Invocando el principio de “no intervención”, México se ha negado a firmar la más reciente declaración del Grupo de Lima, una instancia multilateral creada en 2017 para dar seguimiento a la ruptura del orden democrático en Venezuela y buscar una solución pacífica y negociada a la misma. El gobierno mexicano, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, había desempeñado un papel protagónico tanto en la creación como en las actividades del Grupo. Ahora, tras el ascenso al poder de Andrés Manuel López Obrador, México ha optado por cambiar su posición respecto a la crisis venezolana. Es una decisión importante, que vale la pena analizar sin estridencia ni apasionamiento.

Admitamos, de entrada, que los principios de política exterior establecidos en la Constitución no resuelven la discrepancia. No es una diferencia de interpretaciones ni que uno de esos gobiernos se haya apegado más a dichos principios que el otro. Porque por un lado están “la autodeterminación de los pueblos” y la “no intervención”, mas por el otro también están “la cooperación internacional para el desarrollo” y “el respeto, la promoción y protección de los derechos humanos” (art. 89, fracción X, de la CPEUM). Con la Constitución se pueden justificar tanto la política que adoptó el gobierno de Peña Nieto como la que ahora asume el de López Obrador.

Reconozcamos, asimismo, que el Grupo de Lima no es una institución multilateral diversa o imparcial. Es, más bien, un espacio que integran una mayoría de países gobernados por partidos conservadores o de derechas (las excepciones son Canadá, Costa Rica y México) y cuyo último pronunciamiento, comparado con los anteriores, sube el tono y suena más amenazante que conciliador. Entre sus integrantes no hay ningún país de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) ni del llamado “Petrocaribe” (con la excepción de Guyana, que ha aprovechado la coyuntura para reactivar su diferendo fronterizo con Venezuela por el territorio del Esequibo).

Ahora bien, nada de eso significa que el Grupo de Lima sea un proyecto injerencista de Washington, como si los países que lo componen no tuvieran iniciativa ni intereses legítimos propios. Varios de ellos (Colombia, Perú, Chile, Argentina, Panamá y Brasil) están entre los principales destinos del éxodo venezolano. Tampoco significa que la democracia en Venezuela goce de cabal salud, como si las noticias sobre el carácter cada vez más dictatorial y represivo del régimen venezolano fueran falsas o exageradas. La situación que padecen los venezolanos ha sido descrita, con sobrada evidencia, como una emergencia humanitaria.

Seamos, entonces, precisos: la nueva posición mexicana no consistió en abandonar el Grupo de Lima, en apoyar al gobierno de Nicolás Maduro ni tampoco en minimizar la gravedad de las circunstancias que imperan en Venezuela. Consistió, como lo explicó el representante de México en la reunión ministerial del viernes pasado, en evitar tomar partido entre las partes en conflicto, en no escalar las presiones internacionales y en tratar de mantener abierta la comunicación. Un dato ilustrativo: el discurso del subsecretario mexicano Maximiliano Reyes mencionó la palabra “diálogo” 11 veces; la declaración del Grupo de Lima, ni una sola. La mexicana fue, en suma, una posición juiciosa, ecuánime, bien argumentada, pero incompleta.

Primero, porque en este momento en Venezuela no hay condiciones para ese diálogo por el que México sigue apostando. Quizás la cancillería mexicana está tratando de comprar tiempo o de ir acomodando sus fichas para cuando haya un escenario más propicio. Sin embargo, insistir en una opción impracticable no deja de ser susceptible de interpretarse como una manera de salvar cara mientras se escurre el bulto. Y más cuando esa insistencia no va acompañada de acciones o propuestas específicas que insinúen una alternativa más realista, que tracen un rumbo o delimiten un horizonte no solo deseable sino también viable.

Y segundo, porque esta era una oportunidad para que el gobierno mexicano diera un paso adicional, más allá de lo retórico, en congruencia con su “nuevo paradigma migratorio” y en genuina solidaridad con el pueblo venezolano. Por ejemplo, anunciando un programa de regularización y apoyo para los migrantes venezolanos que ya están en México. O un paquete especial de visas y facilidades para un determinado número de personas provenientes de Venezuela que quieran venir a probar suerte aquí. Algo asequible, concreto, una muestra no sólo de habilidad diplomática sino de generosidad nacional.

Quizás todavía no sea demasiado tarde. Si de veras queremos ayudar.