Andrés Manuel López Obrador habló por fin el viernes pasado de la existencia de un plan para atacar la delincuencia organizada, pero no se refirió al narcotráfico, una palabra a la que parece rehuir, sino al robo a combustible, mejor conocido como huachicol.

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De acuerdo con AMLO, este delito supone pérdidas para las arcas públicas de entre 50 mil y 70 mil millones de pesos; será considerado grave y los perpetradores detenidos no tendrán derecho a fianza. Pero ¿a poco el huachicoleo ya es más peligroso que el narco para merecer el honor de ser el primer problema de seguridad al que el presidente dedique un plan?

Para responder a esta pregunta, mexico.com buscó a cuatro expertos. Alejandro Hope, asesor en seguridad y socio en la empresa Grupo de Economistas y Asociados; Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia; Erubiel Tirado, especialista en seguridad pública de la Universidad Iberoamericana; y Martín Barrón, investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

“No, para nada, (el huachicol no es más peligroso que el narco)”, contesta rotundo Barrón, quien ha escrito varios artículos sobre el tema. “Es una estrategia a la que se le está dando mucho interés por la política que quiere emprender el nuevo presidente de mejorar la cuestión de los hidrocarburos, como las refinerías y bajar los precios del combustible, por lo que lo han puesto como un tema prioritario”.

Los huachicoleros venden el hidrocarburo a quien sea, y puede ser a otra delincuencia organizada, explica Barrón. “Para mí, los usos que se dan al huachicol son muy importantes. No solo es para vehículos. La gasolina es de vital importancia para la elaboración de drogas sintéticas, y no es solo un litro, sino cantidades importantes. Y no vas a ir a una gasolinera normal. El huachicol es un problema, pero el gran problema es el tráfico de drogas”, asegura.

Según los propios datos de Pemex, en 2007 se detectaron 324 tomas clandestinas. En 2012, cuando el ya expresidente Enrique Peña Nieto llegó al poder, eran 2 mil 621. El año pasado fueron en total 10 mil 363 y en los primeros nueve meses después del gasolinazo del 1 de enero de 2018, ya son 11 mil 240.

Siete estados concentran el 80% de estas tomas: Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Puebla, Tamaulipas y Veracruz

“Yo no lo pondría en términos de qué es más peligroso, ya que están relacionados. Al final, se trata de crimen organizado, de organizaciones que están vinculadas con el tráfico de drogas y tienen particularidades según la región donde se presente el fenómeno, ya que los ductos de Pemex están muy repartidos”, comenta Tirado, de la Ibero.

“Es crimen organizado, no son clanes familiares que se dediquen a esto por pobreza. A mí me parece inmaduro como lo presenta el presidente. Se trata de una sangría brutal al Estado y al Gobierno, vinculada a estructuras de corrupción a nivel federal y nivel local, no nos hagamos los tontos”, comenta.

Los expertos consultados concuerdan en que hace falta un conocimiento técnico mínimo para exprimir los ductos de Pemex. Hay que saber dónde están, su profundidad, cómo perforar, a qué hora bombean el combustible... es decir, hace falta información que, técnicamente, solo debería estar en manos de empleados o exempleados de Pemex.

En julio de 2015, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, Facundo Rosas, tuvo que dimitir después de que la Secretaría de la Defensa Nacional detuviera al director general de la Policía Estatal Preventiva de Puebla y a su jefe del Grupo de Operaciones Especiales a la cabeza de un convoy de 31 vehículos cargados con 100 mil litros de combustible robado.

Para Lisa Sánchez, la directora de MUCD, “el huachicol ha estado equiparado con delitos de delincuencia organizada desde el sexenio de Peña y se ha estado construyendo esta narrativa de que es la siguiente amenaza a la seguridad de la nación”.

“En realidad, es relativamente preocupante, ya que se habla de la participación de comunidades enteras en el robo de combustible. Pero lo más grave de esto es que la respuesta sigue siendo reactiva. Es seguir arrestando a la gente para investigar, en vez de investigar para detener a la gente”, reflexiona.

El analista de seguridad Alejandro Hope enlista los problemas que acarrea el huachicol. “Afecta directamente a una infraestructura crítica y a los ingresos del Estado, pone en peligro las poblaciones aledañas y genera una amplia base social, con poblaciones enteras que viven de esto”, y ejemplifica este apoyo mencionando que hasta hay una cumbia del huachicol de Puebla.

Para él, la estrategia de Obrador es reactiva. “A lo mejor simplemente están siguiendo la coyuntura. Ha habido una serie de homicidios vinculados al huachicol en Guanajuato y puede ser que solo sigan la última masacre”, finaliza.