Tenemos un problema con el uso de la fuerza, la pobreza y la justicia. No puede ser que cuando unos soldados realizan un operativo contra el robo de gasolina, la población de la zona los desarme, los golpee, los retenga y amenace con quemarlos vivos (como en Santa Ana Ahuehuepan hace dos semanas); pero cuando población de otra zona se moviliza para robar gasolina de una toma clandestina y los soldados no intervienen para evitar enfrentamientos, ocurra una tragedia y se les reclame que no hicieron más para evitarla (como en Tlahuelilpan la semana pasada). Los soldados no merecen ser linchados; los ladrones de gasolina no merecen morir. Ni una ni otra son formas aceptables de hacer justicia.

Quizás la “guerra” que vive México desde hace más de una década ha mermado nuestra capacidad de imaginar que el uso de la fuerza puede ser racional, legítimo y eficaz. A veces parece como si las únicas alternativas disponibles fueran la represión o el repliegue, el exceso o la omisión. Algunas voces han (más bien, hemos) puesto el énfasis en las violaciones a los derechos que cometen policías y fuerzas armadas. Otras voces han subrayado la debilidad de dichas corporaciones para cumplir con las labores de seguridad que les son encomendadas. En uno y otro bando hay argumentos atendibles. Con todo, la conversación podría ser más productiva si ambos bandos admitiéramos que no se trata de “ganarle” el debate al otro sino de reconocer sus razones sin renunciar a las propias. La tensión entre derechos y seguridad es ineludible, mas en última instancia no puede haber derechos sin seguridad ni seguridad sin derechos. Toda política sensata al respecto tiene que hacerse cargo de dicha tensión, no atrincherarse en uno de sus extremos.

Quizás también hace falta exhibir con más claridad la contradicción entre el discurso presidencial y la agenda legislativa del lopezobradorismo, sobre todo en lo relativo al vínculo entre pobreza y criminalidad. Por un lado, López Obrador ha explicado que busca desplegar una estrategia de combate al crimen que atienda sus causas sociales y habla de los huachicoleros como personas orilladas a delinquir por falta de oportunidades y abandono de la autoridad. Pero, por el otro lado, su bancada en el Congreso busca darle rango constitucional a la militarización de la seguridad pública y tipificar el robo de combustible como delito grave, de modo que pueda aplicársele la prisión preventiva de oficio y no tenga derecho a fianza. El resultado es absurdo: quieren ser sensibles con los pobres que caen en las garras del huachicoleo, pero al mismo tiempo hacer más duras las penas para castigarlos.

Finalmente, quizás es necesario insistir en la importancia de fortalecer las instituciones de justicia para darle viabilidad a cualquier estrategia de combate al crimen organizado —sea el narcotráfico, el secuestro, la extorsión o el robo de combustible—, porque la severidad de las sanciones es básicamente irrelevante cuando 9 de cada 10 crímenes quedan en la impunidad. Cuando no hay autonomía ni capacidades suficientes para investigar, procesar y sentenciar. Y más aún cuando el propio presidente declara que la política de su gobierno es no usar la fuerza contra quienes se ven “obligados” a cometer ilícitos. Eso, lejos de mandar un mensaje contundente de apego a la ley para disuadir a los huachicoleros, es una forma contraproducente de legitimarlos e, incluso, de alentarlos. No es hacer justicia, es perpetuar la impunidad.

Si hay alguna lección de la tragedia de Tlahuelilpan es que a veces el uso de la fuerza es necesario para proteger a las personas de sí mismas. Es que el hecho de que sean pobres no debería ser motivo para permitirles ponerse en peligro de esa manera, al contrario. Y es que no hay ninguna justicia ni en dejarlos delinquir ni en dejarlos morir así.