La austeridad republicana que Andrés Manuel López Obrador quiere implementar durante su sexenio también busca llegar a un área estratégica para cualquier gobierno: la comunicación social y la publicidad.

Sin dar una cifra exacta en pesos de cuánto planea reducir el presupuesto, el presidente electo ha dicho en varias ocasiones que se reducirá alrededor del 50% el gasto en publicidad y comunicación, lo que reafirmó este martes al informar que toda la comunicación del gobierno federal se centralizará en una sola dependencia a cargo de Jesús Ramírez Cuevas. ¿Esto es suficiente?


“No va a haber una oficina de prensa en Gobernación ni en Relaciones Exteriores ni en Agricultura ni en Pemex, todo va a tener que ver con la coordinación de la Presidencia porque vamos a ahorrar, esta es la austeridad republicana”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México

¿Y el control del gasto?

El hecho de que Andrés Manuel López Obrador quiera reducir el gasto destinado para publicidad y comunicación en un 50% es una buena señal; sin embargo, no es suficiente, asegura Paulina Castaño, investigadora de Fundar y coordinadora del reporte “Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2013 a 2016”.

“La propuesta no servirá de nada si no está acompañada de criterios claros, de reglas objetivas y transparentes que digan cómo son los contratos de publicidad oficial”.

Paulina Castaño, investigadora de Fundar

Tan solo en 2017, el gobierno federal gastó 11 mil 240 millones de pesos — lo que equivale a un poco más del costo de la reconstrucción de vivienda tras los sismos de septiembre—, cuando el presupuesto original era de 4 mil 675 millones de pesos; es decir, hubo un sobreejercicio de más de 6 mil 500 millones de pesos en materia de publicidad oficial y que fueron usados de manera discrecional, de acuerdo con los reportes de gastos de Comunicación Social.

“Estos 6 mil millones salen de no sabemos dónde, no los conocemos (...) no tenemos las razones del porqué se asignaron 6 mil millones más", destaca Castaño.

Aunque sí existen regulaciones para el reparto de recursos de publicidad, estos han resultado insuficientes, asegura la investigadora. Por ejemplo, el decreto del Presupuesto de Egresos, en donde se establece que no se pueden elevar los recursos para ese rubro a menos de que sea verdaderamente necesario.

Además, la reciente Ley de Comunicación Social, mejor conocida como “ley chayote”, es regresiva en todos aspectos, destaca la especialista, pues atenta contra la libertad de expresión, por lo que organizaciones sociales, entre ellas Fundar, pedirán a la nueva legislatura que la abrogue.

“No hay un número, no hay un candado que diga qué no se puede o que diga qué está penado el sobreejercer dinero (para publicidad)”.

Entre 2013 y 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha erogado 50 mil millones 862 millones de pesos en publicidad oficial y comunicación social, según datos oficiales.

En su proyecto de nación, AMLO indica que la reducción del 50% se dará sobre el presupuesto asignado del año anterior, es decir, para 2019 habría un presupuesto de alrededor de 2 mil millones de pesos para publicidad.

¿Por qué es importante saber a dónde se van los recursos para publicidad?

Además de que son recursos públicos, la importancia de saber qué medios se ven más (o menos) beneficiados con la publicidad oficial es qué tanto se impulsa la diversidad y el pluralismo en la comunicación, además de que se garantice que el mensaje llegue a quienes tenga que llegar.

Por ello, es necesario medir las audiencias, los costos y el perfil del público al que va destinada la campaña, asegura Castaño.

Transparentando los recursos, asegura la investigadora, se puede detectar qué medios nunca se han visto beneficiados por la publicidad oficial y así generar más pluralidad.

“Necesitamos que se escuchen las voces de todos los medios y que estos lleguen a los sectores que requieren de esta publicidad”, asegura.

Con ella coincide Gerson Hernández Mecalco, especialista en comunicación política y académico de la UNAM, quien destaca que el hecho de que se recorte el presupuesto al rubro de publicidad no es una garantía de que los medios actúen con más independencia.

“No creo que eliminen la publicidad de todos los medios, incluso podríamos ver qué medios afines al proyecto de AMLO se podrían ver beneficiados”, asegura.

¿Y la centralización?

El hecho de que la comunicación sea única y exclusivamente a través de la Presidencia no es una buena señal e incluso podría ser contraproducente para López Obrador.

Para Paulina Castaño, el hecho de que la comunicación se centralice en una sola dependencia es un riesgo para el control de la información.

“Se necesita una instancia autónoma que no afecte la libertad de expresión, y el hecho de que esté en Presidencia puede causar muchísimas consecuencias negativas si no hay criterios claros”, asegura la investigadora.

De acuerdo con Gerson Hernández, la centralización de la comunicación es algo novedoso pero que puede resultar contraproducente para el presidente electo, cuya imagen podría verse directamente afectada ante cualquier error en la comunicación sobre su gobierno.

“Algo que no hemos visto en el país es que se centralizara la comunicación, es algo novedoso, pero el gran riesgo es que cometa errores y eso afecte su aprobación”, indicó el académico.

Andrés Manuel López Obrador anunció que será Jesús Ramírez Cuevas el encargado de llevar la parte de comunicación social de su gobierno.

En conferencia de prensa de prensa, Ramírez Cuevas aseguró que concentrar la comunicación en un solo aparato gubernamental obedece única y exclusivamente al ahorro que se pretende hacer en la materia y no en acotar la libertad de los medios.