La propuesta de Presupuesto de Egresos para el año entrante enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, ocupa, prácticamente, todo el espectro de la conversación pública al contener recortes que para muchos son inconsistentes con las promesas hechas durante la campaña electoral.

Si bien, los grupos parlamentarios de oposición han rechazado los recortes a las universidades públicas, el campo o el sistema nacional de salud, se prevé que el próximo sábado 22 de diciembre el PEF2019 sea aprobado con cambios minúsculos.

Sigue siendo parte de los usos y costumbres de la clase política mexicana, que alcaldes, dirigentes campesinos y gobernadores, entre otros, recorran los pasillos de la Cámara de Diputados para exponer proyectos y problemáticas que por su impacto entre la población sean susceptibles de algún incremento; ejemplo de ello, es la marcha que anualmente realizan los trabajadores sindicalizados de la UNAM para demandar un aumento en los recursos para la institución, o las largas esperas afuera de la oficina del presidente (en turno) de la poderosa Comisión de Presupuesto.

Pero este año, destacó que, en el presupuesto enviado por la Secretaría de Hacienda en manos de su titular, Carlos Urzúa, se etiquetaron recursos para las “desahuciadas” oficinas de comunicación social del gobierno federal, ello, a pesar de que nunca se vio a nadie intervenir por ellas en los corredores de San Lázaro.

El 15 de julio, López Obrador, presentó los 50 puntos de su Plan de Austeridad y Combate a la Corrupción, que en el número 29 establecía una reducción del 50 por ciento en el gasto de comunicación social, e incluso, previó la desaparición de las direcciones de todas las dependencias, y la creación de una Coordinación de Comunicación Social que desde la Presidencia de la República sería la encargada de la difusión e información del gobierno federal.

Ambas propuestas no se cumplen en el presupuesto, pues además de contemplar recursos para Comunicación Social, éstos se incrementan a los mismos niveles de los gobiernos pasados, es decir, mientras López Obrador planea gastar 3 mil 559 millones de pesos, en el PEF 2018, Peña Nieto contempló 2 mil 338 millones de pesos, aunque posteriormente, al igual que todos los años, erogó una cifra superior.

Pendientes

En contraste, resulta lamentable que, ante el clima de inseguridad generalizado, por segunda ocasión se haya cancelado el Consejo Nacional de Seguridad Publica programado para el 27 de diciembre.

Aunque por Ley, el Consejo Nacional de Seguridad debe sesionar dos veces al año, no tuvo ninguna reunión en el último tramo del gobierno de Peña Nieto, y por lo visto, tampoco tendrá en el primero de López Obrador, al menos este año. Esto a pesar de que el nuevo titular del Secretariado Ejecutivo se ha reunido en diversas ocasiones con diversas organizaciones civiles, entre ellas con la de Alejandro Martí. A todas estas organizaciones se había prometido que antes de finalizar el año se daría la reunión con todos los miembros del CNSP y que esta sería encabezada por el presidente de la República.

Las organizaciones tienen el temor de que ante el desconocimiento del manejo de las cifras y que al querer decir que la incidencia delictiva va a la baja se intente desaparecer de un plumazo la existencia del Secretariado Ejecutivo y con ello se deje de conocer las cifras reales de la incidencia delictiva en el país.

Sumado a ello está el asunto de la denominada Guardia Nacional, en la propuesta de presupuesto no se tomó en cuenta el gran problema que han tenido las fuerzas armadas en su despliegue a lo largo del país y se trata de la compra de combustible para sus rondines. Resulta que son los estados quienes pagan a los militares e incluso federales el combustible para los operativos, con los recortes los estados no podrán subsidiar a la federación en este sencillo proceso que en varias regiones ya ha dejado sin operación a los cuerpos militares.