Ante un panorama de violencia récord en México, las propuestas de seguridad y pacificación del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, generan expectativas... y cuestionamientos.

La creación de la Secretaría de Seguridad Pública es un primer paso positivo, coinciden expertos, ya que le dará más peso y control al responsable de la seguridad en el país, pero el diablo está en los detalles de mover el Cisen -Centro de Investigación y Seguridad Nacional- de la Secretaría de Gobernación a la futura SSP.

Alejandro Hope, analista en temas de seguridad, advierte que esa propuesta es “es no entender nada entre la inteligencia policial e inteligencia civil”.

El Cisen es un agencia de inteligencia del Estado cuyos métodos para obtener información no se ajustan a los que debe seguir un cuerpo de seguridad para obtener evidencia válida en un juicio, afirma en entrevista.

“Quieren meter al Cisen a combatir delitos. Esa no es la función”, señala Hope. “Se va a correr el riesgo de tener otra Dirección Federal de Seguridad (DFS)”.

En diversos textos, Hope ha detallado que la extinta DFS se involucró en investigar y combatir el narcotráfico en los años 70, pero acabó siendo infiltrada por estos grupos criminales hasta obligar su desaparición en 1985, tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena.

En este punto coincide David Ramírez Garay, director del programa de Seguridad de México Evalúa.

La inteligencia en materia de seguridad pública y las labores de inteligencia de seguridad nacional son distintas.

Cuando estamos hablando de agencias de inteligencia nacional, la información que pueden sacar va a tener como fin la seguridad del Estado y resguardar sus intereses, como son las instalaciones prioritarias, y llevar acciones preventivas ante una amenaza exterior.

“Pero el punto más importante con la seguridad pública es que a pesar de que está muy regulada la inteligencia para seguridad nacional, la forma en que se genera y se procesa no está vinculada con los requisitos que se deben de seguir para un proceso judicial”, dice Ramírez.

Una escucha, una intervención de llamada o una videograbación no se pueden tomar como evidencia en un juicio; la inteligencia en seguridad pública tiene que estar sujeta a los proceso judiciales.

“La inteligencia para la seguridad pública tiene que ajustarse a los procesos y protocolos para no violar el debido proceso”, indica Ramírez.

“Sería un diseño muy poco funcional para lo que uno espera en un esquema democrático. Son simplemente naturalezas distintas y mezclarlas sería un paso equivocado”, advierte el especialista de México Evalúa.

La pacificación

Para alcanzar la pacificación de México, que en 2017 vivió su año con mayor número de homicidios, el primer paso de la próxima administración deberá ser derogar la Ley de Seguridad Interior, estima Ramírez, un llamado que también ha sido unánime en los foros de paz que iniciaron la semana pasada en Ciudad Juárez.

“Si realmente se quiere iniciar un proceso que tome distancia de la estrategia punitiva, sería derogar la Ley de Seguridad Interior porque es la punta de lanza de lo que sería la militarización de la seguridad pública”, señala el especialista.

La supersecretaría de Seguridad Pública

La nueva SSP concentraría, además de la Agencia Nacional de Inteligencia -nuevo nombre del Cisen-, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que hoy es parte de la Secretaría de Hacienda.

Para Hope, esto implica el riesgo de anularla. “Porque las dependencias de Hacienda, de las cuales depende la UIF, son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Sistema de Atención Tributaria”.

Otra área que concentrará es la de Protección Civil, que actualmente depende de la Secretaría de Gobernación, lo que implica ponerla a competir con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, agrega.

“Esto va a ser (Genaro) García Luna con esteroides”, dice el analista, en alusión al poderoso (y cuestionado) Secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón.

Métodos de control

Rodríguez advierte que es necesario tener un control democrático de las agencias de investigación.

“Me refiero a que debe de existir un diseño bien pensado, de tal forma que existan los suficientes contrapesos para que las agencias tengan bien delimitado el tipo de acciones que pueden llevar a cabo y que estén sujetas a control”, dice.

Hasta ahora, acota, es poca la información sobre las funciones y la organización que tendrá la SSP.

Hope respalda la idea de crear una SSP, “pero no con los piezas que le están poniendo”.

Sugiere que se requiere de una reingeniería del sistema nacional de seguridad pública, en el sentido de buscar la forma en que todas las instancias compartan información, homologar los perfiles de policía en todo el territorio y garantizar que todas las procuradurías tengan los mismos estándares mínimos

Además, desde la sociedad civil se propone, ha publicado Hope, la creación de un auditor policial externo y modelos de control civil sobre las policías.