“Las medidas que se están tomando permiten cumplir con el ideal juarista que hablaba de la honrosa medianía en la que debe vivir quien sirve a la ciudadanía", fueron las palabras pronunciadas el 21 de agosto de 2009 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

En el salón Manuel Ávila Camacho de lo que todavía era la Residencia Oficial de Los Pinos, y acompañado por Fernando Gómez Mont, entonces titular de Gobernación; Agustín Carstens, de Hacienda; y Salvador Vega Casillas, de la Función Pública; Calderón cumplió con una de sus promesas de campaña: poner un tope máximo a los salarios de funcionarios y que nadie ganara más que el titular del Ejecutivo.

En la Cámara de Diputados, 11 años después, López Obrador durante su discurso para rendir protesta como presidente de México también enarboló la causa juarista: “Juárez decía que los funcionarios debían aprender a vivir en la justa medianía, y nosotros sostenemos que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Ambos presidentes, antagonistas declarados, y enfáticos en que se les ubique en lados opuestos de la historia reciente del país, comparten la misma causa. Calderón firmó el decreto por el que se estableció el tope de salario en la administración pública, y López Obrador se propone aplicarlo en los hechos, pues en 2009 el Poder legislativo nunca elaboró las normas secundarias para hacerlo efectivo.

Al contar con la mayoría de su partido en el Congreso, López Obrador logró a través de su bancada aprobar una Ley de Remuneraciones para que nadie gane más de los 108 mil pesos que se asignó como salario mensual, lo que ha causado una confrontación con el poder Judicial.

Dicho poder asegura que dicha ley lo que intenta es vulnerar su autonomía e independencia.

En el décimo día del gobierno de la Cuarta Transformación, se registró por primera vez en la historia reciente un acto público en el que jueces, magistrados, ministros y miembros del Poder Judicial acusaron al Ejecutivo de vulnerar la separación de Poderes. El arranque de esta administración es, por decir lo menos, vertiginoso y agitado.

Tras las elecciones de julio pasado, la siguiente elección definitoria e importante es una muy sigilosa y que en la mayoría de los casos sólo se lleva entre los miembros del máximo tribunal: la contienda por la presidencia de la Suprema Corte, la elección interna por presidir uno de los tres poderes de la Unión.

Lo que hace especial esta elección es que por primera vez un partido que no es el PRI ni el PAN intentan colocar a un ministro nuevo que pueda incidir en la votación del mes de enero.

Las pugnas al interior de la Corte ha crecido pues algunos ministros piensan que si dejan pasar al candidato favorito de Morena para presidir la SCJN, se cambiarían parte de los balances y se perdería la autonomía.

Por el momento el pleito se encuentra en definir, al menos en el Senado, quien será el nuevo ministro que sustituya a José Ramón Cossío.

Y de dar tiempo de nombrarlo e influir en la próxima elección a darse los primeros días de enero. En este inter, los ministros y el poder judicial tratarán de defender sus salarios.

En el libro ¿Absolutismo constitucional?, publicado en noviembre de 2018, el Ministro en retiro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, reconoce que la intención de disminuir estos sueldos es “políticamente correcta”, ya que su objetivo real es poner fin a los abusos en que incurrieron algunos funcionarios en el pasado, pero también es una muestra de “presidencialismo exacerbado”.

Considera que esta resolución muestra que el presidente de la República es el mejor servidor público y líder de la organización política del país y de los tres poderes de la Unión: “De ahí a la dictadura hay un solo paso, porque se asume como jefe de todos los servidores públicos, no reconoce uno de los principios fundamentales de nuestra organización política que es la división de poderes y el sistema de contrapesos”.

Es innegable que ha habido abusos en la administración pública, como lo es que estos deben acabarse. Sin embargo, imponer un tope salarial a los poderes Legislativo y Judicial debería pasar forzosamente por diversos análisis en materia de productividad. También en comparación con las compensaciones que se otorgan en el resto del mundo. Sobre todo, debería haber pasado por una amplia consulta y consensos, pues la imposición, la descalificación y la afrenta desde el Ejecutivo a los jueces genera la percepción de que se pretende minar la independencia y autonomía. O como dice Aguirre, nos acerca a una dictadura.