La falsificación de firmas de cinco funcionarios de la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu) permitieron el desvío de 600 millones de pesos en 2016, revelado en la investigación periodística la Estafa Maestra.

Para un convenio con la Universidad Politécnica de Chiapas por 206 millones de pesos se falsificó la firma del titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de Sedatu, José Antonio Orozco, reveló Reforma.

Además, la del director General de Ordenamiento Territorial, Armando Saldaña, quien supuestamente firmó el convenio con la Universidad Politécnica de Hidalgo ‘Francisco I. Madero’ por 187 millones de pesos. También usaron el nombre del subsecretario de la misma área, Enrique González, para el desvío de 185.8 millones.

Saldaña y González fueron consignados judicialmente por los desvíos ante la PGR. Sin embargo, en 2017, González denunció la falsificación de su firma ante el órgano interno de Sedatu y posteriormente en la procuraduría, quien lo acusó de falsedad de declaraciones y fue vinculado procesado, según el diario.

Armando Saldaña también fue imputado por la entonces PGR, a pesar de que negó reconocer las firmas que se le adjudicaron.

El lugar para realizar las falsificaciones fue localizado por el diario y el presunto responsable del domicilio es Emilio Zebadúa, quien es señalado como el actor intelectual de los desvíos.

Otros dos funcionarios con firmas alteradas fueron Juan Manuel López Arroyo, coordinador de asesores del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, y Javier Arrambide, director de Operación de Programas de Delegaciones, de acuerdo con el diario.