El nombramiento de Ricardo Salinas Pliego como parte del consejo asesor para el plan de crecimiento en el nuevo Gobierno podría traer consigo dolores de cabeza para Andrés Manuel López Obrador. Alguna estrategia o algo tendrá entre manos con ese movimiento. El tabasqueño, quien asumirá la Presidencia el 1 de diciembre, tiene suficiente experiencia política para sopesar las luces y sombras de este personaje.

Sin embargo, hay información pública respecto a Ricardo Salinas Pliego que la nueva administración no debería echar por la borda. Sobre todo porque una de sus banderas ha sido el combate frontal a la corrupción y al dispendio de las arcas públicas.

Si pensamos que Morena ha dado pasos al frente para terminar por fin con las pensiones de los expresidentes de México y restringir, por ejemplo, los privilegios de los ministros y magistrados resulta contradictorio observar a Ricardo Salinas Pliego como asesor de la Presidencia de México.

El pasado 15 de noviembre, López Obrador dio a conocer los nombres de ocho empresarios mexicanos que integrarán un consejo asesor para su plan de crecimiento económico: Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldír, Carlos Hank González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez, Miguel Alemán Magnani y Ricardo Salinas Pliego.

Meter la cabeza en la tierra y dejar el cuerpo fuera como los avestruces o cerrar los ojos podría dejar al nuevo gobierno en un callejón sin salida. La idea de borrón y cuenta nueva será jugar al filo de una navaja.

Recientemente una investigación periodística difundida por Quinto Elemento Lab reveló que las Orquestas Infantiles de TV Azteca no son precisamente un ejemplo de filantropía corporativa. Por el contrario, constituyen un modelo en el que el Estado aporta la inmensa mayoría de recursos para un programa privado.

Tan solo entre 2009 y hasta el primer trimestre de 2018, se entregaron al menos 1,689 millones de pesos de recursos públicos a ese proyecto de Grupo Salinas. Y el dinero le llega desde muchos lados: Congreso, la SEP, Conaculta, la CFE y 29 gobiernos estatales.

Mientras tanto, los programas oficiales de cultura, festivales y compañías artísticas independientes de teatro, cine, danza o literatura, han pasado malas y oscuras horas porque invariablemente reciben una respuesta: no hay recursos, no hay dinero, de acuerdo con el reportaje hecho por Carmen García recientemente premiado durante la reciente Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN) realizada en Bogotá, Colombia.

“El florecimiento de las Orquestas y Coros Infantiles Esperanza Azteca –existen 86 en el país, integradas cada una por 200 niños y adolescentes– ha ido de la mano de la cancelación de festivales de teatro, música, danza y cine, la desaparición de orquestas sinfónicas, la difícil sobrevivencia de la mejor escuela de cine de México, la reducción a la mitad del presupuesto de la red de librerías públicas en todo el país, entre otros fenómenos”, describe el reportaje.

¿Qué harán el nuevo gobierno encabezado por López Obrador y los legisladores de Morena con este tema? Por congruencia habría que terminar con este tipo de apoyos con el erario a uno de los hombres más ricos de México. Pero hay algo más: ¿Qué significado tiene que un personaje que ha abusado de esta manera de los recursos públicos sea asesor de un gobierno que pretende acabar con los privilegios?

No atender a las revelaciones el periodismo de investigación, sin duda, tuvo costos para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso mismo podría suceder con la administración de López Obrador. El reportaje publicado por Quinto Elemento no únicamente merecería abrir una investigación, sino también mantenerse a distancia de estos personajes.

Pero esto no todo: en el caso Odebrecht también ha emergido el nombre de Ricardo Salinas Pliego. El nuevo Gobierno tendrá que enfrentar esta situación ante Brasil.

En julio del 2015, el controvertido juez Sergio Moro envió al Ministerio Nacional de Justicia una petición urgente de asistencia para avanzar en el proceso penal contra José Dirceu, uno de los principales involucrados en el caso de corrupción conocido como Lava Jato.

En ese momento era importante contar con los testimonios de Ricardo Salinas Pliego y de Carlos Slim, quienes presuntamente hicieron negocios con Dirceu a través de una empresa utilizada como fachada para el cobro de sobornos en América Latina.

En el libro “Gigante de Lodo”, de Raúl Olmos , e describe como Dirceu —identificado públicamente como un personaje cercado al ex Presidente Lula— fue condenado a ocho años de prisión por desviar fondos públicos para la compra de votos entre legisladores brasileños.

Dirceu, en su defensa, dijo que ambos empresarios mexicanos podrían corroborar que sí prestaba asesorías políticas y económicas a través de consultorías en Brasil y que no se dedicaba a pagar sobornos a políticos.

En México, la PGR se negó en reiteradas ocasiones a atender la petición de Brasil argumentando que no estaba del todo claro para qué necesitarían esos interrogatorios como parte del caso Lava Jato.

“Cuando el Ministerio Público Federal de Brasil investigaba el caso de Dirceu se topó con una serie de depósitos por 1 millón 701 mil reales que Elektra Milenio había realizado al despacho JD Asociados propiedad del ex ministro de Lula en sucursales de siete bancos de Nueva York y uno más en la Ciudad de México”, detalla el libro.

Aún más: en Brasil se abrió una investigación sobre un posible involucramiento de Banco Azteca con el caso Lava Jato. Las sospechas surgieron porque Elektra y Banco Azteca cerraron repentinamente operaciones a pesar de tener ganancias millonarias. El señalamiento más fuerte fue que estas empresas supuestamente usaban cuentas para lavar dinero.

El expediente de Odebrecht en México está archivado en la PGR. Desde luego, los señalamientos que existen en Brasil en torno a Salinas Pliego no pueden considerarse como un delito. Sin embargo, en algún momento el Gobierno de López Obrador deberá enfrentar esto, justamente, en la figura de uno de sus asesores.