Por meses los ministros y miembros del Poder Judicial Federal pelearon una larga batalla con el actual Gobierno federal por la independencia, autonomía y, sobre todo, por la defensa de sus salarios. En ese tiempo jueces y magistrados decidieron incluso ampararse contra la llamada Ley Federal de Remuneraciones.

Fue el pasado 7 de diciembre cuando el nuevo Gobierno federal sintió la mayor afrenta desde ese poder, pues el ministro Alberto Pérez Dayán concedió una suspensión contra dicha ley a partir de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una minoría de legisladores de oposición.

A partir de esa suspensión la Suprema Corte puso en jaque a los legisladores que intentaban bajo esa ley fijar un presupuesto para el 2019. Pero la batalla final se dio el pasado 2 de enero, cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) decidieron que su presidente fuese Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

A partir de ese momento se señaló que el ala progresista de la SCJN había ganado sobre los conservadores. Sin embargo, eso aún está por verse. Lo cierto es que el nuevo ministro presidente sí es alguien que puede tener un dialogo responsable con la llamada Cuarta Transformación. No por nada uno de los artífices de su llegada fue el actual consejero de la judicatura federal Julio Scherer.

Ahora el reto principal para Zaldívar será demostrar la verdadera autonomía e independencia del poder Judicial. Y demostrar que en realidad lo que tiene con los otros poderes es un dialogo y no una sumisión.

Muchos críticos afirmaron que con su llegada se acababa el equilibrio de los tres poderes de la Unión pues la Suprema Corte se sumaba a la 4T. Difiero, pues Zaldívar como abogado y como ministro siempre ha tenido un mismo discurso. Puede dialogar, pero a la vez diferir y así lo ha hecho en diferentes sentencias y proyectos.

Ayer la SCJN anunció que el pleno de ministros acordó por unanimidad, y como medida de racionalidad del gasto público, que las remuneraciones de los 11 ministros serían disminuidas en un 25 por ciento respecto de las percibidas en 2018.

Asimismo, la presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal señalaron que revisarían los montos de las remuneraciones de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación –conforme a lo aprobado en el Presupuesto de egresos de 2019– a efecto de asegurar que sus remuneraciones no sean disminuidas durante su encargo.

Es importante señalar que esta disminución afectará en lo inmediato a los ministros en retiro. Y que dentro de las medidas los ministros también habrían acordado la reducción de salarios de los llamados altos mandos, que representan los ingresos de cerca de 200 secretarios de estudio y cuenta, y otros.

Los ministros explicaron que la Constitución es clara al señalar que las percepciones que reciben no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros Poderes. Sin embargo, y como primera muestra de apertura al dialogo –aunque ellos no lo expresaron así–, dijeron que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la SCJN ejercería una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes "bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que la propia Constitución establece”.

A muchos sorprendió la medida, sin embargo, desde diciembre pasado el ministro presidente Arturo Zaldívar público un documento en el cual detalló sus líneas de trabajo para los próximos cuatro años.

En su proyecto el ministro ya venía anunciando la contención de salarios de mandos superiores. También plantea que en los próximos cuatro años se dé una política de contención de salarios de estos altos mandos, que permitirá una reducción de al menos 15 por ciento real.

Desde entonces, el ministro consideró que era necesario implementar programas de austeridad a través de los cuales se asegure que el presupuesto del poder Judicial sea adecuado para sus funciones, pero dejó entrever la necesidad de ajustar esos salarios por los cuales estaban siendo criticados.

No será el único cambio, pues desde ya el ministro se encuentra trabajando en verificar y complementar las políticas de compras consolidadas, la cual venía estableciéndose sin transparencia alguna.

Pero los retos que tiene Arturo Zaldívar no acaban en los salarios y la vigilancia del presupuesto del poder Judicial. La gran batalla será combatir el nepotismo al interior de ese poder, acabar con la llamada “Familia judicial” en la que magistrados o jueces tenían a 10 o 12 miembros de su familia trabajando para ellos.

Sumado a estos retos, el mayor de ellos seguramente llegará cuando a la SCJN le sea tramitada una acción de inconstitucionalidad que afecte claramente al poder Ejecutivo y a la mayoría del Congreso de la Unión. Esta acción podría ser la propia Guardia Nacional.