La madrugada del 12 de julio de 2017, Juan Mena López y su hijo, Juan Mena Romero, perdieron la vida cuando su auto cayó en un socavón de cinco metros de profundidad que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca, un tramo carretero inaugurado apenas tres meses antes.

Las autoridades federales dijeron que el hoyo fue producto de diversos fallos de infraestructura, pero una nueva investigación de la organización México Evalúa apunta a que el problema se dio desde el proceso de licitación de la obra carretera.

La ampliación del Paso Exprés, cuya misión era conectar a la Ciudad de México con Acapulco, Guerrero, fue una obra que se licitó en 2014. Se trata del contrato más importante de la carretera —93% del gasto— y finalmente lo obtuvieron las empresas Construcciones Aldesem y Epccor.

Sin embargo, aquella licitación se otorgó sin que estuvieran listos los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, tampoco estaban terminados los planos, el catálogo de conceptos y la información para cotizar y ejecutar los trabajos, refiere el estudio de México Evalúa titulado Ojos a la obra, tres casos de contrataciones públicas.

“Contratar obras sin la necesaria planeación impide diseñar procedimientos de contratación con la información suficiente para contratar a los proveedores idóneos y pactar las mejores condiciones de contratación de precio, tiempo y calidad. La falta de planeación otorga discrecionalidad en la toma de decisiones sobre el precio y el contratista, impide exigir trabajos de calidad, por no haberse precisado en cantidad y calidad desde un inicio; y además permite que la obra se encarezca durante su construcción mediante ajustes injustificados al contrato, que son riesgos de corrupción que deben controlarse”, dice el documento.

El estudio detalla que para el contrato de ampliación del Paso Exprés se presentaron 23 empresas para la licitación, pero 21 compañías quedaron fuera, la mayoría porque su propuesta económica era más cara.

Las empresas Construcciones Aldesem y Epccor fueron las que presentaron la propuesta más barata. Pero ¿fue la mejor opción?

Diana Nava, coautora del estudio e investigadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, nos explica que como el plan ejecutivo de la obra estaba incompleto, con el paso del tiempo se hicieron modificaciones, lo que repercutió en más costos y tiempo.

El estudio detalla que el contrato de ampliación del Paso Exprés iba a costar poco más de mil millones de pesos, pero terminó costando mil 700 millones de pesos, es decir 71% más caro.

“Nuestra propuesta desde México Evalúa es que no deberían licitarse contratos cuya planeación no está conceptualizada en un grado y se ponga en riesgo de corrupción o de ajustes injustificados, porque si empiezas la obra sin planeación pues obviamente los contratistas, al ser muy opaco todo, pueden justificar cualquier ajuste, argumentando que ‘es que no me diste bien el proyecto ejecutivo’”, dice Nava.

La investigadora Diana Nava asegura que estas obras en la mayoría de los casos carecen de planes ejecutivos, porque muchas veces su planeación depende de decisiones políticas, como promesas de campaña o de intereses electorales.

“La infraestructura debería ser una decisión de Estado y no de gobierno, y la decisión de qué obra realizas ha quedado en manos del gobierno en turno. Es decir, el Estado no la ha asumido para generar desarrollo o un plan a largo plazo, sino que un presidente municipal o un gobernador puede llegar a un lugar y prometer una obra en el tiempo que él estime. (...) Y no tenemos ningún control técnico para esas decisiones, son decisiones políticas”, dice la investigadora de México Evalúa.

El estudio explica que la realización del Paso Exprés terminó convirtiéndose en una tragedia donde desafortunadamente dos personas perdieron la vida por la falta de funcionalidad y calidad de la obra.

“El proceso de construcción no aseguraba un mejor desenlace, estuvo plagado de irregularidades que evidenciaron que la calidad no fue una prioridad, ni en la preparación, ni en la ejecución del proyecto”, refiere el documento.

La investigación de año y medio concluye que las muertes de Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero pudieron evitarse de haber “contado con mejores controles y menos indiferencia de parte de los diversos involucrados”.

Al menos 11 funcionarios han sido inhabilitados por el socavón del Paso Exprés. La Secretaría de la Función Pública (SFP) detalló que “los sancionados no atendieron las advertencias de vecinos, de los integrantes de la Barra de Abogados ni de las autoridades locales sobre los peligros detectados en la obra”.