Entre los años 2003 y 2011, los jefes de almacenes en los hospitales de Lomas Verdes y Magdalena de las Salinas rompieron las prótesis médicas destinadas a los pacientes para que Orthofix –una poderosa trasnacional de la ortopedia– llenara de nuevo los anaqueles. Los aparatos destruidos eran de una marca distinta: la competencia debería ser borrada del mapa.

La ardua labor de los funcionarios era recompensada con solo dos mil pesos. Los directivos de la compañía que provocaron esos desabastos de prótesis firmaban entonces contratos de emergencia con la complicidad de otros servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las compras de urgencia eran menores a un millón de pesos para pasar desapercibidas ante cualquier esbozo de auditoria.

Cuando sabemos de actos de corrupción en México quizá ya nada nos sorprenda. La negra historia de sobornos, desvíos de recursos públicos a través de empresas fantasma, faltantes en las arcas públicas, licitaciones amañadas, funcionarios impunes y revelaciones periodísticas como los casos conocidos como La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto o La Estafa Maestra nos han hecho la piel dura.

Sin embargo, lo sucedido con las prótesis médicas provoca sobresaltos. Se clava como un aguijón en la indignación adormecida. La estampa de los jefes de almacenes en hospitales del IMSS destruyendo prótesis a cambio de 2 mil pesos está incluida en el reportaje El Doble Fraude en el IMSS , que publicaron ayer miércoles Laura Sánchez Ley y Dulce González –reporteras de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad– como parte de la cobertura sobre dispositivos médicos organizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

El pasaje de los jefes de almacén trabajando para Orthofix, sin importar que algún derechohabiente estuviera esperando una prótesis dentro de un quirófano, está incluida en un juicio que se desahoga en la corte de Plano, Texas. En 2012, autoridades de Estados Unidos acusaron a la trasnacional de cometer actos de corrupción en México para obtener contratos en hospitales del IMSS.

Ejecutivos de Orthofix confesaron todo lo que sabían. A los sobornos repartidos dentro del IMSS los llamaban “chocolates”. El dinero también se distribuía entre médicos y jefes de compras. La empresa ganó alrededor de 8.7 millones de dólares en contratos. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos multó a la compañía con 4.9 millones de dólares.

Invertir en sobornos ha sido un buen negocio en México. En este caso, Orthofix se pudo llevar ganancias de 3.8 millones de dólares ya libres de sobornos. Los “chocolates” se reparten de arriba hacia abajo y viceversa. La columna vertebral de la burocracia aceitada por las manos de una poderosa trasnacional. Y, para coronar el asombro, ellos mismos siguieron vendieron sus aparatos al IMSS a pesar de ser sorprendidos en actos de corrupción. Actualmente, en México no hay un solo funcionario castigado por esto.

El próximo sábado 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador se convertirá en Presidente de México. Una de sus promesas de campaña fue acabar con la corrupción. En los últimos meses ha repetido eso constantemente, sin parar. Para él descabezar la corrupción de arriba hacia abajo abrirá la compuerta para que fluya dinero hacia los programas sociales.

El caso Orthofix suministrado “chocolates” en el IMSS quizá sea una clara demostración sobre cómo operan algunas trasnacionales sus negocios. En sus corporativos, estudian cómo apoderarse de las columnas vertebrales burocráticas para armar negocios. Estudian, preparan estrategias con suficiente tiempo. Pueden ser tan burdos como romper prótesis o tan sofisticados como el gigante de la construcción brasileño, Odebrecht, para armar complejos esquemas de ingeniería financiera en paraísos fiscales.

El nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador tendrá que enfrentarse, tarde que temprano, a este tipo de monstruos. Si desde la Presidencia se predica con el ejemplo será un excelente inicio pero, lamentablemente, será insuficiente. Las transnacionales y también algunas compañías mexicanas dedicarán tiempo y dinero para encontrar las rutas de sus negocios ilegales. Lo importante será conocer las leyes, los reglamentos, los detalles de la naciente administración pública para contenerlos y, en su caso, sancionarlos de manera ejemplar.

Orthofix taladró con 2 mil pesos a los jefes de almacén. Ellos fueron sus cómplices. No únicamente atendieron con regalos, viajes y pagos de tarjetas de crédito a los médicos, también se encargaron de los escalones más bajos de la estructura oficial. Para ellos era tan importante tener a un subdirector en la bolsa, como garantizar que un cirujano eligiera sus aparatos y que los jefes de almacenes tuvieran los anaqueles llenos. De esas dimensiones será el reto.

Cuando López Obrador contempla la posibilidad de ir contra los ex presidentes, también podría mirar hacia el mundo de los negocios. De otra manera, únicamente castigaría al sobornado y no a quien soborna. El problema es el sistema que cruza fronteras.