Ranferi Hernández Acevedo, un líder izquierdista, exdirigente estatal del PRD e integrante del movimiento ProAMLO fue asesinado y calcinado en el sureño estado de Guerrero el 14 de octubre de 2017 junto a su esposa Lucía Hernández, su suegra Juana Dircio Barrios y su ahijado Antonio Pineda Patricio.

Han pasado cerca de ocho meses de la ejecución de Ranferi, de 64 años de edad, quien tuvo que exiliarse en Francia en 1996, tras señalar al entonces gobernador Rubén Figueroa de haber sido el autor intelectual de la masacre de 17 campesinos en la comunidad de Aguas Blancas en 1995.

Sus amigos y familiares siguen pidiendo que se haga justicia. Hasta el momento la Fiscalía local no ha informado sobre el móvil del asesinato y tampoco de ninguna detención por el multihomicidio ocurrido en la región Centro de Guerrero —colindante con la zona de La Montaña—, un sitio especialmente conflictivo donde células del crimen disputan el negocio de la siembra y trasiego de amapola, que es la materia prima de la heroína.

El gobernador guerrerense, Héctor Astudillo Flores, ofreció una recompensa de 1.5 millones de pesos a quien brindara información que llevara a la captura de los asesinos de Ranferi Hernández y del exalcalde de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri, ultimado a tiros también en octubre pasado.

La familia de Ranferi Hernández no ha recibido noticias sobre la investigación. “Guerrero es uno de los estados en los que jamás ha habido justicia. Solo impunidad. Y represión. Ciertamente el gobernador lanzó esa estrategia (la recompensa) para dejar ver su buena voluntad, pero no hay nada. Si hubiera algo, ya nos habrían notificado”, dijo un familiar de Ranferi, quien pidió no ser citado por su nombre .

La familia de la precandidata a diputada local del PRD, Antonia Jaimes Moctezuma, tampoco ha recibido información sobre las diligencias del caso. Durante una misa que se realizó 40 días después del crimen perpetrado en febrero de este año, los familiares denunciaron que la fiscalía ni siquiera se había comunicado con ellos, publicó El Sur.

La renuncia del fiscal por "motivos personales"

La violencia en Guerrero ha cobrado la vida de 19 políticos en lo que va del actual proceso electoral —iniciado el 8 de septiembre—, pero hasta el momento la Fiscalía estatal no ha hecho pública ninguna detención relacionada con esos casos, de acuerdo con un recuento realizado por mexico.com, con información hemerográfica, revisión de sus boletines oficiales, entrevistas con familiares y datos de la consultoría en seguridad política Etellekt.

A nivel nacional han sido asesinados 104 políticos. Guerrero es la entidad con más casos, seguido de Oaxaca, con 17, y Puebla con 12. A pesar que la cifra es alarmante, la Fiscalía de uno de los estados más violentos del país no ha informado el móvil de los hechos, ni cuántos agentes investigan esos homicidios.

El exfiscal Xavier Olea renunció a su cargo el pasado 25 de abril, en medio de fuertes críticas por el clima de impunidad que se vive en el estado, y dejando sin resolver 14 asesinatos de políticos, según un recuento realizado por el diario local El Sur. Olea indicó que su renuncia se debía a "motivos personales", pero el gobernador Astudillo reconoció ese mismo día que era un "cargo complejo por el nivel de violencia" que se vivía.

Jorge Zuriel de los Santos Barrila entró en su relevo el pasado 15 de mayo, pero tampoco ha hecho públicos los avances de las diligencias.

El mayor número de asesinatos de políticos en Guerrero se dio en la región Centro (7), seguido de la Costa Grande (6), La Montaña (2), Tierra Caliente (2) y Costa Chica (2). En esas zonas operan diversas células del narcotráfico, a pesar que el estado se encuentra protegido con presencia militar y de la Marina.

En la región Centro actualmente se libra una cruenta guerra entre Los Ardillos y Los Rojos —que se escindieron del cártel de los Beltrán Leyva— por las rutas hacia Estados Unidos para el trasiego de opioides, según declaraciones a medios de comunicación del exfiscal Xavier Olea y el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia.

Pero no son los únicos grupos: el Cártel de Sinaloa tenía presencia en Guerrero con su célula La Barredora, pero en 2015 fue eliminada. Ahora solo quedan al menos seis células pertenecientes a los Beltrán Leyva, La Familia Michoacana y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, según datos de la Procuraduría General de la República obtenidos vía Ley de Transparencia

La pelea por Guerrero

En opinión del doctor Guillermo Garduño Valero, analista en seguridad nacional y catedrático de Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), estos asesinatos se han dado en un contexto donde células criminales disputan el territorio en Guerrero, que según datos oficiales es uno de los principales estados de siembra de amapola y es rico en yacimientos de oro.

Para Garduño, el crimen organizado es un factor de decisión electoral en estructuras de poder local, porque “no se puede gobernar sin negociar (con esos grupos). Si desde el primer día no cooperas, tienes una actuación de guerra”.

Por eso, el analista asegura que en muchos casos existe complicidad entre gobiernos locales y las bandas criminales. De otra forma él no se explica cómo siguen operando las mismas células —Los Rojos y Guerrero Unidos— en el municipio de Iguala, lugar donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

“Cuando hay alguien que de alguna manera compite, no por liderazgo, sino por la dirección de una comunidad, pues es eliminado”, dice Garduño Valero.

Guerrero sigue siendo uno de los estados más violentos en México. De enero a marzo se cometieron al menos 770 asesinatos. En ese contexto de violencia, al menos 20 candidatos aspirantes a un cargo local han decidido no hacer campaña política, según informó Animal Político.

***La Fiscalía de Guerrero rechazó responder a las peticiones de entrevista respecto a este tema.