El cambio de régimen que experimenta México hace crujir las estructuras sociales. El ruido lo escuchamos en las sobremesas, en charlas de café y, sobre todo, en las encendidas redes sociales. El caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido particularmente importante en estos días por la fuerza que ha tomado entre los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador y quienes se han levantado en contra de su Gobierno o en defensa de la división de poderes, como aseguran algunos de ellos.

Sin embargo, el ruido mediático sobre el choque entre el Gobierno de López Obrador, la Cámara de Diputados, el Senado y el propio poder Judicial federal también abre una oportunidad para que, desde los medios de comunicación, nos miremos en el espejo y, honestamente, reconozcamos las omisiones o las fallas que se han tenido en la cobertura respecto a los ministros, magistrados y jueces.

Desde el periodismo de investigación siempre hemos puesto énfasis en el poder Ejecutivo y ocasionalmente en el Legislativo. Nunca, o casi nunca, hemos apuntado la metodología y las técnicas que aplicamos en los políticos hacia las togas y los birretes.

Al menos desde la última gran reforma al poder Judicial federal emprendida por el ex presidente Ernesto Zedillo en 1994, nos dedicamos a reproducir sentencias y a traducir en un lenguaje más o menos sencillo la trascendencia de las decisiones emanadas desde el máximo tribunal del país o, en su caso, de los magistrados electorales.

En otras ocasiones buscamos opiniones sobre un expediente por resolverse. Otras veces escarbamos en las reacciones. En algún tiempo era todo un reto conseguir un proyecto de sentencia antes de que fuera votado en la Corte. Mejor aún, si esos voluminosos expedientes venían de un tribunal colegiado o unitario porque ahí el nivel de secrecía resultaba infranqueable.

Desde 1994, los medios de comunicación y los reporteros nos convertimos en notarios de los discursos de los ministros en sesiones públicas o de lo que resolvían los magistrados. Esto, desde luego, nunca fue nada fácil porque requería de contactos y conocimientos sobre derecho que muy pocos reporteros y reporteras tenían en este país.

Y en esa inercia, no levantamos las alfombras dentro del poder Judicial federal. Caminamos por ellas sin poner atención a lo que se escondía por debajo: a lo largo de 24 años fueron enquistándose ahí redes de nepotismo, zonas de opacidad total respecto a los privilegios de jueces, magistrados y ministros en un país con 53.4 millones de pobres, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social difundidos en agosto pasado.

No se trataba de que solo lanzáramos solicitudes de acceso a la información dirigidas a la Corte o al Consejo de la Judicatura Federal –el organismo que administra y regula la actuación del Poder Judicial–. Es decir, citar que los ministros han sido opacos o que ocultan archivos nos limitó.

A diferencia de lo que hemos hecho en los últimos tres gobiernos –Fox, Calderón y Peña Nieto– fue casi impensable entrar a temas del poder Judicial para elaborar bases de datos propias a partir de información pública, tampoco acudimos a los registros públicos, no metimos las narices en los paraísos fiscales tras pistas de ellos y de ellas.

Las herramientas del periodismo de investigación la guardamos para otros, no para el poder Judicial. Ahora abundan en redes sociales las opiniones y columnas sobre si son 450, 500 o 600 mil pesos el sueldo de los ministros, cuando esa información ha sido pública desde hace años… ¿y qué hicimos con eso?

Buena parte de la desinformación sobre qué pasa dentro del poder Judicial también es responsabilidad de quienes en algún momento hemos cubierto esas fuentes. No pensamos antes en la gente, en los ciudadanos para dotarlos de mejores herramientas cuando un político –sin importar su partido o ideología– señalara lo que ha venido sucediendo allá adentro.

Entre 1994 y 1997, apenas éramos cuatro o cinco periodistas cubriendo cotidianamente las actividades de la Suprema Corte, cuando no existía una oficina de Comunicación Social ahí dentro y teníamos que encontrar la forma de meternos a las ponencias de los ministros antes de que los guardias nos sacaran.

Y esa misma inercia por conocer las sentencias, interpretar los fallos, conseguir alguna entrevista, adelantarnos a algún novedoso programa como la instalación de más juzgados o la propuesta de una nueva Ley de Amparo nos fue devorando. Luego, vinieron las sesiones públicas por televisión y el trabajo se volvió rutinario.

No vimos con la misma agudeza las licitaciones o las compras dentro del Poder Judicial a diferencia de lo que hacíamos con los políticos. No basta con decir que todas las solicitudes de acceso a la información quizá las rechazaban desde el Consejo de la Judicatura; sabemos que hay otras herramientas para dar con los nombres de los proveedores, indagar sus rostros y sus antecedentes.

Lo que ahora puede saberse sobre el grave problema de nepotismo dentro del poder Judicial fue por un estudio de la propia Judicatura y no por iniciativa de los periodistas. La desinformación que priva en estos momentos sobre ese poder, que unos usan para presionar a los ministros y magistrados y que otros tuercen para defenderlos ha sido, en alguna medida, propiciada por el vacío informativo de los medios de comunicación.