, que una característica que comparten los casos éxitos es que han sido producto de soluciones hechas a la medida de cada uno de esos lugares. No hay una sino muchas, distintas violencias. Lo que funciona en Tamaulipas no necesariamente funciona en Baja California Sur, las causas de la violencia en Chihuahua no necesariamente son las mismas que en Guerrero. Uno de los mayores consensos que se han construido en estos doce años es que las soluciones de una sola talla, desde el centro, con fuerzas que guardan una relación de exterioridad con las localidades en las que se despliegan, no funcionan. Sabemos que distintas violencias requieren distintas políticas, que se hagan cargo de las especificidades locales de cada sitio, no una única y misma solución para todos.

También sabemos que la posibilidad de mejorar la seguridad pública está estrechamente vinculada al sistema de justicia en su sentido más amplio, a desarrollar sus capacidades. Crear y desplegar una nueva corporación militar como la Guardia Nacional sin invertir en las instituciones de justicia es condenarnos a prolongar la lógica de la guerra y a postergar la lógica del derecho. La lógica de la guerra es la arbitrariedad, la lógica del derecho son los procedimientos. No podemos combatir al crimen organizado, no podemos reducir la violencia solamente con, como diría el presidente, “balazos”. Necesitamos ministerios públicos, juzgados, policías, centro de readaptación que funcionen. El problema no se resuelve haciendo a un lado todas esas instancias, minimizándolas. Al contrario.

La experiencia y el conocimiento acumulados durante estos doce años no respaldan la decisión de constitucionalizar la militarización de la seguridad pública. Incluso aunque sea mediante un artículo transitorio que establezca un periodo excepcional de cinco años, tras los cuales el mando se trasladaría de la Secretaría de la Defensa a la de Seguridad Pública. ¿Por qué cinco? ¿Para que sea el siguiente gobierno, y no este, el que se haga cargo? Si la actual administración confía en que ese traslado va a ser posible, debería fecharlo para un periodo de tiempo más breve, que la haga responsable de llevarlo a cabo. Y si no confía en que será posible, entonces no debería generar ninguna excepción y mejor ubicar, desde un inicio, a la Guardia Nacional bajo un mando civil.

En resumen. No a soluciones enfocadas en la fuerza y el mando, sin visión social de la violencia. No a soluciones que dejan a la población indefensa frente a las fuerzas armadas. No a soluciones que buscan constitucionalizar la inconstitucionalidad. No a soluciones militaristas, que dotan a las fuerzas armadas de facultades permanentes de seguridad pública. No a soluciones arbitrarias, sin controles ni contrapesos. No a la desvinculación de la seguridad pública y la justicia. No a soluciones sin diagnósticos ni evidencia que las avalen. No a soluciones centralizadoras que no se hacen cargo de la diversidad de las circunstancias locales. No a soluciones que, sabemos, no van a funcionar. No a soluciones que ponen la confianza en un líder por encima de la experiencia y el conocimiento que dolorosamente hemos acumulado durante los últimos doce años. Rechacemos la política del desaprendizaje.