En matemáticas cuando el orden de los factores no altera el producto se dice que una operación tiene conmutatividad. Por ejemplo, en una suma no importa si se pone primero el dos y luego el tres, o viceversa, el resultado siempre será cinco. En las restas no sucede lo mismo.

Entender esta pequeña regla puede hacer toda la diferencia en nuestra vida cotidiana. En la cocina lograr un pastel o una bola de masa embarrada de polvos depende de seguir la receta en orden. Lo mismo pasa con las políticas públicas de apoyos económicos: antes de entregar el recurso, habría que saber quién lo necesita y cuáles serán las reglas de operación.

El lunes despertamos con la noticia de que la avenida Bucareli, en el Centro de la capital, estaba bloqueada por estudiantes que exigían el pago de sus becas PrepaSí, un programa de la administración anterior que otorgaba, según su promedio, entre 500 y 700 pesos a los alumnos de educación media superior.

Los jóvenes no estaban ahí por casualidad: a unos los citaron vía whatsapp, otros vieron el anuncio en la página de Facebook de su plantel y los menos un tweet en la cuenta de PrepaSí en el que se les pedía acudir a las oficinas del Fideicomiso Educación Garantizada para un nuevo censo.

Por la mañana había trabajadores del Fideicomiso atendiendo y luego se sumaron voluntarios encargados del Censo de Bienestar. Es decir, se mezclaron autoridades locales y federales. Unas horas después el caos era tal que se colocaron unas cartulinas indicando que el registro que contaría sería el que se realizará el próximo 7 de enero, pero ante el reclamo de quienes pasaron horas formados, el personal aseguró que también se tomaría en cuenta el trámite de quienes ya lo habían hecho ese día.

Unas horas más tarde, el gobierno de la Ciudad de México publicó un comunicado en el que afirmó que a partir de 2019 todos los jóvenes, sin importar sus calificaciones, recibirán 800 pesos. Y que el programa pasará gradualmente a manos de la federación. También decía que los censos para la inscripción comenzarán el próximo año.

Es decir, contará la inscripción de quienes se formaron esta semana en una oficina que va a desaparecer, y la de los jóvenes que no fueron convocados formalmente pero todavía tienen oportunidad el 7 de enero. Al mismo tiempo. Además será válido el registro en algún momento de 2019, como anunció el comunicado del Gobierno de la Ciudad de México.

De alguna manera, a partir del año entrante se entregarán 800 y no 500, 600 o 700 pesos a los jóvenes, pero el número de beneficiarios no está claro puesto que al mismo tiempo se estará haciendo el censo.

En este caso, el orden de los factores sí altera el resultado. Para atender cualquier problema, primero hay que entenderlo: para eso sirven los censos. Uno bien hecho nos muestra focos rojos y patrones, que incluso pueden ser prevenibles. Un censo desordenado y con poco rigor no sirve porque implica tomar decisiones con base en información poco fiable.

No se trata de entregar dinero, se trata de que los jóvenes puedan estudiar sin preocuparse por comer o tener dinero para el transporte. Los ingredientes son los mismos pero el resultado uno muy diferente. Si todavía no me creen, piensen si quieren agitar primero el jugo y luego abrirlo, o abrirlo y luego agitarlo.