Uno de los temas candentes que deberá atender el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador será el caso Odebrecht. En sus recientes intervenciones, él ha dejado en claro que pugnará para que en México exista una ley de punto final a través de la cual no se persigan los actos de corrupción del pasado, a menos que la gente decida lo contrario en una nueva consulta planeada para 2019. Sin embargo, a la poderosa constructora brasileña no la podrán encajonar de esa manera.

En el caso de Odebrecht existen investigaciones abiertas por dos vías: los sobornos por 10.5 millones de dólares y el presunto financiamiento a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. López Obrador han dicho que no detendrá ni intervendrá personalmente en los expedientes judiciales ya en curso. Pero, para avanzar por esta ruta, deberán tomarse decisiones políticas antes que judiciales.

En Brasil están los testimonios de los delatores –la mayoría ex ejecutivos de Odebrecht– así como los documentos sobre cómo se crearon empresas de papel para transferir los sobornos a México. En los expedientes manejados por la PGR e incluso dentro de la causa que involucra al ex director de Pemex, Emilio Loyoza, los nuevos funcionarios no van a encontrar estas pruebas. Y no las hallarán porque el Gobierno de Peña Nieto nunca firmó un acuerdo con Brasil para que esa información fuera entregada a México.

¿Por qué nunca lo hicieron? Podríamos pensar que tuvieron miedo o demasiadas precauciones al destapar un asunto que podría crecer como una bola de nieve. Esta respuesta, desde luego, es una conjetura porque no existen documentos para probarla. Pero, en lo que no cabe duda alguna, es que los testimonios de los delatores brasileños y los documentos sobre las trasferencias de dinero no están México, los tienen en Brasil.

Por eso el Gobierno de López Obrador deberá tomar una decisión política: ¿Firmarán o buscarán un acuerdo con Brasil? ¿La ley de punto final incluirá este tipo de acuerdos?

Desde que el caso Odebrecht exploto a nivel internacional, Brasil pidió un par de cosas para entregar la información a otros países: No actuar en contra de los delatores porque sería imposible juzgarlos dos veces por los mismos delitos, y no actuar contra la compañía por las acusaciones que enfrentaba en territorio brasileño.

El 31 de mayo de 2017, en una entrevista con Alberto Elías Beltrán, el encargado del despacho en la PGR hasta el final del gobierno de Peña Nieto, dijo a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que todavía no habían firmado un acuerdo con Brasil y, mientras tanto, viajarían para interrogar oficialmente a Marcelo Odebrecht, el dueño de la constructora.

Eso sucedió hace un año y ocho meses. Hasta el momento sabemos muy poco o casi nada desde la propia PGR. Por su parte, la Secretaría de la Función Pública ha anunciado sanciones contra Odebrecht por irregularidades en Pemex. De hecho, existen ya ocho castigos contra la compañía, de los cuales cuatro de ellos implicarían que la empresa no podría volver a tener contratos en México.

Pero esto será pura pirotécnica, juegos artificiales lanzados por el gobierno que se fue. Lo importante y sustancial para llegar a fondo en este caso todavía está en territorio brasileño. Y ahora, esto estará en manos del nuevo gobierno encabezado por López Obrador.

Por ejemplo: el 13 de agosto del 2017, los periodistas Alejandra Xanic e Ignacio Rodríguez Reyna de la organización periodística Quinto Elemento Lab publicaron extractos de las declaraciones de Luis Weyll, el exrepresentante de Odebrecht en México, quien afirmó que entre 2012 y 2014 pagaron a Emilio Lozoya 10 millones de dólares en sobornos. Esta información se complementó con documentos mostrados por Raúl Olmos, de MCCI, que confirmaban que el dinero se depositó en cuentas bancarias en Europa a nombre de empresas de papel llamadas Latin America Asia, Capital Holdings Ltda y Zecapan S.A.

Pero esta información no ha sido entregada a México. Por eso a la apertura de los expedientes, así como revelar la identidad de los testigos e implicados como lo ha ordenado en los últimos meses el INAI a pesar de la resistencia de la propia PGR, quizá tengan muy poco de sustancia. Lo trascendental de este caso está fuera del país. El Gobierno de López Obrador tendrá entonces una gran responsabilidad. Lo demás serán juegos pirotécnicos. Seguir apostando al expediente de la PGR será como correr en círculos.