El fraude al erario documentado en el reportaje La Estafa Maestra es “ínfimo”, si se toma en cuenta que solo se auditó el 6% del total de convenios firmados con esquemas de triangulación de recursos, por lo que el daño al erario podría ser mayor a los 7 mil 667 millones de pesos reportados, señaló la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien este jueves dio un informe del avance en las investigaciones.

El sitio Animal Político documentó en 2017 un mecanismo de triangulación de recursos entre dependencias federales y universidades públicas, a quienes se pagaron contratos millonarios por obras que nunca se concluyeron o que se pagaron a empresas fantasma. En este esquema, las universidades públicas del interior del país formaron parte y se documentó con base en los informes finales de la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública de 2013 y 2014.

La Auditoría Superior de la Federación revisó 73 convenios con ocho instituciones públicas de educación superior, que hubo un desvío por 7 mil 667 millones de pesos.

Gráfico: Animal Político
Gráfico: Animal Político

"Se presume que el daño al patrimonio público y el cargo al erario puede ser muchísimo más importante dado que la revisión se concentró simplemente en el 6.4 (por ciento) del monto posible a ser fiscalizado en los convenios entre Pemex y las instituciones de educación pública”, informó Sandoval.

Tres de los funcionarios que firmaron convenios por parte de Pemex continúan trabajando en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha hecho del combate a la corrupción un lema de campaña. El presidente de la República informó esta semana que dejarían sus cargos y solicitó a la Secretaría de la Función Pública investigar al respecto.

Este jueves, la secretaria informó que las irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación y el reportaje de La Estafa Maestra solo comprenden el 6% de los convenios que había realizado Pemex

"Estos seis contratos en donde intervienen estas tres personas son solamente una ínfima parte de los 329 convenios de Pemex Exploración Producción que incluyeron 26 mil millones de pesos, dijo, por lo que anunció cinco acciones:

1. Inició tres investigaciones en materia de evolución patrimonial para detectar y documentar probables inconsistencias en el patrimonio de los tres funcionarios y que podrían indicar si ha habido enriquecimiento ilícito para proceder al respecto.

2. La SFP investiga posibles omisiones por parte de funcionarios de la Unidad de Responsabilidades de Pemex Exploración y Producción quienes condujeron las indagaciones para detectar y sancionar negligencias y conductas irregulares y archivaron cuatro casos en 2014, 2015 y 2016 supuestamente for falta de elementos.

3. La SFP va a auditar al Órgano Interno de Control o la Unidad de Responsabilidades Administrativas de Pemex Exploración y Producción para detectar posibles omisiones.

4. Investigarán si hubo más funcionarios involucrados con el mecanismo documentado en La Estafa Maestra con una revisión de los convenios firmados por Pemex posterior a 2013, señalados por la Auditoría Superior de la Federación.

5. Se presentarán las denuncias correspondientes, en caso de encontrar hechos que pueden constituir un delito. En caso de que hayan prescrito, no ocurre igual en la esfera penal. La SFP ofrece colaborar en todo lo necesario con la Fiscalía General de la República.

¿Quiénes son los funcionarios de Pemex involucrados?

La secretaría de la Función Pública confirmó que los tres servidores públicos que fueron señalados en la investigación conocida como La estafa maestra, “participaron como firmantes responsables no solo de seis, sino de 25 convenios de Pemex con instituciones públicas de educación superior durante el periodo de 2012 y 2018”, informó su titular, Irma Eréndira Sandoval:

Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien entre 2013 y 2014 era administrador del activo de producción Cantarell y es elactual director de Pemex Producción y Exploración

Héctor Salvador Salgado Castro, que en 2013 y 2014, fue gerente del Proyecto de Desarrollo Ayatsil-Tekel y es actual subdirector y coordinador operativo y comercial de Pemex Producción y Exploración

Luis Galván Arcos, quien entre 2013 y 2014 era gerente de suministros y servicios administrativos de regiones marinas y ahora es gerente de operación y control financiero de procesos industriales y logística.

Lozada Aguilar firmó un convenio con la Universidad Popular de la Chontalpa por 145 millones de pesos para que realizara servicios de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para la Subdirección de Producción Región Marina Noreste.

Pero la universidad Popular de Chontal no tenía las capacidades técnicas ni humanas, por lo que contrató a un tercero, quien tampoco resultó apto por los trabajo y acabó contratando a otra empresa.

Salgado Castro firmó otro convenio con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco para realizar servicios técnicos especializados para los proyectos de desarrollo de campos de exploración y producción. La institución declaró tener la capacidad técnica, pero subcontrató a otra empresa, cuyos servicios suman el 93% del contrato de 99 millones de pesos.

Además, los cuatro cheques que se pagaron a las empresas que se subcontrataron, fueron cobrador por la misma personas, mientras que en el domicilio reportado no fue posible de localizar.

Con estas prácticas de subcontratación se violaron la Ley de Adquisiciones, al Ley de Petróleos Mexicanos y hasta el artículo 134 de la Constitución Política.

¿Y los rectores de La Estafa Maestra?

En este esquema de subcontratación de recursos también están involucradas los rectores y autoridades educativas que firmaron los convenios.

Al respecto, Sandoval dijo que requiere de transformar el esquema normativo para que las instituciones de educación superior y, sobre todo, sus directivos, desde los rectores y los directores generales de estas instituciones, tengan mayores responsabilidades y estén sujetos a mayor control.