Entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hay una manzana de la discordia: los sueldos. El tema ya ha ocupado la agenda del Ejecutivo, los senadores de oposición y el Alto Tribunal.

El presidente de la República retomó el tema este lunes en su conferencia de prensa, donde aseguró que los funcionarios del Poder Judicial de la Federación —entre ellos los ministros— son los que más ganan, pues perciben salarios de hasta 600 mil pesos (30 mil dólares al mes).

“Son salarios exagerados, son ofensivos los salarios de los altos funcionarios públicos en el país y, de manera particular, en el Poder Judicial, llegan a reunir hasta 600 mil pesos mensuales (...) Y no sucede esto en otros países. Son los funcionarios públicos mejor pagados en el mundo”, aseguró López Obrador.

Tras las declaraciones del mandatario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguró que ningún miembro del Poder Judicial de la Federación gana “ni remotamente” 600 mil pesos mensuales.


Pero... ¿sí hay quienes ganan 600 mil pesos en el Poder Judicial? La respuesta es: casi.

Los funcionarios mejor pagados son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, aunque en total son 11, cuatro de ellos ganan más que el resto, pues se convirtieron en ministros antes de la reforma de 2009 en donde se establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República, y la ley no es retroactiva.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2018, los ministros Luis María Aguilar Morales, , José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz —quienes entraron antes del 2009— tienen una percepción anual bruta de 6 millones 938 mil 234 pesos anuales (346 mil dólares) que se compone por: 4 millones 473 mil pesos de salario anual, 1 millón 341 mil de prestaciones y 853 mil pesos de pago por riesgo.

Es decir, al mes, estos cuatro ministros perciben 578 mil 186 pesos brutos; sin embargo, por el ISR que se les retiene, su remuneración mensual neta es de 388 mil 290 pesos. En tanto, el resto de los ministros, ganan 247 mil 78 pesos netos al mes.

En julio pasado, luego de que AMLO aseguró que se recortarían todos los salarios, incluyendo el de los ministros, Luis María Aguilar, ministro presidente, dijo que para que el Poder Judicial haga bien su trabajo se necesitan condiciones, entre ellas, una paga digna.

"Las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de éstos, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable, ineludible de un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos y construir con ello una sociedad más justa”, aseguró.

Y la lucha por la división de poderes también dio inicio...

La Cámara de Diputados desempolvó un dictamen de reforma a la Ley de Remuneraciones, con lo que entró en vigor una de las promesas de AMLO en su Cuarta Transformación, reducir los sueldos de los altos funcionarios en el país, pero está en debate si esto vulnera la división de poderes y la autonomía de los órganos constitucionalmente autónomos.

La Corte contraataca

El pasado 7 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la acción de inconstitucionalidad de una minoría de oposición en el Senado —PAN, PRD, PRI, PVEM y algunos del PT— que impugnó la Ley de Remuneraciones de los servidores públicos, en donde se ponía un tope de 108 mil pesos mensuales en los sueldos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos también presentó una acción de inconstitucionalidad, por lo que la Corte ordenó la suspensión para efectos de la Ley de Remuneraciones. Esto quiere decir que mientras la analiza, no podrá entrar en vigor y esto frena los planes de recortar las nóminas en el Presupuesto 2019 que se presenta esta semana ante la Cámara de Diputados.

“Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de los demás para el ejercicio 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia”, se lee en la resolución que analiza el ministro Alberto Pérez Dayán.

Sobre la decisión de la SCJN, el presidente aseguró que acatarán lo que se decida. (Porque no le queda de otra)

“Integrantes del Poder Judicial se inconforman y acuden a recursos legales, a amparos, están en su derecho y nosotros vamos a respetar las decisiones que tomen jueces, magistrados y ministros porque queremos que haya un Estado de Derecho”, indicó este lunes.

El presidente del Senado, Martí Batres, dijo que este lunes ante medios que la suspensión sí permite disminución de los salarios en los Poderes Legislativo y Ejecutivo, pero no en el Judicial.

“La Cámara de Diputados, porque es la que elabora el presupuesto, sí puede disminuir los salarios de legisladores y servidores públicos del Poder Ejecutivo. (...) En relación con el tema de la disminución de los salarios del Poder Judicial, que está suspendida, creo que hay que analizar diversas rutas. Una de ellas es una impugnación a la decisión tomada por el Ministro Pérez Dayán, de determinar la suspensión de esta Ley”, dijo Batres.

El senador señaló que no se puede suspender una ley cuestionada por una acción de inconstitucionalidad, según la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución.

“La Corte, lo que tiene que decir es si es inconstitucional o no es inconstitucional”, agregó. “O sea, el ministro Pérez Dayán está yendo más allá de lo que establece la Constitución. Claro, es una resolución del ministro de la Corte y, por lo tanto, de la Corte. Pero incluso, en los términos que establezca la propia ley y sobre la ruta de carácter propiamente judicial; también se puede cuestionar esa decisión. Y podría revisarse”

También el líder de los senadores del partido oficial —Morena— Ricardo Monreal, aseguró que impugnarán la resolución de la Corte.

Mientras tanto, el reloj avanza y el Poder Judicial tiene el control por el mango, pues es el único que puede determinar si las intenciones de AMLO de recortar los sueldos a todos los funcionarios públicos viola o no la división de poderes, entre otros aspectos.

A esto se le llama división de poderes, pesos y contrapesos, o hasta dónde puede llegar un conflicto por los sueldos.