Activistas y la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDEHQROO) exigen al Congreso de Quintana Roo desechar una iniciativa de reforma que plantea someter a un “método anticonceptivo definitivo” a las mujeres en condición “económica grave” que busquen practicarse un aborto por segunda ocasión.

Integrantes del colectivo Marea Verde Quintana Roo enviaron una carta el pasado 29 de abril al Congreso de Quintana Roo en el que solicitó que se “desestime” la iniciativa de la diputada Sonia López Cardiel, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, que propone reformas al Código Penal y a la Ley de Salud locales.

La legisladora independiente señala en su propuesta de reforma al Artículo 97 del Código Penal de Quintana Roo que un aborto no deberá ser sancionado cuando “la pareja se encuentre en condiciones económicas graves y justificadas”, pero agrega que en caso de que la mujer pida someterse a una segunda interrupción legal del embarazo deberá firmar una carta de consentimiento para ser sometida a “la aplicación de un método anticonceptivo definitivo”.

La reforma no especifica a que se refiera con un método anticonceptivo definitivo. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) únicamente reconoce a la oclusión tubaria bilateral (OTB) o ligadura de las trompas como este tipo de procedimientos.

Agrega además que en caso de que la mujer se niegue las instituciones de salud pública no estarán obligadas a realizarle el aborto y si se lo realiza de cualquier forma entonces deberá de ser sancionada con seis meses y hasta dos años de cárcel.

El documento señala que parte del objetivo de la iniciativa es "evitar que más niños se encuentren en situación de calle, pobreza extrema, falta de educación, sin poder disfrutar de condiciones dignas para vivir y en muchas ocasiones sin tener identidad ni dignidad”.

Marea Verde Quintana Roo acusó que la propuesta implica una violación de los derechos reproductivo de la mujer y recordó que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se ha manifestado en contra de la esterilización forzada de mujeres y niñas, y el acceso limitado a los servicios de salud reproductiva, en particular para las mujeres y las niñas con discapacidad mental y de otra índole.

La propuesta para modificar la Ley de Salud del Estado delimita a que un médico gineco-obstetra sea el único que puede realizar el procedimiento y, en caso de que una víctima de violación busque abortar, deberá comprobar el delito mediante la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público y el dictamen del médico legista.

Sumado a ello, también propone que si un médico se rehusa a realizar el procedimiento por “objeción de conciencia”, no estará obligado a realizarlo.

Al respecto, el organismo defensor de los derechos estatal señaló en un comunicado que la propuesta atenta contra el derecho a las mujeres a decidir sobre su plan de vida, limitando sus derechos sexuales y reproductivos, particularmente a elegir cuántos hijos tener y los métodos anticonceptivos que prefieran usar.

Agregó además que es discriminatorio condicionar el servició a personas en pobreza al sometimiento a un método anticonceptivo definitivo es considerado por organismos internacionales como una practica de esterilización forzada.

Posted by Marea Verde Quintana Roo on Thursday, May 2, 2019