Hay que dejarlo claro. Decirlo directo. Sin rodeos. Un rotundo NO a la creación de una Guardia Nacional dirigida por las fuerzas militares. No. Y no sencillamente porque nunca la operatividad militar o la militarización es la solución a los conflictos sociales.

Y la criminalidad, la que se manifiesta cotidianamente con esa violencia cruenta e irracional y que ha sido motivo, a la desesperada, para justificar la inclusión de la milicia en operaciones policiales, es una realidad que debe ser entendida y revisada como una crisis o tensión social y no como un tema de corte bélico.

No, porque no es guerra entre soberanías. Ni siquiera llega a estallido civil. Son cientos, miles de ciudadanos metidos al crimen, por necesidad, gusto o por vocación, eso sí, favorecidos por una red de corruptelas en todos los niveles de gobiernos y solapados por otros miles que consumen, degustan y enriquecen, también todos los días, el mercado ilegal.

En todo caso, esto tiene más cercanía con un estado fallido que ha puesto en tela de juicio la capacidad de la acción política de nuestros gobernantes para garantizar y proveer mínimos estándares de bienestar por ineficaces, corruptos o cómplices.

Aunque se quiera aludir que la aprobación de la Guardia Nacional respondería a una solución política, lo único que se demostrará es precisamente el fracaso de la política. Sí, recordemos lo básico: el esfuerzo mayor de la política ha sido siempre el de neutralizar los efectos de la violencia. Es conocida mundialmente la sentencia que señala que “la guerra es el fracaso de la política”.

Aquí, colocar al Ejército en esas tareas es el mayor de los fracasos. Es la derrota de la política y el triunfo de un mecanismo de acción de destrucción; es decir, de guerra. Usar al Ejército es darle carta de naturalidad al uso extremo de violencia.

En la iniciativa de ley para la creación de la Guardia Nacional, se establece que esta será un instrumento del Ejecutivo Federal y que se encargará de la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia en todo el territorio nacional. El mando de esta Guardia, punto álgido de discusión en estos días en el Senado, estaría a cargo de oficiales de las fuerzas armadas.

Esto es, sin rodeos, que le brindan a las Fuerzas Armadas y al presidente, un poder de discreción para la aplicación de la fuerza en casos no solo de detención de supuestos criminales sino también la discreción ante algún riesgo para la seguridad pública.

El tema es que ese “riesgo” no está del todo claro ni especificado ni bien articulado. Si me apuran, ese riesgo puede incluso venir de un contrincante político u organización rijosa. De ahí las advertencias de especialistas en señalar que se está dotando a la milicia de una centralización de mando casi a la par que la que Constitución le confiere el Ejecutivo. De ahí la lectura de ser una iniciativa inconstitucional. De ahí el temor de militarizar la política.

Los Ejércitos y, por tanto, los soldados que los componen —lo define cualquier tratado o diccionario elemental— son la institución de la defensa o ataque de un Estado. Los militares, digámoslo de una vez, están entrenados para matar. Esto es, eliminar al masiosare, al extraño enemigo.

En la acera de enfrente, las fuerzas policiales —igualmente instituciones con disciplinas como las milicias—, tiene como labor operativa disuadir e investigar los crímenes o delitos que afecten al orden público. Lo que los lleva al extremo de arrestar a sospechosos, resguardarlos y presentarlo a las autoridades.

Los jueces, después, se encargarán de lo suyo: juzgar, sentenciar, encarcelar. Hay también tareas policiales que se dirigen a la prevención de los delitos en donde los policías ejercen de agentes investigadores, como los ministerios públicos. Digámoslo claro, no están entrenados para matar, eliminar al masioare, al extraño enemigo. Sepámoslo todos, matan sólo en un caso extremo: en defensa propia.

Sepámoslo nuevamente todos: salir a eliminar maleantes a libre albedrío y a gusto de mira telescópica no es de policías. Adviértase entonces, la tamaña licencia y aforo que se le está otorgando a los militares para operar en asuntos propios de policías. No.

Un rotundo NO.

