El título de esta columna lo tomé del programa Aristegui Noticias del pasado jueves santo, cuando la periodista Ana Lilia Pérez dijo en una mesa de análisis sobre el caso Odebrecht que el suicidio del expresidente peruano, Alan García, nos hacía preguntarnos: ¿y qué pasa en México?

Él se pegó un tiró cuando agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad llegaron a su casa con una orden de detención. El Sistema Nacional Anticorrupción ordenó su aprehensión preliminar por 10 días, por presuntos pagos ilícitos vinculados a la construcción del Metro de Lima, durante su segundo mandato (2006-2011).

Sí, por una detención preliminar, Alán García se quitó la vida. Este ha sido el calibre del caso conocido en Brasil como “Lava Jato”. Odebrecht es uno de sus tentáculos.

Junto con él, serían detenidas otras 10 personas, entre ellas Juan Carlos Sánchez Balbuena, quien fuera su secretario general. Todos acusados de recibir o participar en transferencias de Odebrecht a la offshore Ammarin Investment Inc, a través la Banca Privada de Andorra.

Entre octubre y noviembre de 2018, periodistas de América Latina publicamos nueva información sobre el caso Lava Jato. Esta vez, la información para el pago de sobornos no venía de Brasil. Ahora, los datos brotaban desde el Principado de Andorra, allá en los Pirineos, entre España y Francia.

Odebrecht pagó 200 millones de dólares en comisiones ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de Latinoamérica a través de la Banca Privada de Andorra, según informes confidenciales de la Policía de este Principado. La información, publicada por El País, reveló que los investigadores bajo las órdenes de la juez del caso, Canólic Mingorance, barajan esta suma tras examinar las cuentas de 145 clientes.

Demetrio Papadimitriu, exministro y jefe de la campaña para la presidencia del panameño Ricardo Martinelli, manejó alrededor de 2.1 millones de dólares de sobornos depositados por Odebrecht también en Andorra. En Argentina, dos casas de cambio se involucraron en transacciones irregularidades con la Banca Privada de Andorra:

Onestur, presuntamente colaboró en la salida de decenas de miles de dólares vinculados a Daniel Muñoz, el fallecido exsecretario privado de la familia Kirchner y la otra empresa, Giovinazzo S.A —ya extinta— fue asociada con un bufete uruguayo que intervino en las operaciones ilegales de Odebrecht.

¿Y en México? La policía de Andorra descubrió nuevos indicios de sobornos en la construcción de una presa en Michoacán, que fue asignada a Odebrecht por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, y cuyo costo se duplicó en la gestión de su sucesor, Leonel Godoy Rangel, cuando ambos eran miembros del PRD. Esto, durante el mandato del expresidente Felipe Calderón.

Cárdenas Batel es jefe de asesores del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, mientras que Godoy fue nombrado el pasado 8 de octubre delegado de Morena para las elecciones de Baja California en 2019.

Odebrecht utilizó la Banca Privada de Andorra para transferir presuntos sobornos a una cuenta a nombre de Víctor Guerra Reyes, quien fue el funcionario responsable de la construcción de la presa Francisco J. Mújica en la región de Tierra Caliente, que tuvo un costo cercano a los 3 mil millones de pesos. Todos los mencionados han rechazado su participación o involucramiento.

Recientemente, el 8 de abril de 20019, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó que Hacienda rastrea las operaciones financieras de Blunderbuss Company de México, una empresa “fantasma” que el departamento de sobornos de Odebrecht utilizó para triangular 6 millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la isla de Antigua, Estados Unidos y México.

Ese dinero se transfirió a México entre 2009 y 2011 y es distinto a los sobornos de 10 millones de dólares que exdirectivos de Odebrecht aseguran haber pagado durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 y, posteriormente, ya durante el gobierno del mexiquense, entre 2013 y 2014, a cambio de contratos de obra en la refinería de Tula.

De acuerdo con el periodista Raúl Olmos, el SAT también investiga una red de 11 empresas fantasma ligadas con Blunderbuss, con la que compartían socios, representantes y apoderados legales. Cuatro de las 11 empresas investigadas por el SAT participaron entre 2013 y 2018 como proveedores de la administración pública federal y de los gobiernos del Estado de México y Coahuila, con contratos por al menos 192 millones de pesos.

Algo parece moverse dentro del gobierno de López Obrador, la duda es hasta dónde llegarán, hasta dónde jalarán la cadena de complicidades. Hasta ahora, el nombre de mayor peso que ha sido mencionado en investigaciones periodísticas es el de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y quien participó en el equipo de campaña de Enrique Peña Nieto.

Pero solo se trata de una presunción, aunque los delatores en Brasil —ex ejecutivos de Odebrecht— han confesado la entrega de 5 millones de dólares. Odebrecht no fue una empresa que corrompía a nivel de ventanilla. El suicidio del expresidente peruano, Alan García, sirve —entre otras cosas— para dimensionar lo que está de por medio.

Esta poderosa constructora llegaba lo más alto posible para garantizar contratos y, al mismo tiempo, financiaron campañas de quienes se perfilaban como presidentes.

Por ello, cuando la periodista Ana Lilia Pérez dijo que la bala que mató al exmandatario peruano rozó a México, no hace otra cosa que preguntarnos hasta dónde estarán dispuestos a llegar en el gobierno de López Obrador.

Lo que públicamente se avista, no va más allá de Pemex. Y, si eso fuera sí, sería poco creíble que, en México, Odebrecht se dedicara a sobornar a funcionarios sin tocar a los círculos cercanos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Y no es prejuicio ideológico, ni ganas de ver correr sangre, pero resultaría poco creíble que en México se hubieran comportado de una manera distinta, sabedores de los niveles de corrupción que inundaron por lo menos el gobierno del priista.

En caso de que no existan pruebas que pudieran ir más allá de un director de Pemex, el fiscal anticorrupción, Santiago Nieto, así como el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, deberán ser absolutamente transparentes y, sobre todo, convincentes de que en México nunca sucedió nada parecido a Perú o Brasil.

Mientras permanezcan estáticos, sin enviar un expediente de peso político ante los juzgados, la expectativa va creciendo. El 8 de noviembre pasado, Jorge Enrique Pizano, el testigo estrella de la justicia colombiana por un presunto desfalco y delitos relacionados con corrupción en la construcción de una autopista por Odebrecht, murió aparentemente de un infarto fulminante dentro de su domicilio en Bogotá, Colombia.

Unos días antes, compareció durante más de una hora explicando cómo había descubierto los movimientos de empresas de papel para sacar millones de dólares del país.

Tres días después, Alejandro Pizarro —hijo del auditor fallecido— tomó del escritorio de su padre una botella de agua con cianuro. Hasta el momento, no está del todo esclarecido qué hacía ese veneno ahí, al alcance de la mano. Esto ha sucedido dentro del juicio contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade.

¿Y qué pasa en México? La balanza se carga hacia la empresa. La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha multado hasta con 56.8 millones de dólares a Odebrecht por múltiples irregularidades en contratos con Pemex, pero la empresa ya se fue del país. Ejecutivos de Odebrecht han confesado en Brasil a cambio de beneficios como la disminución de sus años de cárcel. En México se atacó de frente a la compañía y sus cómplices están libres.

La SFP ha anunciado multas contra una decena de exfuncionarios de Pemex pero no hay peces gordos en la red. Aquí pasa justamente lo contrario al resto de los países involucrados: la compañía es la única responsable, al menos eso se desprende la información oficial pública.