En la mesa del Senado, los legisladores han tenido en sus manos las advertencias que la ONU les ha hecho ver sobre el componente militar en la Guardia Nacional. Y ha sido muy clara en alertar de los altos riesgos en establecer un esquema de seguridad pública que conforme “la participación permanente de elementos militares en tareas de seguridad pública y su involucramiento en tareas de investigación criminal”.

Han sido todavía más directos en señalar que el combate a la delincuencia no es tarea de militares precisamente por el riesgo de exponer a los ciudadanos a esas fuerzas. Precisamente por el alto riesgo de violentar los derechos humanos (eso derechos que, precisamente, en conflictos bélicos son los primeros en ser violentados).

No son los únicos que han advertido y levantado la voz de alerta. Este país tiene ya varios lustros señalando el nada decoroso papel de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen, su colusión con las organizaciones criminales y su sistemático exceso de violencia en las retenciones de supuestos criminales. Véase el reciente estudio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) publicado en la plataforma digital de Animal Político.

En la última década, de enero de 2007 a junio de 2017, las Fuerzas Armadas fueron las instituciones de seguridad que incurrieron en más violaciones graves a los derechos humanos como torturas, desapariciones y ejecuciones. En ese periodo revisado, se registraron 148 recomendaciones de la CNDH. Y de esas, en 113 casos fue señalado al Ejército, y en 38, a la Marina. En conjunto, se trató de mil 69 personas, 929 fueron víctimas directas de tortura, asesinatos y desaparición forzada.

En tanto, la Policía Federal registró 46 recomendaciones, 21 las policías estatales y 14 las policías municipales.

Y si los datos no fueran contundentes, permítase aquí recordar solo unos pocos ejemplos testimoniales emitidos desde las entrañas de los propios militares:

—En mayo de 2011, la revista Proceso publicó varias entrevistas que realizó a soldados en la prisión del Campo Militar No. 1. En ellas, los miliares señalaban la colusión de altos mandos del Ejército con los cárteles del narcotráfico, así como las órdenes que la tropa recibía para robar o para proteger a delincuentes. “Un soldado sobreviviente de ocho tiroteos con zetas en el noreste del país reconoce que estas decisiones han derivado en graves “accidentes”: la muerte de civiles que viajaban en “carros sospechosos”. Para dejar a salvo la imagen del Ejército y evitar procesos judiciales, añadió el testimonio citado en la revista, “los superiores ordenan que se les pongan armas o drogas” a las víctimas”. (Proceso, 30 mayo 2011)

—En 2016, en una investigación elaborada por Periodistas de Pie, un soldado identificado como José reveló las órdenes que recibía de sus altos mandos cuando salían a patrullar: “Ellos nos decían jóvenes, van a salir a patrullar, van a salir, quiero chamba, quiero que metan resultados, la pinche delincuencia debe quedar erradicada, los sicarios, los traidores a la patria, todos esos pinches militares que ya no están con nosotros y que están en el otro bando deben ser erradicados. Ellos a ustedes no se la van a perdonar (…) Erradiquen jóvenes, erradiquen a todos los pinches traidores de la patria”. (Periodistas de Pie, 29 junio 2016)

—En otro testimonio, una madre vio a soldados rematar a tiros a su hija de 15 años pese a que la adolescente yacía en el suelo herida. La revista Esquire hizo eco de ese brutal testimonio. Y las investigaciones le dieron la razón. Los soldados habían masacrado a su hija. Sí, son las ejecuciones de Tlataya. Una de las mayores vergüenzas de licencias de ejecuciones sumarias al mando de los militares en el sexenio Enrique Peña Nieto. (Esquire, 1 abril 2017)

—Un botón más. En mayo de 2016, el diario New York Times publicó un dato revelador y aterrador: “el Ejército mexicano mata a ocho enemigos por cada uno que hiere”. (NYT, 26 mayo 2016)

Esa es la experiencia de la operatividad de nuestro Ejército. Sin rodeos. Hay que decirlo. Dejar constancia. Un rotundo NO.